La Brigada de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Policía Nacional de Cartagena ha detenido a 21 personas de nacionalidad colombiana, española y marroquí, e imputado a otras cuatro por concertar presuntamente matrimonios de conveniencia en el Registro Civil de Cartagena, por los que los ciudadanos extranjeros llegaban a pagar hasta 6.000 euros.
La operación, denominada 'Arras' y que ha contado con la colaboración del Registro Civil, continúa abierta por lo que no se descartan nuevas detenciones en las próximas semanas, según fuentes policiales.
La investigación comenzó a raíz de las operaciones realizadas en el centro de la ciudad relativas al control y erradicación de la prostitución en la zona. Fruto de los dispositivos de control de la inmigración ilegal en la zona centro de Cartagena, se detectó un notable incremento del número de expedientes de matrimonio en los que los promotores eran ciudadanos comunitarios y nacionales de terceros países no comunitarios.
Con la celebración del enlace, nacionales de países no pertenecientes al Espacio Schengen y principalmente de nacionalidad marroquí, accedían automáticamente a la autorización de residencia en España como familiares de ciudadanos comunitarios, según prevé la legislación vigente. Dichas autorizaciones les permitían obtener tarjetas de residencia de validez permanente y renovable cada cinco años.
De esta forma, se eludía fraudulentamente la obtención de residencia en España; un trámite por el que los ciudadanos extranjeros llegaban a pagar cantidades comprendidas entre 3.000 y 6.000 euros a los comunitarios, a cambio de que éstos contrajesen matrimonio y realizasen otros trámites administrativos simulando la relación.
En líneas generales, los contrayentes eran ciudadanos extranjeros que tras varios años en España no habían podido regularizar su situación por los procedimientos previstos en la Ley de Extranjería con ciudadanos españoles o comunitarios que, con ánimo de lucro, aceptaban la suculenta oferta pese a no haber llegado a mantener ningún tipo de relación con el otro contrayente.
Tanto unos como otros, en la mayor parte de los casos, contaban con antecedentes policiales y judiciales por diversos ilícitos penales, como robos con violencia, hurtos, lesiones o prostitución.
Normalmente se trataba de ciudadanas marroquíes o sudamericanas que ejercían la prostitución en el casco antiguo, concretamente en las calle San Fernando y Plazas San Francisco y El Lago.
Los futuros matrimonios amañados iniciaban sus contactos a través de encuentros sexuales celebrados en pisos del centro de la ciudad. A raíz de los mismos bien los clientes, bien las propias prostitutas, dependiendo de quien se encontrase en situación irregular en el país, pactaban la cuantía del enlace a celebrar.
En los hechos también están imputados, como cooperadores necesarios en la consumación del delito, un considerable número de testigos que, aportados por alguno de los contrayentes, dejaban constancia, falsamente, ante el Registro Civil de la supuesta relación sentimental entre ellos.
Después de la celebración de los matrimonios fraudulentos, los ciudadanos extranjeros acudían a la Oficina de Extranjería a fin de conseguir inmediatamente la residencia comunitaria que les habilitaba tanto para residir como para trabajar en España.
El último de los detenidos fue puesto a disposición judicial el pasado sábado, acusado de delitos de falsedad documental y amenazas ya que cobró más de 6.000 euros a una prostituta de origen marroquí a cambio de la celebración del enlace, y posteriormente continuó requiriendo el pago de nuevas cantidades bajo amenazas contra su integridad física y de divorcio, con lo que ésta perdería la residencia en España.
Los hechos han sido puestos en conocimiento tanto del Registro Civil como de la Fiscalía a fin de que se proceda a la oportuna revocación de los matrimonios celebrados, así como de la Oficina de Extranjería para la extinción de las correspondientes tarjetas.
