La subida del IBI, el sello del coche, la recogida de basura, el agua y el billete de autobús que el equipo de Gobierno quiere aprobar en el pleno del próximo enero, junto al presupuesto de 2012 y que calcula que supondrá un gasto de 68 euros más al año de media por familia ha caído como un jarro de agua fría entre los vecinos, quienes ya advirtieron el pasado octubre que se echarían a la calle si el Ayuntamiento gravaba aún más el bolsillo de los cartageneros. Así, el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca, Leandro Sánchez, hizo un llamamiento ayer a los cartageneros para que se movilicen ante el incremento de los tributos, tasas y precios públicos.

«Se consuma lo que ya vaticinamos. De hecho, expusimos este tema en la última asamblea que celebramos el 17 de noviembre. El próximo lunes convocaré una junta extraordinaria de la Federación Vecinal para proponer varias medidas de protesta y después celebraremos una asamblea para movilizar a las distintas asociaciones», argumentó Sánchez.

En opinión del líder vecinal, las subidas más injustas son las de la tasa del agua, que sube un 3,2%, es decir 2,78 euros al bimestre, y la del servicio de recogida de basura, que se incrementa en 2,31 euros, un 20% respecto a 2011. «No tienen justificación alguna, porque los cartageneros ya pagamos el agua más cara de España. Nos cuesta más cara que a los municipios de la misma Confederación Hidrográfica», resaltó.

Asimismo, hizo hincapié en que la tan cacareada renegociación de los contratos con las empresas, sólo ha servido para que éstas sigan ganando dinero. «Lo que no se les paga por un lado, se les da por otro. Así también negocio yo con las contratas. Nos venden un ahorro de 4,5 millones, pero en realidad es una subida encubierta. En el caso de Lhicarsa, no sólo sube la tasa de recogida de basura, sino que encima se le amplía la concesión diez años más, hasta 2030. Esto significa que las empresas siguen obteniendo beneficios y al final los únicos que pagan los efectos de los recortes y la crisis son los bolsillos de los ciudadanos», subrayó Sánchez.

También destacó que la subida del agua se aplica a todo el mundo por igual, al margen de que gasten más o menos. «Después de haber llevado a cabo varias campañas de consumo responsable para ahorrar al máximo, incluso en colaboración con Aquagest, ahora se nos premia subiéndonos la tasa», dijo.

Entre las medidas de presión que el presidente de la Federación Vecinal piensa plantear ante la junta extraordinaria del lunes, destacó la posibilidad de que los ciudadanos desdomicilien los recibos del agua, con el fin de molestar a la empresa con grandes colas de gente que acuda a las oficinas a pagar sus facturas.

Del mismo modo, avanzó que la Federación presentará una queja ante el Defensor del Pueblo de la Región y también ante la oficina de este mismo organismo, a nivel nacional. Otra idea que baraja es pedir la intervención del Tribunal de Cuentas para que éste compruebe si realmente el dinero del recibo del agua se invierte realmente en pagar el servicio.

Sánchez recordó que fue la Federación la que propuso a la edil de Hacienda que renegociará los contrataros con las empresas, «pero a la baja y con auditorías económicas y de gestión». Y añadió: «Lo que no voy a aceptar en la vida es que en la época de vacas gordas se negocien unos contratos con estas empresas y que ahora no sólo suban las tasas, sino que encima se les amplie los contratos, como en el caso de Lhicarsa». Respecto al presupuesto de 2012 criticó el recorte del 20% para barrios y diputaciones.