¿Estuvo expuesto al amianto fuera de su trabajo en los astilleros de Cartagena? ó ¿cómo le afectó cuando fue consciente de que tenía cáncer?. Estas fueron algunas de las preguntas que Francisco Jiménez, ex trabajador de Bazán, tuvo que contestar ayer en Cartagena, en su segunda declaración por videoconferencia, ante toda una cohorte de abogados que desde Pensylvania (Estados Unidos) representaban a más de una veintena de empresas norteamericanas.
Jiménez es el primer afectado español que ha demandado por vía judicial a 22 empresas de EEUU por fabricar amianto.
Casi cuatro horas de declaración -en el entresuelo del hotel Alfonso XIII- y su delicado estado de salud impidieron que Jiménez compareciera ante los medios de comunicación como tenía previsto. "En Estados Unidos se incide mucho en la vida personal del afectado. Querían saber si había hecho reformas en su casa en aquellos años para descartar que la exposición al amianto se redujera únicamente a su trabajo", señaló Andrea Peiró, del bufete Oria, Peña, Pajares y Asociados, que representa al afectado en EE UU. Junto a la letrada, el oficial del juzgado norteamericano, y al otro lado del Atlántico alrededor de una quincena de abogados de las compañías americanas.
Peiró llamó la atención sobre el modo en que "incidían en detalles concretos de cara a las indemnizaciones, escarbando en cómo encajó la enfermedad desde el punto de vista de los sentimientos".
La letrada explicó que Jiménez tiene abiertas dos vías de reclamación: una judicial por la que puede obtener millones de dolares, según lo que decida un jurado popular; y otra a los fondos de compensación de las distintas empresas. "Ya obtuvo una indemnización de 35.000 dolares de una de las compañías implicadas", recorddó. El proceso judicial entra ahora en la fase de recopilación de documentación, donde ambas partes pedirán datos médicos y relativos al amianto y a cómo llegaba a España. "Puede prolongarse un año, depende de lo que tarden en contestar", dijo.
