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Que el Mar Menor es uno de los ecosistemas más únicos y valiosos, tanto de la Región como de España y de Europa, es indiscutible, de ahí que preocupe su estado. Miles de personas se manifestaban en esta comunidad cuando sucedió el triste episodio de la mortandad de los peces, que dejó imágenes de pescados agonizantes en la orilla que ni murcianos ni foráneos quieren que se repitan. En la lucha por salvar el Mar Menor, un grupo de trabajo de la Universidad de Murcia (UMU) ha tenido una idea.

En concreto, se trata del grupo de trabajo de Medio Ambiente de la Clínica Jurídica de la UMU, dirigido por la profesora de Filosofía del Derecho Teresa Vicente Giménez y en el que se encuentran los estudiantes Alfonso Manzano y Carmen Martínez. Lo que sugieren es dotar a la laguna de personalidad jurídica con derechos propios, como si fuese una persona o una empresa.

A este respecto, Teresa Vicente Giménez apuntaba en un artículo en este periódico que «analizados algunos precedentes legales de Derecho Comparado como contexto normativo fundamentador (Río Atrato y Amazonía en Colombia; Río Whanganui en Nueva Zelanda) se propone para el Mar Menor y toda su cuenca de influencia una solución similar a la adoptada por otros países: la Declaración de la Personalidad Jurídica de la Laguna». «Ello permitirá una gobernabilidad y protección autónomas, independiente de los intereses de los poderes públicos, que hasta ahora se han mostrado ineficaces para su conservación, restauración y defensa», decía.

A este respecto, explicaba que «hay que estudiar quién puede otorgar al Mar Menor personalidad jurídica», dado que «en España las competencias en materia de protección del medio ambiente están repartidas entre el Estado y las comunidades, a tenor de los artículos 148 y 149 de la Constitución española y, en nuestro caso, el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia».

«A nuestro juicio, dentro del marco jurídico de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la aprobación de una Ley es la vía más operativa en estos momentos. Esta idea debería ser impulsada por una conciencia ambiental del pueblo, que exija a sus representantes hacer valer el reconocimiento del Mar Menor como sujeto de derechos», sostiene la profesora.

El peligro del regadío intensivo

La población del entorno del Mar Menor considera que la agricultura es la actividad con mayor responsabilidad en el problema ecológico de la laguna salada, por la gran aportación de nitratos como consecuencia del regadío intensivo: unas 1.575 toneladas al año, según dice un informe que hizo público a finales del mes de marzo el Ministerio para la Transición Ecológica de España.

Así, los vecinos de las localidades próximas a este ecosistema creen que la actividad agrícola es la principal causa de la entrada de nutrientes en la laguna y piden dar prioridad a las medidas que permitan reducir estos aportes.

Un estudio llevado a cabo por la investigadora de la Universidad de Florida, Noelia Guaita García, en el marco de una tesis doctoral que está preparando en el departamento de Biología de la Universidad de Alcalá de Henares, ha analizado la percepción de la comunidad local en el área de Mar Menor sobre las causas, consecuencias y posibles soluciones a los problemas actuales, especialmente la crisis eutrófica en la laguna salada.

Tras la DANA de septiembre, los expertos dijeron que hasta el 80% de la fauna y flora de la laguna murciana había desaparecido. Para estar delante de una situación similar, hay que remontarse al verano de 2016, cuando se certificó que el 85% de la pradera marina de la laguna había desaparecido por la proliferación masiva de fitoplancton que consumió el oxígeno.

Contra la ‘sopa verde’

Fue lo que originó que sus aguas se tornaran verdes y extremadamente turbias, según señalaron desde el Instituto Español de Oceanografía (IEO). Esa era la primera vez que el término ‘sopa verde’ estuvo en boca de todos para referirse al Mar Menor.

A finales de febrero de este año, la profesora de Ciencias del Mar y Biología Aplicada en la Universidad de Alicante Francisca Giménez Casalduero exlicaba que tanto las algas microscópicas como las filamentosas que se adhieren al suelo, rocas, objetos en contacto con el agua o especies de fauna y flora puede «provocar una mortandad de las comunidades bentónicas», es decir, de las especies que habitan en el fondo marino.

Hay un problema dentro del agua y otro fuera. Es el escenario: el urbanismo desmedido, del que se quejan desde hace años tanto ecologistas de la Región como colectivos sociales creados a raíz del desastre medioambiental que sufre el Mar Menor, sigue en el punto de mira. Sostienen sus críticos que la construcción sin freno, sobre todo en La Manga, ha hecho mucho daño.

Con la inminente llegada del verano, dentro de unas semanas de forma oficial, las playas del Mar Menor esperan recibir a sus bañistas, murcianos y foráneos, cuando la ley lo permita.

La Asamblea dará luz verde a la ley del Mar Menor el 22 de julio. El PP consiguió un acuerdo con los partidos Ciudadanos y Vox para la tramitación urgente de la norma, que nace con la vocación de «proteger» el lugar.

Zona protegida especialmente

De forma semicircular, el Mar Menor está separado del Mediterráneo por una franja de arena de 22 kilómetros de longitud y de entre 100 y 1.200 metros de ancho: La Manga del Mar Menor. Ha sido y espera seguir siendo uno de los paraísos vacacionales, tanto para los murcianos como para los foráneos.

Sus playas poco profundas se caracterizaban por un agua transparente, la cual los vecinos ansían volver a ver pronto.

La laguna y sus humedales periféricos han sido designados por las Naciones Unidas como Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo. Urge un cambio de modelo agrario y urbanístico más sostenible, así como la protección efectiva por parte de las autoridades.