Aumento de la temperaturas que provocan noches tropicales en pleno noviembre en muchas zonas de España, árboles y plantas que florecen a destiempo, lluvias monzónicas en el Mediterráneo, subida del nivel del mar, veranos cálidos en Centroeuropa, incendios forestales en Siberia€ son algunas consecuencias directas de la crisis climática que ya vivimos. Así llega el mundo a una nueva cumbre para poner freno in extremis al calentamiento global.

La lucha contra la crisis climática empieza a tener historia y, aunque los logros alcanzados son claramente insuficientes, todos ellos tuvieron un punto de partida: la cumbre internacional celebrada en 1997 en la ciudad japonesa de Kioto. Fue un acuerdo internacional para reducir las emisiones de los seis gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos o hexafluoruro de azufre. En el protocolo se acordó una reducción de al menos un 5%, de las emisiones de estos gases entre 2008 y 2012 en comparación con las emisiones de 1990.

El protocolo se firmó el 11 de diciembre de 1997 pero no entró en vigor hasta el 16 de febrero de 2005. En noviembre de 2009 eran 187 los estados que lo habían ratificado. Estados Unidos, que era cuando se firmó el protocolo el mayor emisor de gases de invernadero (desde 2005 lo es China), nunca lo ratificó. Tras Kioto vinieron las cumbres de Copenhage (2009) y de París (2015).

En el ámbito de la UE han proliferado desde entonces las actuaciones para hacer frente al reto del cambio climático. El Parlamento Europeo y el Consejo Europeo han aprobado numerosas directivas y reglamentos relacionados con la lucha contra al cambio climático. España, como parte de la UE, y como país firmante de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y su Protocolo de Kioto, tiene la obligación de aplicar las diferentes normas que se acuerdan tanto a nivel internacional como a nivel europeo.

Tras unos primeros compromisos bastante tímidos por parte de la UE, en 2018 se revisaron al alza los objetivos de energías renovables y eficiencia energética, de forma que los objetivos europeos en materia de clima y energía son ahora la reducción para 2024 de un 40% en las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con 1990, la utilización al menos de un 32% de energías renovables en el consumo de energía y aumentar un 30% la mejora de la eficiencia energética.

Son objetivos clave para luchar contra la crisis climática que, sin embargo, contrastan con los incumplimientos de muchos gobiernos, algo que lastra la eficiencia de las cumbres climáticas, según denuncia la comunidad científica, apoyada en los propios datos del Instituto Nacional de Estadística.

España, gran contaminante

La calidad del aire sigue ocupando el primer puesto en cuanto a preocupaciones medioambientales. De hecho, España es uno de los mayores contaminantes de Europa. La Agencia Europea de Medio Ambiente señala en un informe que las emisiones españolas subieron casi un 18% entre 1997 y 2017, mientras que en el conjunto de Europa bajaban un 23,5%. Los últimos datos son más esperanzadores. En 2018 las emisiones de CO2 en España bajaron un 2,2% respecto al año anterior, según el Ministerio de Transición Ecológica, debido al despliegue de las renovables y la energía hidráulica.

La industria y los hogares siguen siendo dos de los grandes responsables de este persistente impacto. En concreto, estos últimos emiten cerca del 21% de los gases contaminantes que llegan a la atmósfera, "por lo que juegan un papel importante en la mitigación del cambio climático", explica Fernando Valladares, doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid y consejero de la Fundación Gadea.

"Pequeñas acciones como revisar el aislamiento térmico de la vivienda o comprobar el mantenimiento técnico de los electrodomésticos y componentes electrónicos pueden significar mucho. La inversión en producción eléctrica está volviendo a ser rentable y puede recuperarse en tan solo cinco años y, además, contribuye a reducir el impacto de otro sector implicado en la emisión de gases contaminantes: la industria energética" añade.

Para Jaume Flexas, doctor en Biología por la Universidad de las Islas Baleares y consejero de la Fundación Gadea, "estas medidas son insuficientes si después se incumplen las alianzas pactadas. Los acuerdos tomados en estas cumbres podrían ser eficaces, pero el incumplimiento casi sistemático los convierte en papel mojado".

El experto cita el acuerdo de Kioto: "Las medidas dictadas por este protocolo, pese a ser jurídicamente vinculante, han sido absolutamente ignoradas por los firmantes. España se sitúa entre los países menos cumplidores", explica Flexas.