¿Qué cambios ha hecho Murcia en la ley de ayudas a sindicatos y por qué el Gobierno lo lleva al Constitucional? Las claves del choque institucional

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, anunciaba el pasado miércoles 22 de octubre que el Gobierno de España va a llevar ante el Tribunal Constitucional a la Región de Murcia por la reforma aprobada en su Asamblea Regional que elimina las ayudas a los sindicatos y a la patronal por participar en los órganos consultivos de la comunidad.

Hacía este anuncio durante la inauguración de las jornadas confederales de acción sindical organizadas por la UGT (bajo el lema “40 años de la ley de libertad sindical: UGT a la vanguardia del cambio”) en las que valoraba la medida murciana como un paso más de la “ofensiva de la extrema derecha” contra el sindicalismo democrático y recordaba que el Ministerio de Trabajo ya ha tomado acciones similares en otras comunidades como Castilla y León.

Esta decisión del Ejecutivo central es una reacción directa a la modificación de la Ley 5/2017 de Participación Institucional aprobada en julio por la Asamblea Regional, que suprime las ayudas económicas a sindicatos y patronales y declara su labor consultiva como “gratuita”. La norma fue publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el 29 de julio y en el BOE el 5 de agosto de 2025.

¿Qué ha anunciado Yolanda Díaz?

La vicepresidenta segunda del Gobierno ha confirmado que el Ministerio de Trabajo y Economía Social interpondrá un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma aprobada por el Ejecutivo murciano (formado por PP y Vox). Díaz justificaba este paso explicando que la medida vulnera derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, como la libertad sindical (artículo 28.1) y el papel institucional de sindicatos y patronales (artículo 7).

Durante su intervención en el acto de la UGT defendía que los sindicatos son “una pieza esencial del Estado social y democrático” y pedía que se preserve su función en el diálogo social.

¿Qué ley es la que ha cambiado?

La norma afectada es la Ley 5/2017, de 5 de julio, de participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el ámbito de la Región de Murcia, que regulaba cómo los sindicatos y la patronal intervenían en los consejos, comisiones y mesas de diálogo social de la Comunidad Autónoma.

Esa ley fue modificada por la Ley 2/2025, de 4 de julio, aprobada en la Asamblea Regional y publicada en el BOE el 5 de agosto de 2025 (BOE-A-2025-16146). La reforma fue promovida por el Gobierno del Partido Popular apoyado por Vox en Murcia.

¿Qué cambios ha sufrido la ley?

La Ley 2/2025 introduce dos modificaciones esenciales en el texto original:

• Modifica el artículo 6: establece que la presencia de sindicatos y patronales en los órganos consultivos se presume a título gratuito, sin derecho a percibir indemnización o compensación de gastos.
• Deroga el artículo 7, que era el que regulaba la justificación y control de las compensaciones económicas.

En consecuencia desaparece la posibilidad de recibir ayudas automáticas por participar en los órganos consultivos de la Comunidad. Cualquier financiación futura deberá tramitarse bajo el régimen de concurrencia competitiva previsto en la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

¿Cuáles son las consecuencias de esos cambios?

Con esta modificación, la participación institucional pasa a ser completamente gratuita. Los sindicatos y la patronal deberán asumir con sus propios recursos los gastos derivados de acudir a comisiones y mesas de diálogo.

Además, la reforma elimina del presupuesto regional las partidas nominativas destinadas a estas organizaciones. Según el Plan Estratégico de Subvenciones 2024 de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social la cuantía suprimida asciende a 835.955 euros anuales, lo que representa apenas el 0,01 % del presupuesto total de la Comunidad Autónoma (7.708 millones de euros).

¿Para qué servían esas ayudas?

Estas ayudas no eran subvenciones “discrecionales”, sino compensaciones por participar en casi un centenar de órganos consultivos regionales: consejos económicos, comisiones laborales, mesas de empleo o planificación.

Según las organizaciones afectadas (CROEM, UGT Región de Murcia y CCOO Región de Murcia), el dinero servía para cubrir los costes humanos y técnicos de esa participación: personal dedicado, preparación de informes, asistencia a reuniones y estudios de planificación y prevención de riesgos.

Las cifras en el Plan Estratégico de Subvenciones 2024 para esta partida fueron:

• CROEM: 263.150 €
• CCOO: 152.250 €
• UGT: 161.250 €
• A esto se sumaban partidas adicionales de 99.461 € para estudios de planificación y 159.844 € para prevención de riesgos.

¿Qué impacto tiene en el bolsillo y la participación democrática de los murcianos que se hayan extinguido estas ayudas?

En términos puramente financieros, el impacto es mínimo: el ahorro equivale a menos del 0,02 % del presupuesto regional.

En términos democráticos los sindicatos y la patronal alertan de que el cambio puede romper el modelo de diálogo social que se consolidó en España tras la Transición.

¿Por qué se ha impulsado esta modificación?

Según la Exposición de Motivos de la Ley 2/2025 el objetivo declarado es reducir el gasto público, evitar el clientelismo político y fomentar la independencia de las organizaciones, promoviendo que se financien “con recursos propios o mediante mecanismos más transparentes”.

El texto también apela a la “igualdad en el acceso a fondos públicos” y a la “eficiencia del gasto”. Pero los sindicatos y parte de la oposición interpretan la medida como un pulso ideológico impulsado por Vox que el PP ha asumido, dentro de una estrategia más amplia para debilitar la participación de los agentes sociales en la vida pública y que se puso en marcha para desbloquear los presupuestos de la Región de Murcia.