Apenas tiene cinco años. Su escolarización no es obligatoria, pero lleva siete semanas en casa, sin poder acceder al colegio al que lleva asistiendo desde que cumplió tres años y sin permitirle, siquiera, despedirse de sus compañeros. ¿La razón? El centro decidió el 12 de marzo que el menor dejase de acudir a sus aulas y que se trasladase a una escuela de educación especial a casi 30 kilómetros de su domicilio. La familia se negó, acudió a los tribunales y una jueza ordenó el viernes la readmisión del niño de manera cautelar.

Cristian padece trastorno del espectro autista. Le fue diagnosticado con apenas veinte meses de vida, por lo que para el colegio no fue ninguna sorpresa cuando aceptaron al menor en el centro escolar, junto a su hermana, de siete años.

El pequeño intentó cruzar ayer de nuevo las puertas del Colegio Público Reyes Católicos de Silla, pero, de nuevo, se lo impidieron. «Quiere entrar porque ve el patio, ve la fuente donde va a beber cada mañana a las nueve y quiere seguir la rutina que creó durante años. Él no entiende por qué le están denegando el acceso al que ha sido su escuela, sin él haber hecho nada malo. Ningún niño, neurotípico o no, lo entendería», expone Cristina, su madre, mientras ayuda a Toni, el padre, a contener las ansias del pequeño por volver a jugar en el patio con sus amigos. «Se entera, claro que se entera. Muchas veces se levanta a las cuatro de la madrugada entre llantos», lamenta Cristina, que considera «violada» la integridad de su hijo y la suya propia.

Y es que dos años después de su entrada al colegio la educación de Cristian ha acabado por ser un ejemplo más del problema al que se enfrentan los centros valencianos por la carencia de profesionales de apoyo con alumnos con diversidad funcional.

La madre pidió apoyo y la Conselleria de Educación decidió derivar la niño a un centro de educación especial (CEE), en Sueca, a casi 30 kilómetros de su casa. Los padres se negaron y dijeron que, en ese caso, preferían mantener a Cristian en un colegio ordinario para evitar la «segregación» de su hijo en centros especiales, «como si fueran guettos».

Sandra Casas, la abogada especialista en justicia social, que lleva el caso de Cristian, relata que todo comenzó en septiembre de 2017, cuando la dirección del colegio determinó que no había suficientes apoyos para atender las necesidades de Cristian y pidió a conselleria un informe psicopedagógico del menor. «Es el pez que se muerde la cola. Si no hay profesionales de apoyo suficientes, al menor lo derivan a un centro especial. Pero estos deberían estar creados como filtro para destinarlos a centros ordinarios con apoyos. Lo están haciendo al revés y el sistema no funciona. Está siendo todo en contra de su voluntad», lamenta Casas.

El colegio elegido fue el citado centro de Sueca y la notificación (tanto al centro como a la familia) llegó el 12 de marzo, día a partir del cual se le vedó la entrada al menor «a sabiendas de que se quedaba fuera del sistema educativo, ya que conocían las intenciones de la familia por mantener su educación en el centro de Silla», indicó Casas.

Rechazo a la segregación

Tres días después de conocerse la resolución de la dirección territorial, los padres la recurrieron. En primer lugar porque prefieren que su hijo se eduque en un centro inclusivo y en segundo lugar porque consideran que cambiarle de colegio a mitad de curso «supone un trastorno en su rutina que sin lugar a dudas afecta directamente a su desarrollo y condición», relata Cristina.

La respuesta judicial no llegó hasta el 20 de abril (mientras, el centro había negado varias veces la entrada de Cristian). En el auto del pasado viernes, la jueza especifica que acuerda la «suspensión de la ejecución del acto recurrido y el mantenimiento del menor en su actual centro escolar, en los mismos términos en que se estaba desarrollando su escolarización en dicho centro [...] hasta que recaiga sentencia firme».

Con el auto judicial en la mano, los padres regresaron ayer al colegio con Cristian. Tampoco lo dejaron entrar. La dirección, a preguntas de Levante-EMV, afirmó «no tener» en su poder dicho auto. Y no confió en el que exhibieron los padres, que acabaron por llamar a la Policia Local. El agente que acudió intercedió dejando una copia del documento judicial en el centro.

Sandra Casas asegura que no es necesario que el centro escolar tuviese en su poder el auto para cumplir con el mandato de la jueza, ya que el escrito refleja claramente que entró en vigor el pasado martes, 25 de abril, lo tuviesen físicamente o no las partes.

«Lo que sucedió ayer, por tanto, fue la vulneración del derecho del menor, así como la fragmentación de la familia al tener que dividir los intereses de esta entre el bien de Cristian y el de la hermana», dice Casas. Y es que a la niña ya la habían cambiado de centro hace dos años, debido a que el colegio concertado al que acudía aconsejó el acceso de Cristian al centro público para brindarle el apoyo que necesitaba y la familia velaba porque permaneciese el apoyo entre ambos. «Los hermanos tienen que estar juntos», denuncia Cristina.

La situación, además, ha generado un clima de discriminación hacia la elección de la familia: «Por el barrio me dicen que soy una mala madre, que no velo por el bienestar de Cristian, que dónde mejor atendido que en un centro especial... Pero esa es la parte bonita que te venden. Nadie quiere autodiscriminar a su hijo. Es un presión psicológica y un machaque emocional con los que tenemos que lidiar toda la familia. Pero lo cierto es que a quien debemos señalar es a las administraciones, porque seguimos distinguiendo entre niños al perpetuar los CEE».

Todo esto ocurría mientras Cristian, ajeno a papeleos y decisiones burocráticas, seguía esperando el permiso de entrada jugando en uno de los columpios del parque desde el que miraba con nostalgia el que fue su patio escolar.