Frustación un año después de la desaparición de Marta del Castillo

EFE El caso por la muerte de la joven Marta del Castillo cumple este domingo un año durante el cual la celeridad judicial y los esfuerzos humanos y materiales no han logrado hallar su cadáver, una "frustración" que será determinante para condenar o absolver a los cinco acusados.

Cuando el caso se encuentra a pocos meses de celebrar el juicio ante un jurado popular, la Fiscalía de Sevilla y la acusación particular que ejercen los padres de Marta creen que es posible una condena sin el cuerpo y que esa situación "no es ninguna ventaja para los acusados", pero los abogados defensores, consultados, han destacado que "las interrogantes básicas del caso siguen sin resolver".

Tras la confesión del presunto asesino, Miguel C.D., de que había matado a su ex novia de 17 años, más de 200 técnicos y militares buscaron el cadáver durante dos meses en el río Guadalquivir, luego otro dispositivo lo estuvo buscando durante un mes y medio en un vertedero de basuras y finalmente en una zanja de Camas (Sevilla), también sin éxito.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, informó esta semana de que solo los trabajos en el vertedero costaron 200.000 euros y añadió que la Abogacía del Estado está elaborando un estudio sobre los gastos en el río para presentar la correspondiente reclamación en el juicio.

La "frustración" de que el enorme esfuerzo humano y material no se haya visto coronado por el éxito será, según los abogados, un elemento decisivo para condenar o absolver a los dos principales acusados, Miguel C.D. y el menor de edad Javier G.M., de los presuntos delitos de violación y asesinato.

De los cinco procesados, solo Miguel sigue en prisión pues Javier quedó libre al cumplir el internamiento máximo previsto en la Ley del Menor, su amigo común Samuel B.P., acusado de ayudarles a deshacerse del cuerpo, salió de la cárcel en diciembre pasado y el hermano mayor de Miguel, Francisco Javier D.M., solo pasó tres meses encarcelado como encubridor, situación de la que también está acusada su novia, María G.M.

La abogada de oficio de Miguel, Paloma Pérez Sendino, ha recordado en un comunicado que la versión de su cliente "no es definitiva" puesto que ha dado varias a lo largo de la causa y ha añadido que, sin el cadáver, se podría dar por buena su primera declaración según la cual no hubo violación y mató a Marta de un golpe con un cenicero durante una discusión.

José Antonio Salazar, defensor de María G.M., ha asegurado que, sin el cuerpo, "las interrogantes básicas del caso siguen sin resolver", y "la única certeza" es el hilo conductor de Miguel en todas sus declaraciones: "que mató a la chica en el piso de la calle León XIII".

"Todo lo demás: cómo transportó el cuerpo, cuándo lo hizo, dónde lo llevó y quién le ayudó está puesto en cuestión", ha añadido.

No lo entiende así José María Calero, que ejerce la acusación particular en nombre de los padres de Marta, quien ha dicho que "los datos contrastados en la instrucción permiten una acusación fundada contra los cinco acusados" y ha añadido que "a partir del dato indiscutido de la muerte violenta de Marta nace la razonable exigencia de que expliquen ante un tribunal qué hicieron con el cuerpo".

La falta del cadáver "no es ninguna ventaja para las defensas", entiende Calero, y añade que está seguro de que "la crueldad que han tenido con la familia, al impedir que puedan enterrarla, será valorada por el tribunal a la hora de imponer las penas".

La palabra "frustración", la más utilizada por las personas familiarizadas con el caso, sirve también a las defensas para lamentar el trato recibido por algunos acusados, y así Salazar ha asegurado que María fue imputada dos meses después que los restantes por la "frustración que sentían la Policía y el Juzgado al no encontrar el cuerpo".

En abril de 2009 la búsqueda en el río y en el vertedero había sido infructuosa y "eso hizo que se atribuyera el fracaso a la especial habilidad urdida por quien pasó a considerarse un grupo compacto, frío y calculador", ha dicho Salazar.

José Manuel Carrión, abogado de Francisco Javier, añade su "frustración y decepción profesional" por el hecho de que el juez de instrucción 4 de Sevilla autorizara intervenir las conversaciones en el locutorio de la cárcel de los acusados y sus letrados, algo que en un Estado de derecho "debe quedar limitado a los supuestos estrictamente establecidos por la ley".