La edil del Ayuntamiento valenciano de Catarroja Datxu Peris, que tras la muerte del torero Víctor Barrio escribió en su perfil de una conocida red social que el aspecto positivo era que había dejado de matar, ha negado hoy que se arrepienta de sus palabras.

La concejal no adscrita no ha declarado en el juicio oral que se ha celebrado hoy en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Sepúlveda (Segovia) ya que ninguna de las partes lo ha pedido, ni ha atendido a los periodistas que la esperaban a su salida.

Tan solo, a preguntas de la prensa sobre si se arrepentía de los comentarios que vertió en una red social tras la muerte en julio de 2016 de Víctor Barrio, la concejal se ha limitado a decir que no.

Peris manifestó tras la muerte que el aspecto "positivo" era que el torero había "dejado de matar" y explicó que "no podía sentir más por el asesino que ha muerto que por todos los cadáveres que ha dejado a su paso".

Además, resaltó que "a lo largo de su carrera ha matado demasiado" y se preguntó cuántas bajas más son necesarias para que "gobiernos centrales, Generalitats, Diputaciones y Ayuntamientos dejen de subvencionar estas prácticas con olor a sadismo".

Su abogado ha alegado que estas palabras "no atentan contra el honor del torero" y ha insistido en la falta de "legitimación activa" de los padres y viuda del torero que exige la ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que ha pedido la desestimación de la demanda.

Por su parte, el abogado de la familia de Víctor Barrio y de la Fundación Toro de Lidia, José Miguel Soriano, ha manifestado ante los medios su convencimiento de que el juicio, que ha quedado visto para sentencia, dará la razón a la acusación que ha sido apoyada "con firmeza" por el Ministerio Fiscal.

Soriano ha insistido en que se ha producido una "intromisión ilegítima" en el derecho al honor de Víctor Barrio, por lo que la juez "tiene que atender estas peticiones y condenar a Peris para que restablezca el honor de Barrio".

La edil está acusada por la viuda y los padres del torero de un delito de intromisión al honor, al que se ha sumado la Fiscalía, y por el que la acusación particular pide 7.000 euros de indemnización y que publique en las redes sociales el contenido de la sentencia.