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Polémica urbanística
Detenidos el alcalde, la secretaria y el jefe de la Policía de Totana
 
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El alcalde de Totana, José Martínez Andreo, con gesto contrariado a su salida del Ayuntamiento 
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La Guardia Civil arresta a Martínez Andreo, acusado de falsificación de documentos, cohecho y negociaciones prohibidas, junto con otras tres personas entre las que hay un empresario
La operación Tótem, desarrollada por la Guardia Civil para tratar de destapar una presunta trama de corrupción urbanística en el ayuntamiento de Totana, ya cuenta con una decena de implicados. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvieron a primera hora de ayer al alcalde del municipio, José Martínez Andreo, del PP; a la secretaria del Ayuntamiento, Laura Bastida; al oficial jefe de la Policía Local, Alfonso Canales; y a un empresario local, Pedro Martínez Ruiz. Según fuentes de la investigación, los arrestados están acusados de presuntos delitos de cohecho, falsificación de documentos y negociaciones prohibidas a los funcionarios.
La clave del caso podría estar en la gestión de la empresa municipal de suelo industrial, Proinvitosa. Según fuentes de la investigación, esta sociedad fue creada para facilitar terreno industrial a bajo precio a los empresarios para que se instalaran en la localidad, con la condición de que si al final no creaban el negocio, el suelo volvería a la empresa pública. Al parecer, y según la investigación, el Ayuntamiento podría haber permitido a los empresarios especular con el suelo a cambio de comisiones ilegales a los políticos. Las mismas fuentes señalaron que la operación ha sido posible por las escuchas de los teléfonos móviles de, entre otros, el alcalde actual y su antecesor y diputado regional del PP, Juan Morales.
El primer edil totanero fue detenido poco antes de las ocho de la mañana de ayer en su mismo domicilio, mientras esperaba a que le recogiera un chófer que le iba a llevar a la capital murciana, donde tenía previsto reunirse con el consejero de Política Social, Mujer e Inmigración, Joaquín Bascuñana. A esa misma hora, se podía ver en la plaza de la Constitución, donde está la Casa Consistorial, a decenas de agentes de la Guardia Civil, que habían entrado en el Ayuntamiento y en la sede de la concejalía de Urbanismo (ubicadas en edificios separados) para realizar un minucioso registro que se prolongó durante más de diez horas. Los trabajadores municipales fueron desalojados y dos guardias civiles se colocaron en la puerta para evitar la entrada a toda persona ajena a la investigación judicial.
José Martínez Andreo llegaba al Ayuntamiento, en un vehículo policial y custodiado por agentes de la Guardia Civil, aunque no iba esposado. Allí ya se encontraba la secretaria municipal, Laura Bastida. Poco después accedió a las dependencias municipales, por su propio pie y sin uniforme, el jefe de la Policía Local. Casi a mediodía era detenido el empresario Pedro Martínez Ruiz, propietario de un hotel y de una gasolinera en el polígono industrial El Saladar y que forma parte de un grupo empresarial, Ucom, que ha firmado dos convenios urbanísticos con el Ayuntamiento.
La expectación creció en la localidad conforme se conocieron las noticias de la detención del alcalde. La plaza de la Constitución, uno de los espacios céntricos del casco urbano, se llenó de vecinos con puntos de vista muy diversos sobre la presunta trama de corrupción urbanística. Mientras algunas personas (afines a la oposición) celebraban la detención de Martínez Andreo, los simpatizantes del PP estuvieron durante toda la mañana negando que el primer edil hubiera sido detenido. Aseguraban que estaba "retenido y colaborando con la Justicia".
Durante las diez horas que duró el registro del Ayuntamiento, solo accedieron a la Casa Consistorial los abogados de los detenidos.
El primero en salir de las dependencias municipales fue el empresario Pedro Martínez Ruiz, quien fue trasladado en coche a la oficina de Cajamurcia en la calle Sol -junto al Consistorio- con el objetivo de analizar el contenido de las cajas de seguridad que se encontraban en la entidad bancaria.
Pasadas las seis de la tarde salió el jefe de la Policía Local. En ese momento acudieron al Ayuntamiento varios ediles del equipo de Gobierno y colaboradores del alcalde, quienes rechazaron realizar declaraciones públicas. Poco después un furgón policial estacionaba junto al Consistorio y los agentes sacaban nueve cajas con documentación municipal.
Los últimos en salir del Ayuntamiento fueron la secretaria y el alcalde. Este era esperado por decenas de vecinos. A su salida fue vitoreado por unos (con gritos de "alcalde, alcalde") y criticado por otros ("sinvergüenza, corrupto", decían). Martínez Andreo, que tenía el gesto contrariado, hizo un esfuerzo para sonreir mientras saludaba a sus simpatizantes antes de ser trasladado, junto a los otros detenidos, a la Comandancia de Murcia y a la de Lorca.
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