Estamos inmersos en una crisis de gran alcance de la que es muy difícil prever su final. Ya nadie lo niega, ni tan siquiera el Gobierno. La crisis es fundamentalmente financiera. Las políticas monetarias de los bancos centrales de la Unión Europea y de los EE UU han mantenido durante muchos años tipos de interés excepcionalmente bajos, negativos en términos reales. Ello ha sido una invitación generalizada a endeudarnos. La conclusión es obvia: la intervención pública no ha sido ajena a la creación de la burbuja financiera. Todo lo contrario. No sólo no ha estado lo suficientemente vigilante, sino que además la ha espoleado inyectando continuamente liquidez en el mercado. El sistema de incentivos generado animaba al endeudamiento y, aunque todos sabíamos que llegaría un final, pocos estaban dispuestos a dejar para otros el último euro o dólar de beneficios. Con ello no quiero decir que los bancos hayan sido ajenos a la situación creada, en absoluto. En ocasiones se nos olvida que los bancos son creadores de dinero, a través de emisión de tarjetas de crédito, préstamos al consumo o a la inversión, y por medio de la concesión de hipotecas. De este modo, se ha generado una situación en la que todo ha contribuido a inflar la burbuja.
La crisis, entre otros efectos, ha generado desconfianza y ha contraído el crédito. Las políticas de salvamento de algunos bancos buscan devolver la confianza al sistema financiero para que pueda operar con la mayor normalidad posible y, cumpliendo uno de sus objetivos fundamentales, ofrecer créditos al consumo y a la actividad productiva. Por lo tanto, la crisis no tendría por qué afectar seriamente al sistema productivo. Y en algunos países no lo hace. Pero, desafortunadamente, la crisis se ha abatido sobre España como sobre pocos países, destruyendo más empleo que en ningún otro (en términos proporcionales).
Ni Solbes ni Zapatero pueden aferrarse a la crisis internacional para justificar la tremenda destrucción de empleo que se está produciendo en España, pues la misma crisis afecta a muchos otros países que, o bien no están destruyendo tanto empleo, o bien lo están creando. Tampoco se puede culpar exclusivamente a la burbuja inmobiliaria. La estadounidense no era menor, y la destrucción de empleo en España es porcentualmente muy superior a la americana. España tenía varios problemas cuando el PSOE conquistó el poder, y los gobiernos socialistas no se han enfrentado ni a uno solo de ellos. Permítanme recordarlos brevemente: en primer lugar, nuestra inflación ha sido, año tras año, superior a la de nuestros competidores, lo que se traduce en que nuestros productos, al ser más caros, tienen más dificultades para encontrar compradores en un mercado global. En segundo lugar, el déficit exterior español es ingente, sólo comparable con el estadounidense. Un déficit que hay que financiar con deuda. En tercer lugar, la productividad por trabajador aumenta a un ritmo mucho menor que la de los trabajadores de nuestro entorno. En cuarto, la inversión en investigación y desarrollo también es menor. Estos problemas eran bien conocidos, y la primera de las legislaturas de Zapatero pasará a la historia por una política económica de continua elevación del gasto público y de una parálisis completa de las reformas económicas. Un gobierno no puede ocultarse tras la concertación social, ayuna de consensos relevantes, para justificar su incapacidad para tomar decisiones. Lo peor es que la actual legislatura no promete cambios en este sentido.
Podemos señalar otras ineficiencias de nuestro sistema productivo, que eran conocidas desde hace muchos años. Pero no se trata de multiplicar los ejemplos. De lo que se trata es de exigir al Gobierno de Zapatero, el único que tiene los recursos legales y económicos para hacerlo, que acometa reformas en profundidad de la economía española. Ello no nos sacará de la crisis, pero acelerará su final y nos pondrá de nuevo en la senda del crecimiento de la riqueza.
Los mercados no se autorregulan solos porque no hay ninguna economía en ningún país del mundo que sea una economía pura de mercado. Quizás no pueda haberla, que esa es otra discusión. El 'mercado' es un ente abstracto formado por millones de personas, instituciones y empresas que se relacionan entre sí, y la intervención pública es parte de ese mismo mercado. El Estado no sólo gasta casi la mitad de todo lo que produce la nación, es que además establece el marco de relaciones e incentivos en el que todos operan. Por ello, no ha sido ajeno a la gestación de la crisis ni puede serlo a su final. No se olvide que Japón, que asombró al mundo con su crecimiento prolongado durante décadas, lleva ya más de diez años prácticamente estancado, incapaz de afrontar las reformas capaces de dinamizar su economía. Esperemos que ese no sea el futuro de España porque, entre otras razones, nuestra renta per cápita nada tiene que ver con la nipona. Pocas esperanzas nos ofrece un Zapatero más obsesionado en hacer gestos propagandísticos con el presupuesto de todos que en ponerse a solucionar los problemas de su país introduciendo reformas en el sistema productivo que modernicen sus estructuras y agilicen su capacidad de adaptación a los cambios.
