Cada autonomía tendrá su propio comité aeroportuario

EFE El ministro de Fomento, José Blanco, anunció hoy que cada comunidad autónoma contará con un "comité aeroportuario" para coordinar las políticas urbanísticas y de ordenación territorial, así como un comité de desarrollo de rutas aéreas, con el objeto de mejorar la "eficiencia" de las instalaciones con una mayor vinculación con su entorno territorial.

En su comparecencia ante la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, Blanco explicó que el nuevo modelo de gestión aeroportuaria parte con el objetivo de potenciar la "eficiencia y rentabilidad" del sistema, para lo que creará una nueva sociedad mercantil estatal segregada de AENA, denominada Aena Aeropuertos S.A., con competencias de gestión de la red aeroportuaria de los 47 aeropuertos de AENA, y con una participación de no más del 30% del capital privado.

Sociedades filiales de AENA

La nueva sociedad tendrá competencias sobre la gestión de los servicios aeroportuarios -salvo los propios de la navegación aérea o que correspondan a otros entes estatales, como Aduanas-, así como la gestión de mantenimiento de las infraestructuras y la gestión de los bienes de dominios públicos o patrimoniales, incluyendo "todos los servicios comerciales".

Asimismo, confirmó que se crearán sociedades filiales de Aena S.A. para la gestión "singularizada" de aeropuertos con alto volumen de viajeros y especial complejidad en la gestión, "siempre que resulte viable económicamente", si bien no precisó cuales entran en esta categoría.

Decisiones por mayoría "cualificada"

Aunque la sociedad matriz, Aena S.A., será la titular del capital social, manteniendo la adscripción del patrimonio y la deuda, se dará entrada en los consejos de administración a comunidades autónomas, ayuntamientos y cámaras de comercio.

Si bien el de la sociedad estatal será del 51%, será necesario una "mayoría cualificada" para acordar las decisiones, que son las mismas que Aena S.A. en el resto de aeropuertos, incluyendo la aprobación de precios privados y las propuestas de tasas y precios públicos de los servicios.