MANUEL MADRID/ DAVID CANELLADA
Uno de los informes de la Unidad de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional sobre el caso Gürtel señala a cinco empresas que, supuestamente, contribuyeron a la financiación irregular del PP valenciano. Al menos tres de estas sociedades -Enrique Ortiz, Sedesa y Facsa- trabajan o han trabajado también en la Región de Murcia.
En el caso de Enrique Ortiz -que fue el adjudicatario del tramo experimental del tranvía de Murcia-, el informe policial recoge tres aportaciones por un montante global de 215.848 euros en la doble contabilidad de Orange Market -la franquicia valenciana de la trama Gürtel-. En concreto, la investigación policial consigna como ya entregadas -con fecha de uno de abril de 2008- dos aportaciones de 84.100 y 31.748 euros. Además, figura una tercera pendiente por un total de 100.000 euros.
La compañía de Ortiz -que ahora se denomina Grupo Cívica-, negó la pasada semana su posible vinculación con el caso Gürtel. Los investigadores, sin embargo, creen que tanto la sociedad de Ortiz como las otras cuatro contribuyeron a la financiación ilegal del PP valenciano mediante el pago de facturas a Orange Market por servicios no prestados y que, al parecer, correspondían a deudas del partido con Orange Market por la organización de actos. La de Ortiz, sin embargo, no es la única empresa implicada en el caso Gürtel que ha obtenido contratos en la Región.
La sociedad Sedesa -vinculada a la familia del consejero valenciano de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, y que en los últimos nueve años ha recibido medio centenar de adjudicaciones de obra pública en Valencia por valor de 825 millones de euros- figura como socia del Grupo Generala en una UTE creada en el año 2004 para la construcción de la Ronda Transversal de Cartagena.
La tercera sociedad es la castellonense Fomento Agrícola de Castellón S.A. (Facsa). Esta empresa ha sido la adjudicataria, en los últimos años, de varios contratos para hacerse cargo de la gestión y el mantenimiento del sistema y depuración de aguas en varios municipios de la Región. En concreto, la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales -organismo dependiente de la Consejería de Agricultura y Agua- le otorgó la gestión de este servicio, al menos, en Totana, Aledo y Pliego. En este último caso, el importe de adjudicación fue de 330.302 euros.