DIA DE LA REGION

Una pieza clave del engranaje democrático

José Pablo Ruiz Abellán, el Defensor del Pueblo, es un pilar de la Administración, al igual que los órganos ejecutivos y legislativos. Mermar sus funciones supondría amputar una parte del sistema.

02.01.2013 | 01:43
Una pieza clave del engranaje democrático

Este año, en que se cumple el XXX Aniversario del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, se hace más necesario que nunca recordar la importancia de los organismos de control que nos hemos dado para mantener la buena salud democrática de nuestro sistema. El Defensor del Pueblo es un pilar más de la estructura de la Administración, al igual que los órganos ejecutivos y legislativos. Mermar cualquiera de las funciones que desempeña en la actualidad supondría amputar una parte del sistema. No se puede obviar el papel de colaborador necesario que realiza y su eficacia en el engranaje democrático, como órgano supervisor de la Administración, al igual que otras instituciones ejercen su labor como órganos consultivos.

Supervisión. Entre las funciones del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, destaca la supervisión de la actuación de la Administración regional en general y de sus distintos organismos, autoridades y personal, así como la de los ayuntamientos de la Región y de cualquier otra administración con competencias en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. Desde este punto de vista, la función que desempeño es de colaboración estrecha, aunque crítica, con estos organismos. Somos la voz del ciudadano, un eslabón necesario entre las instituciones y sus administrados. Capaces de canalizar las quejas, además de intervenir proactivamente para mejorar la Administración, hacerla más cercana y transparente, ya que canalizamos los problemas que generan las relaciones administrativas y proponemos soluciones para ellos. El fin último que nos mueve a todos debe ser conseguir una Administración más cercana, más colaboradora.

En cuanto a la posible duplicidad de las instituciones, la interacción entre la Defensoría estatal y las autonómicas no debe entenderse en clave de competición sino de complementariedad y apoyo mutuo. Estamos hablando de órganos encargados de velar por el respeto a los derechos y libertades de la ciudadanía. Teniendo en cuenta la estructura cuasi federal del Estado de las autonomías, se impone la necesidad de que las instituciones estén lo más cerca posible del ciudadano. Creo que los murcianos han valorado la proximidad del Defensor con los ciudadanos, al mismo tiempo que con la Administración con la que entran en conflicto y la agilidad con la que se resuelven sus problemas, que en muchos casos se ven solventados simplemente por la mediación de la Defensoría. Las más de tres mil quejas que hemos recibido en estos tres años de funcionamiento, avalan la confianza que muchos afectados han depositado en nuestra labor.

De otra parte, no podemos olvidar que a lo largo de estos treinta años de autogobierno hemos sabido cuidar de nuestra democracia, permitir que nuestro Estatuto de Autonomía progrese como norma política y que contribuya a la Región libre y tolerante que formamos hoy. En este marco democrático, la ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, aprobada por todos los grupos parlamentarios de la Asamblea Regional, también contribuye a esa calidad democrática que buscamos. En este momento, tanto desde la Unión Europea como desde cada país miembro de la misma, se está intentando acercar la Administración al ciudadano. El sector público ya ha detectado claramente este papel participativo del individuo en la sociedad, su mayor grado de exigencia. Y creo que entre todos estamos contribuyendo a crear una Administración más eficaz y más cercana a los ciudadanos, lo que repercutirá positivamente en el buen funcionamiento de la sociedad en su conjunto.

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