Aún está caliente la reciente huelga y los paros semanales de jueces y fiscales, con la sana intención que la justicia sea más ágil, más independiente y llegue a todos por igual. Los presidentes de los diecisiete Tribunales Superiores de Justicia emitieron un comunicado conjunto en el que decían que «las graves carencias que crónicamente sufre la Administración de Justicia, y que los poderes Legislativo y Ejecutivo continúan sin corregir, han desembocado en una situación insostenible, que genera el lógico malestar generalizado de toda la Carrera Judicial y Fiscal». Más alto sí, más claro no se puede decir. Pero, ¿creen ustedes que esos poderes del Estado van a escuchar y atender las peticiones de jueces y fiscales? Pues me temo que no, porque sería tanto como romper una tradición inquebrantable más longeva que los sombreros de la Reina de Inglaterra o los guiris con calcetines blancos y sandalias de paseo por nuestras ciudades.
Y si no, a las pruebas me remito, señorías. Resulta que el incremento de este año en los Presupuestos Generales del Estado para Justicia representa menos de la mitad que el del año pasado. Así, para el año 2018 se han presupuestado 1.781 millones de euros (1.723 para el Ministerio y 58 para el Consejo General del Poder Judicial) que es un 3,2% más que el año 2017, pero como para ese año aumentaron un 7,6%, hemos perdido un 4,4% para el año 2018. A distribuir de la siguiente manera: con la creación de nuevas 300 plazas de jueces y fiscales y 3.000 de funcionarios, así como un aumento del 33% para pagar la Justicia gratuita, con especial atención a las víctimas de violencia de género. Lo curioso es que vamos caminando hacia una digitalización total de la justicia (a pesar que existan regalos institucionales que son pisapapeles) y sin embargo la apuesta en los presupuestos para la transformación digital del sector se reduce en 18 millones de euros, de 150 del 2017 se pasa a 132 para este año. Aunque también hay que reconocer que los créditos asignados a equipamientos e infraestructura alcanzan 51 millones de euros, que es el doble del pasado ejercicio.
Por si fuera poco, el Consejo General del Poder Judicial ha afirmado que la digitalización de los juzgados está ralentizando la justicia, según se desprende de los servicios de inspección y de la sección de informática, que han comprobado que el expediente digital electrónico está haciendo más lenta la actividad jurisdiccional. Ahí queda eso. Y digo yo, que eso es totalmente cierto, que no funciona debidamente esta digitalización. Pero daré un voto de confianza al Ministro de Justicia cuando se marca como objetivo seguir impulsando la transformación tecnológica de la justicia como pieza clave para un servicio público más ágil y eficiente. Pero me gustaría, señor ministro, que fuera ya, porque no estamos para experimentos ni para más demoras. Hágale caso a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial cuando le dice que para exigir a los jueces y magistrados la utilización de un expediente electrónico tienen primero que funcionar los sistemas informáticos de manera adecuada.
En fin, entre la baja ratio de jueces por habitantes en España, la bajada de los medios presupuestarios y la buena intención, pero escaso éxito actualmente de los expedientes electrónicos, tenga paciencia si es usted justiciable, que ya llegará a término su pleito. Lo único que le puedo asegurar es que llegar, llega.
