Resumen de lo publicado: el PP, que había pretendido sustituir a Lázaro Mellado en 2011 de la candidatura a la alcaldía de Alcantarilla, se vio obligado a mantenerlo, incluso tras haber organizado una candidatura alternativa, para que terminara de rematar el contrato de los servicios públicos de limpieza, adjudicados finalmente a La Generala (a una filial de ésta), la empresa favorita del responsable, entonces, del comité electoral del partido, Antonio Sánchez Carrillo, quien fue el principal avalista de la continuidad del polémico alcalde. Hasta el líder regional, Ramón Luis Valcárcel, había dado el visto bueno para que Lázaro Mellado concluyera su mandato en aquella fecha, pero éste le advirtió, haciéndose el encontradizo con él en un acto del PP en Molina de Segura, que «si yo estoy muerto, tú también», en una poco sutil sugerencia sobre las supuestas informaciones reservadas que el alcantarillero podría tener acerca del funcionamiento interno de la organización, aparte de que Sánchez Carrillo, contra apariencias fingidas de supuesta enemistad, podía imponerse ante Valcárcel, pues éste le debe favores por la construcción a coste cero, salvo los de los materiales, de su chalé de playa, según publiqué en su momento gracias a la confidencia del hoy exconcejal en el reservado de la extinta cafetería Ragas, sin que el entonces presidente de la Comunidad lo desmintiera; más bien se preocupó ante mí de intentar constatar si la fuente era la que era, para lo que me citó en otro reservado, el del restaurante de El Corte Inglés.
La consecuencia es que Lázaro Mellado repitió candidatura ante la perplejidad de quienes habían sido animados desde la sede regional del partido para que lo sustituyeran, y el contrato de las basuras fue adjudicado convenientemente a la empresa prevista, por lo visto no de manera ortodoxa a la vista de que el Tribunal Supremo acaba de invalidar el procedimiento con la correspondiente anulación de aquella decisión, de la que se derivarán graves consecuencias para las arcas municipales.
Cumplida la misión de poner en manos de La Generala la contrata de las basuras, Lázaro Mellado fue por fin sustituido, pero para que su bolsa de secretos no fuera expandida fue acogido en la gerencia de Citmusa (la Ciudad del Transporte), en sustitución de Gregorio Alburquerque, que había sido desterrado en esa entidad tras su destitución de la dirección general de Transportes. Un cargo dotado con 45.000 euros anuales, acompañado de secretaria, y para el que el exalcalde de Alcantarilla carecía y carece de cualificación y competencia. El presidente de la entidad es, formalmente, el alcalde de Murcia, José Ballesta, pero éste advirtió desde el primer momento que prestaba su confianza a Sánchez Carrillo, el hombre que, antes de que el exrector fuera proclamado candidato, le ofreció «mi espada y mi escudo» para apoyarlo en el empeño de alcanzar la alcaldía.
Ante los socios de Citmusa, Sánchez Carrillo advirtió que Lázaro Mellado le venía impuesto y que no era de su confianza, lo que fue entendido como una truculencia estratégica, dado que es obvio que la carrera política de Mellado habría concluido hace muchos años sin el padrinazgo del de Patiño.
La web de Citmusa, que tras mi artículo del pasado día 1 está en reconstrucción (es decir, todavía ofrece hoy menos información, o mejor, ninguna, que la que mostraba entonces), no ha detallado nunca los porcentajes societarios, la estructura accionarial y directiva, las fuentes de financiación, los estados de cuentas, y ni siquiera las actividades, si las hubiera. A primeros de este mes todavía figuraba Cajamurcia como accionista, a pesar de que tuvo que retirarse tras su rescate a través del FROB, pues éste le impedía participar en actividades no financieras.
Tampoco informaba la web de que el socio que da sentido a esta entidad, el grupo que la promovió desde los tiempos del alcalde socialista José Méndez, la patronal del transporte, FROET, se retiró en su momento del Consejo de Administración, que no del accionariado (aunque parece que fue invitado a hacerlo desde instancias gubernamentales, tal vez para quitárselo de encima como observador incómodo) a causa de que los miembros de dicho Consejo fueron invitados a validar en dos ocasiones pagos de facturas de un millón de euros a posteriori de haberlos hecho efectivos, en gastos contraídos sin previa consulta. Un Consejo que se reune dos veces al año, las preceptivas según el ordenamiento administrativo, y punto pelota.
Mientras tanto, las instalaciones (construidas, qué casualidad, por la Generala) sufren deterioros que no encuentran reparación, y el sistema general contra incendios, que costó un dineral estratosférico, es inoperante, hasta el punto de que algunas de las empresas que se instalan en el polígono han decidido crear su propia estructura al respecto, a pesar de que en el contrato se incluía el servicio central. El gerente, con su secretaria, cobra y calla ante las demandas de los usuarios, pues para eso está.
No es que Citmusa sea una excepción en la política de transportes, que es el último mono de la gestión pública. En los últimos días hemos leído comunicados del director general de la Comunidad, Díez de Revenga, acerca del liderazgo de Murcia en el crecimiento del servicio público, y esto a la vez de que empresas como Lat no pueden pagar las nóminas de sus trabajadores, a causa posiblemente del desasestimiento financiero de las Administraciones, que permanecen indiferentes a la reducción y descoordinación de un servicio público fundamental. ¿Cómo explicar que las estadísticas señalen un incremento del uso del transporte urbano mientras los trabajadores del mismo ven aplazadas sus nóminas? ¿Qué nos están vendiendo?
Los empresarios del transporte tanto de servicios privados como de las concesionarias públicas están siendo víctimas de la consideración de servicios imprescindibles como chiringuitos, puertas giratorias, e instrumentalizaciones varias para pagar favores, callar bocas o quién sabe para qué. Todo menos para el interés general. Eso seguro, y la vista está.
