Decía al final de mi artículo de prensa el pasado 2 de marzo: «Virgencita, que no llegue la cuestión a Estrasburgo, Luxemburgo o La Haya», refiriéndome a unos mensajes en las redes sociales alabando el terrorismo y deseando lo peor a los Borbones, siendo condenado el autor por el Tribunal Supremo. Y hete aquí que once días tan solo después el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha vuelto a dar un palo a España por entender que violó la libertad de expresión al penar la quema de fotos del rey Juan Carlos I. Dice Estrasburgo que ese evento pirético no es más que un acto que formaba parte de una crítica personal y no política, de la monarquía en general y de España como nación. Se trataba, dice el Tribunal bajo la pluma de su ponente, Fato Araci, de un debate de interés público como es la independencia de Cataluña, la forma monárquica de Estado y la crítica del rey como símbolo de la nación española. «Fato interesante», la que nos espera. Si esa es la libertad de expresión, mucho me temo que aquello que aprendí hace mucho tiempo sobre que el derecho de una persona acaba cuando afecta al derecho legítimo de otra ya no va a servir. La consecuencia directa de esa sentencia sobre hechos de hace once años es que el mismo día en que se conoció la misma, se volvieron a quemar fotos, ahora del actual rey de España, Felipe VI, ante un Ayuntamiento catalán para celebrar esa decisión. Y encima España, o sea, todos nosotros, que nos apretamos el cinturón empezando por las pensiones, tenemos que indemnizar a los dos condenados por esos hechos a devolver a cada uno la multa impuesta de 2.700 euros y 9.000 euros más en concepto de gastos y honorarios. O sea, que amparándome en esa libertad de expresión que proclama el pluralismo, la tolerancia y la amplitud de miras sin las cuales no existe la sociedad democrática, diré que esta sentencia europea me parece desacertada, aunque fuera votada por unanimidad de los siete jueces, incluido un español. Espero que el Gobierno, en el plazo que tiene de tres meses, recurra esa sentencia, a ver qué pasa.
Mientras tanto, los tres partidos políticos más votados PP, PSOE y Ciudadanos acaban de rechazar una propuesta de ley que pretendía despenalizar las injurias a la Corona. Uno, que es más bien poco monárquico, sin embargo respeta profundamente al Jefe de Estado de su nación, sea quien fuera mientras no se le eche o se cambie de forma de Estado en la Constitución. No me imagino a la reina de Inglaterra injuriada simplemente por criticar sus sombreros. Pero, claro, por eso se han ido, entre otras muchas razones algunas de las cuales comparto, de la Unión Europea, para que no tener que acatar sentencias de este tipo viendo los toros (por cierto, sobre su supresión nada han dicho aún) desde la barrera. O dicho de otra manera, en román paladino, el Derecho no es de laboratorio y, por tanto, no se mezcla en probetas sino que atiende a realidades sociales.
Ya solo nos queda, visto que hasta Amnistía Internacional dice que se están reprimiendo en España las opiniones en Internet y que debe suprimirse de nuestro Código Penal el delito de enaltecimiento del terrorismo, que Jordi Sánchez acuda a ese mismo Tribunal para que adopte medidas cautelares y en contra de lo decidido por el Supremo no solo le permita jurar o prometer su cargo de presidente de la Generalitat catalana sino que también lo excarcele hasta el juicio, y entonces ni la Virgencita nos va a dejar como éramos.
