Aunque la sociología indique que a una sociedad concreta, por ejemplo, la murciana, distinguida por la incompetencia y la corrupción en una parte nada desdeñable de sus políticos y altos funcionarios, deben corresponder instituciones del mismo tenor ético-social, incluida la justicia, no se trata de una ley universal; todo lo contrario, debido a ese hundimiento ético de lo político, es la institución judicial la que debe tomar la iniciativa (o hacerse eco de las demandas generalizadas de moralidad) y erigirse en institución de esperanza y corrección, es decir, verdaderamente justiciera.

Que «la justicia es igual para todos» es un enunciado esencialmente teórico, aunque plenamente exigible, y ni jueces ni fiscales pueden escapar a su alcance, que es muy serio. Y que «la justicia suele ser fuerte con el débil y débil con el fuerte» es otro enunciado, o principio, plenamente consolidado, aunque no tenga amparo (menos mal) en los textos garantistas. Pero es bien cierto que los disgustos que el pueblo llano se lleva por la desigual aplicación de ambos principios/eslóganes, son muchos y desoladores, sobre todo desde que se ha comprobado que jueces y fiscales también pueden prevaricar, tanto por acción como por omisión.

Es evidente que a los funcionarios del Poder judicial, como a los del Ministerio Público, hay que estar vigilándolos, advirtiéndoles y criticándoles, sin ser miserables cuando de reconocimiento y respaldo se trate, que también es un deber ciudadano principal.

Hay que decir que, concretamente en el asunto del Mar Menor, también los jueces y fiscales han estado perfecta y puntualmente informados de las agresiones sufridas por la laguna durante decenios, y de su imparable marcha hacia la irreversibilidad de los daños sufridos. Aun así, en general no se han inmutado, deparando hacia este tema una espléndida indiferencia; así que difícilmente habremos de vernos acometidos por esperanzas excesivas en su intervención; el momento es llegado para que las exigencias públicas hacia ellos sean contundentes.

Y en estas, a la jueza Mirian Marín le ha caído en suerte el 'asunto de los 37', es decir, la denuncia e imputación que el fiscal José Luis Díaz Manzanera ha formulado contra otros tantos sujetos físicos o jurídicos a cuento de la degradación del Mar Menor y, según las apariencias, parece un tanto asustada, quizás simplemente sobrepasada. Yo creo que debiera sentirse orgullosa de que el azar le dé la oportunidad de rendir un grandísimo servicio a la Región, y actuar en consecuencia, es decir, con diligencia, entusiasmo y, si fuera posible, redondeando el esfuerzo de la imputación del fiscal Díaz Manzanera con nuevos imputados, más precisos cargos y la reivindicación, mera pero enérgica, del marco legal vejado ya que el asunto no es para menos.

Pero, bueno, será de agradecer que cumpla con lo que le toca y lo trabaje como debe, sin dilaciones ni ocurrencias escapistas para ganar tiempo hasta que (leo y me dicen) le llegue un traslado y logre zafarse del asunto; y, menos, con voluntad exculpatoria. Y si ha de faltarle el entusiasmo, que no por ello deje la jueza Marín de ser cuidadosa, evitando radicalmente que se la pueda alinear con el segundo principio, más arriba aludido, cuando lo que se espera de ella es que se ciña lealmente al primero. Aclaro que en nuestro caso el fuerte es el poder agrario, o dictadura de los regantes, que ni atiende a las leyes ni respeta la salud o el medio ambiente, y que, a fuer de despótico, intimidador y antiecológico (aunque granero de votos del PP dominante) pretende a cambio inmunidad y privilegio, además de loores y reconocimiento.

También es de aplicación un tercer dicho, que «la justicia lenta no es justicia», y por eso ha hecho bien la prensa regional en llamar la atención, primero, de que pasaban los meses y la jueza Marín no daba señales de vida en la gestión del asunto encomendado, que creó la natural expectación; y luego, cuando su señoría dio señales de vida, informándonos del 'troceado' de la causa en tres sectores procedimentales, reflejando el malestar general, que no ha sido gratuito ya que el propio fiscal jefe ha tenido que recurrir esa iniciativa. Un amigo mío, conocedor de ciertas y bien conocidas canalladas con el agua en nuestro salvaje Noroeste, me soltó: «Ya están los jueces otra vez haciendo como cuando la denuncia del fiscal Valerio». Y me asusté, porque lo que hubo cuando el fiscal Valerio fue un escandaloso cúmulo de decisiones judiciales incomprensibles, con el resultado de impunidad para ciertos grandes empresarios regantes de la zona.

Por todo esto, lo de pedir ayuda a la Abogacía del Estado en una acusación a un órgano del Estado como es la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) es una ocurrencia muy poco hábil y de escasos precedentes. Porque es seguro que esa Abogacía favorecerá a la Administración de su nivel, que es precisamente el órgano sobre el que recaen las mayores responsabilidades en el desastre del Mar Menor, y desde el que se ignora o ultraja la Ley de Aguas desde que, prácticamente, entrara en vigor; un texto que ha estado de adorno para varias generaciones de prevaricadores impenitentes y de lustre (aunque presuntos, sí, sí), volcados en bendecir miles de pozos y hectáreas ilegales aprovechando la periódica redacción de los Planes de Cuenca. Me refiero a muchos dirigentes de la CHS que, como altos funcionarios del Estado se vienen dedicando a machacar al Estado, que es titular y protector de recursos comunes y esenciales, como el agua y su estratégico ciclo de vida y futuro.

El objetivo del poder agrario y sus numerosos y bien situados compinches es hacer realidad el tantas veces evocado dicho, aplicado a la fuga de responsabilidades, de que «entre todos la mataron? y ella sola se murió», que describe el proceso que lleva a la «inexistencia de culpables» (ahí tenemos el 'caso Portmán', muestra insuperable de incompetencia del estamento judicial y de la Justicia misma), y parece que por ahí discurre la estrategia para conseguir su exculpación.