En estos días hemos tenido noticia de que el ayuntamiento de Cartagena ha dado luz verde a la construcción de un macroproyecto de 130 viviendas en Playa Paraíso, a orillas del Mar Menor, a la entrada de La Manga, cerca de las Salinas de Marchamalo. La licencia se puede consultar en la web de la promotora Urbincasa (Decreto de la Concejalía de Desarrollo Sostenible y Transparencia de fecha 20 de diciembre de 2017).
Resulta extremadamente chocante que, mientras las Administraciones gastan millones de euros en la supuesta protección del Mar Menor, al mismo tiempo concedan licencias para la realización de unas obras de enormes proporciones que implican más presión urbanística sobre el frágil entorno de la laguna. Más aún en la zona Sur donde se ubica el proyecto, la más sensible a la contaminación por la falta de renovación de sus aguas y su menor profundidad.
Las normas urbanísticas permiten a los propietarios obtener licencia para construir sobre sus terrenos siempre que cumplan con la planificación municipal vigente. Pero debemos recordar dos cuestiones:
Primero: que el actual Gobierno regional, desde el año 1995, no ha adoptado ninguna iniciativa legal que permita mejorar la situación del urbanismo en el entorno del Mar Menor. La Comunidad autónoma tiene competencias para la ordenación territorial de esta zona litoral y podría aprobar directrices y planes auténticamente protectores a los que tendrían que ajustarse los Planes Municipales. Pues bien, al contrario, el Partido Popular derogó la Ley del Mar Menor del año 1987 y puso en marcha una Ley del Suelo y directrices de ordenación que agravaron la situación.
Eso permitió, por ejemplo, la construcción reciente de miles de viviendas, con licencia municipal y dentro de la legalidad, en la zona Norte de La Manga, en La Veneziola, destrozando un extraordinario paisaje que aún conservábamos virgen hasta hace muy poco.
Segundo: que el día 17 de febrero de 2017 se aprobó en la Asamblea Regional (con el voto a favor de PSOE, Podemos y Ciudadanos y en contra del PP), la llamada 'moratoria urbanística', una decisión para proteger al Mar Menor de nuevos desarrollos urbanísticos.
Sin embargo, esta medida, en principio positiva, no afecta a los proyectos y planes urbanísticos ya aprobados o en tramitación. Es decir, un enorme número de viviendas, junto con hoteles, urbanizaciones, etc? podrían seguir adelante, sin tener en cuenta la situación límite en la que se encuentra la laguna. El caso del Plan Parcial Playa Paraíso podría ser uno de ellos. Al igual que otros proyectos en primera línea de costa, tales como la Urbanización La Perla (que incluye un Hotel de 150 habitaciones) en Los Urrutias, promovida por Profusa.
La moratoria urbanística debería ser más ambiciosa porque la situación del Mar Menor es crítica. Debería alcanzar a la suspensión temporal de determinados planes parciales, o la revisión de algunos de ellos para reducir la edificabilidad. Incluso también la suspensión provisional de licencias municipales de edificación. Ello supondría gastos para las arcas públicas en concepto de indemnizaciones por afectar a derechos urbanísticos adquiridos.
Pero así se conciliaría el respeto al derecho de propiedad y el principio de seguridad jurídica con la sostenibilidad ambiental, que es uno de los pilares de la ordenación urbanística, tal y como afirma la vigente Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. Recordemos que el Mar Menor es un espacio natural protegido por multitud de normas y que su Plan de Gestión Integral, exigido por Europa, está siendo retrasado injustificadamente por el Gobierno regional.
Las medidas propuestas requerirían no solo dinero, sino también colaboración entre la Comunidad autónoma y los Ayuntamientos ribereños, que en último término detentan las competencias urbanísticas. Y lo cierto es que los recursos económicos existen, pero se están empleando en otras cuestiones: publicidad y promoción turística, repetición de estudios científicos, máquinas quitafangos de incierta utilidad, dañinas regeneraciones de playas, etc.
La anunciada Ley Integral del Mar Menor, cuya tramitación ha sido instada por la oposición en la Asamblea Regional, podría ser una oportunidad para, entre otras finalidades, evitar más impactos del urbanismo en el Mar Menor. Debe reclamarse rapidez en su tramitación y ambición en sus objetivos.
Esa Ley será la prueba para saber si existe una sincera voluntad para adoptar medidas que resuelvan los problemas de fondo.
Porque esas medidas son difíciles y suponen enfrentarse a poderosos intereses económicos y a una obsoleta mentalidad que cree que el Medio Ambiente es un estorbo para «crear riqueza y progreso económico». Cuando lo cierto es que, si seguimos por este camino, proyectos como el de Playa Paraíso serán pan para hoy y hambre para mañana.
