¿Se puede hablar de Pacto Educativo sin tener en cuenta a un colectivo, que, según cifras nacionales e internacionales, representa un 10% de la población en nuestro país? Se cae por su propio peso: ¡800.0001 estudiantes con dislexia sin representación en la comparecencia de la Comisión del Pacto Educativo! Con ello, el mensaje que se les transmite a niños, niñas, jóvenes y adultos, es que no le importan a la Administración, que no son lo suficientemente válidos, que no son escuchados. Cuando deberían ser debidamente atendidos, según la Convención Internacional de Derechos del Niño, y teniendo que cuenta que nuestra tan preciada Constitución española debe velar por una Educación en igualdad de oportunidades.

Se vulnera uno de los derechos más básicos y universales, propios de una sociedad desarrollada y moderna. Además, los estudiantes con dificultades específicas de aprendizaje no están representados en el Consejo Escolar del Estado, a pesar de ser un colectivo reconocido internacionalmente en los manuales de la Organización Mundial de la Salud, DSM-52 y CIE-103, como trastornos del neurodesarrollo. No tiene sentido siendo éste objeto de investigación en la mayoría de las Universidades de nuestro país y fenómeno clave en el mayor centro europeo neurocientífico, BCBL4.

Nuestra Administración ignora o desatiende a estos niños y niñas no solo en edades tempranas sino durante todo su desarrollo académico. Esto repercute a medio y largo plazo, en un aumento considerable del gasto público en sectores como la Sanidad pública, Asuntos Sociales y el sistema penal, debido al alto riesgo de abandono escolar y exclusión social que representa gran parte de este alumnado no detectado.

El alumnado con dificultades específicas de aprendizaje están excluidos de las únicas ayudas económicas que el Ministerio convoca a nivel nacional para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, a pesar de ser parte de él, según la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

Estas necesidades específicas de apoyo educativo no solo no están siendo atendidas sino que además el estudiante se ve penalizado por su dificultad. Y las familias, por buscar apoyo fuera del ámbito escolar, que debería ser atendido en su entorno

educativo, detectando sus dificultades específicas de aprendizaje en edad temprana. Pero lamentablemente, esto sigue sin reflejarse en la realidad.

Se hace totalmente necesaria la ayuda económica para acceder

a la intervención logopédica y psicopedagógica fundamental para el desarrollo académico de este alumnado.

España padece una enorme brecha en la legislación educativa con respecto a los países más avanzados de la Unión Europea; una realidad realmente vergonzosa y grave en nuestro país. Véase en:

http://www.diszlexia.hu/DyslexiaLegislationTable.pdf