Esta semana hemos conocido por la prensa la heroica aventura de un propietario que ha conseguida recuperar la posesión de una vivienda que tenía alquilada, y cuya arrendataria llevaba más de un año sin pagar el alquiler. Y no solo eso, sino que había montado su propio chiringuito alquilando habitaciones a turistas, con instalación de llaves y taquillas en las habitaciones incluido. Ante la desesperación del propietario y su familia, que veían cómo los ingresos necesarios para completar su pensión no llegaban, la inquilina desplegaba todas las artes y trucos posibles que están al alcance de cualquier moroso en este país para dilatar la decisión arbitral, a la que ambos se habían sometido por contrato, y evitar así tener dejar la vivienda y de paso tener que cerrar el suculento y rentable negocio montado en base a la infame explotación de una propiedad ajena

La odisea del tinerfeño Juan Carlos Yanes, que de ese origen es y así se llama el propietario de la vivienda, es digna de ser contada, ya que tuvo que arreglárselas, con ayuda de todo un equipo de familiares, para ´okupar´ su propia vivienda. La inquilina morosa, perfecta conocedora de los recursos legales a su alcance, denunció al propietario e incluso avisó a la Guardia Civil. Los atónitos servidores de la ley fueron a la vivienda pero no llegaron a consumar el absurdo trámite de obligar a abandonar una vivienda a su propietario legal. Tiene bemoles la cosa.

Aunque la historia lo es, su fundamento desgraciadamente no es inhabitual. El garantismo del sistema judicial en este pais, comprensible desde el punto de vista moral pero nefasto e hiriente cuando se mezcla con una burocracia administrativa anquilosada y sin recursos, favorece descaradamente al okupa, al moroso y, en definitiva, al delincuente. En estos años hemos vivido episodios vergonzosos protagonizados por la Plataformas Anti Deshaucio, un invento de tantos de la izquierda radical para minar la credibilidad del Estado de Derecho y subvertir la economía de libre mercado.

Estos radicales, cuyas Plataformas o Mareas son siempre de autopromoción política, véase si no el progreso meteórico de Ada Colau, pretenden siempre que la protección social provenga de los particulares y a costa de sus legítimos derechos. Si una persona está necesitada y no tiene ingresos para pagar la hipoteca o el alquiler, debería ser el Estado (o sea, todos nosotros) el que se hiciera cargo de su protección y de proporcionarle un alojamiento digno, y no exigir que sea el propietario de la vivienda el que asuma una función benéfica que en absoluto le corresponde. Pero esto ayuda a los populistas de izquierda, tacita a tacita, a sembrar el odio social y desmembrar los delicados equilibrios del Estado de Derecho. Eso sí, para ocupar ellos a continuación el vacío de legitimidad, suprimir los derechos y libertades de los ciudadanos, e instalarse ellos y sus amiguetes como depredadores únicos de ese mismo Estado sobredimensionado (véanse los ejemplos paradigmáticos de Cuba o Venezuela).

Lo malo de que los okupas y morosos tengan en nuestro país la sartén por el mango, apoyados y favorecidos por la inacción, impotencia o ineficacia de la Administración judicial, que todo suma, es que al final somos un pais donde millones de propiedades están cerradas a cal y canto, ya que sus propietarios temen con fundamento que ponerlas en el mercado en forma de alquiler supone exponerse a perder su control y capacidad de reposesión, al menos por un largo y doloroso plazo.

En Barcelona y Madrid se está dando el fenómeno de que los propietarios no quieren colocar carteles en la ventanas de sus propiedades en venta. La razón para ello es que esos carteles representan la mejor fuente de información para los equipos organizados de okupas, que en seguida se cercioran de si esa propiedad está deshabitada para proceder a su ´okupación´. Lo de que el inquilino moroso denuncie al propietario por retomar la posesión de la vivienda no es casualidad. Un propietario me contó que se encontró un cartel en la puerta de su casa ocupada, en la que los okupas le prevenían de cualquier acción expedita con la amenaza de llamar a la Policía y poner una denuncia. Tampoco es de extrañar que la gente, expoliada de sus derechos de propiedad de forma tan ladina y artera, intente tomarse la justicia por su mano contratando a los matones del barrio, como ya se ha visto en algunas ciudades.

Así que la próxima vez que mires el precio de los alquileres donde quieres vivir, y veas cómo van subiendo, a pesar de tanta casa vacía, acuérdate de las Colau y compañía. Ellos son, directa o indirectamente, algunos de los mayores responsables de que en este país no salgan viviendas al mercado del alquiler, lo que abarataría de forma inexorable su precio.