Valga de entrada que no me parece ningún disparate que se quiera establecer un mínimo del 25% de enseñanza en castellano en Cataluña. Mucho menos cuando existen sentencias del propio Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad que así lo exigen. Me cuesta entender que sea la inmersión lingüística y no el bilingüismo el mejor sistema para cohesionar a un territorio en el que constitucionalmente existen dos lenguas. Prescindiendo incluso de la polémica de si el castellano está o no maltratado por la Generalitat, no creo que haya que ser ningún lingüista de renombre para llegar a la conclusión de que difícilmente puede alcanzar un alumno el mismo nivel de dominio de una lengua, en este caso el castellano y el catalán, si al primero se le reservan sólo dos horas de clase a la semana y al segundo el resto del horario.
Se podrá decir que la propuesta del Gobierno de imponer ese 25% es oportunista, tanto por la forma en que quiere llevarla a cabo como por el momento elegido o las pocas posibilidades que tiene de materializarla. Y es posible que así sea. Pero eso, en sí, no la invalida. El PP es un partido en horas bajas, tanto en Cataluña como en el resto de España. De eso no cabe ninguna duda. En Cataluña ha perdido gran parte de su electorado, hasta rozar el extraparlamentarismo, y en el resto de España es palpable su debilidad parlamentaria, acosado por Ciudadanos, que le disputa la hegemonía en la derecha, y atenazado por los más de 50 procesos judiciales de corrupción en que se halla inmerso por mordidas, facturas falsas, desvíos millonarios o financiación ilegal.
Nada de extraño tiene, por lo tanto, que, desacreditado y con los sondeos cuesta arriba, Rajoy pene por agarrarse a enlucidos que lo salven del abismo. Y uno de ellos es el problema lingüístico en Cataluña. Su defensa del castellano, casi siempre más retórica que real, pero defensa al fin y al cabo del idioma común, lo reconcilia con su electorado. Pero también, y ahí entra en juego la táctica política, con amplios sectores de votantes de la izquierda, que en el fondo comparten algunos de sus postulados. Y esa es una carta que va a jugar a fondo. En las contiendas lingüísticas, el PP siempre gana, sobre todo por incomparecencia de sus rivales.
Sacarse de la manga esta propuesta ahora, con un 'parlament' ausente y un improbable futuro 'govern', no deja de ser una jugada inteligente. Anima a los suyos y descoloca a la oposición. Aunque termine por quedar en nada, que será lo más probable. Le está sirviendo, desde luego, para muchas cosas. Sirve de globo sonda para tantear el terreno, vale para meterle presión a los independentistas y forzar la formación de un 'govern' sin Puigdemont, se convierte en un buen pretexto para intentar frenar su desgaste a costa de Ciudadanos, y sobre todo está resultando una astucia diabólica para dividir a la izquierda y ponerla frente a sus propias contradicciones.
De momento, la controversia ya ha provocado las primeras discrepancias en el PSOE. Divergencias, además, públicas y notorias, sobre todo en las alturas. En Unidos Podemos todo está aparentemente tranquilo por arriba pero removido por abajo. El PSOE lastrado por el PSC, se encuentra atado de pies y manos en todo lo que afecta a Cataluña; y un tanto de lo mismo le ocurre a Unidos Podemos que, secuestrado por su rama catalana, se desentiende y delega hasta lo indecible ante la estupefacción de sus votantes en el resto de España. Votantes ilusionados con sus propuestas sociales pero desconcertados en muchos casos por la deriva nacionalista de sus confluencias periféricas.
Se pueden entender las objeciones de quienes, aun aceptando que la Generalitat debe cumplir las sentencias judiciales sobre el uso del castellano en la escuela, discrepan con el Gobierno en la forma de hacerlo. Esto es, aprovechando que el 155 pasa por Barcelona. Y quizá tengan razón los que afirman que la intervención de la Generalitat no autoriza a modificar asuntos relacionados con la escuela catalana más allá de garantizar el funcionamiento ordinario de la Administración educativa.
Pero también conviene oír la voz de alarma de quienes sostienen que el Estado tiene que volver a Cataluña, de la que hace tiempo que se fue, si no queremos que la cuestión catalana se convierta en un problema irresoluble.
Que un personaje como Puigdemont siga siendo el candidato 'oficial' a presidir la Generalitat, después del delirio vivido en Cataluña, dice mucho del tratamiento que el castellano podría recibir por parte de las autoridades educativas catalanas.
Con el 155 o sin él, y tras los sucesos de Cataluña, quizá haya llegado el momento de replantearse desde el Estado ciertos aspectos de la cuestión lingüística en España. Si la izquierda abdica de sus responsabilidades, estará desoyendo a una parte de sus electorado que probablemente no se lo perdonará.
