Los partidos de la oposición han sacado adelante, con el voto en contra del PP, las enmiendas al proyecto de ley de «Medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental del Mar Menor». Estas enmiendas mejoran el Decreto que aprobó el Gobierno regional en abril de 2017. Las mejoras parten de las propuestas elaboradas por un amplio sector de la sociedad civil (Pacto por el Mar Menor, Ecologistas en Acción, ANSE, Federación de Vecinos de la Comarca de Cartagena), las cuales fueron recogidas por los partidos de la oposición como base para sus enmiendas. Estamos, por tanto, ante un magnífico ejemplo de trabajo conjunto de las organizaciones ciudadanas y de colaboración entre la sociedad civil y el trabajo político institucional. En suma, estamos ante un magnífico ejemplo de política con mayúsculas.
Sin embargo, no ha sido fácil. En las últimas semanas se desató una virulenta campaña contra la aprobación de estos cambios, liderada por el sector agrario más inmovilista, utilizando argumentos demagógicos o directamente falsos y presionando de todas las formas posibles a los partidos de la oposición y a sus diputados. La reacción de la sociedad civil ha sido ejemplar, organizando actos, explicando en múltiples artículos lo que estaba en juego y consiguiendo movilizar a muchos ciudadanos (la campaña fue trending topic tanto a nivel regional como nacional). Gracias a esta campaña ciudadana y a la voluntad de los partidos de la oposición de mantenerse firmes, las enmiendas fueron finalmente aprobadas. Es sin duda un logro de enorme trascendencia.
En la campaña contra las enmiendas se dijo, entre otras cosas, que se pretendía criminalizar al sector agrario y que las mismas no contaban con soporte científico. Frente a tales acusaciones es suficiente con leer la propia Exposición de Motivos del Decreto que el Gobierno regional aprobó en abril de 2017. En la misma se hacía referencia a la coincidencia sustancial en la comunidad científica sobre la necesidad de adoptar con urgencia medidas y a que el Informe del Comité Científico del Mar Menor señala a los nitratos como uno de los factores que ha contribuido al desequilibrio ambiental del Mar Menor. De hecho, las principales medidas del Decreto se dirigían hacia el principal sector responsable de tales nitratos: la actividad agraria de la cuenca. Parece que en la campaña contra las enmiendas, algunos olvidaron leerse el Decreto de 2017.
Sin que olvidemos la necesidad de enfoques integrales, la Ley de Medidas Urgentes aprobada se centra en la principal fuente de problemas: un modelo insostenible de agricultura en el Campo de Cartagena. El Informe del Comité Científico del Mar Menor (accesible en la web para cualquier ciudadano) señala las claves para conseguir un modelo de cuenca más sostenible y compatible con la conservación del Mar Menor. Estas claves son: 1. Contención y reordenación de la superficie de regadío en la cuenca del Mar Menor; 2. Reducción en origen de la contaminación agraria; 3. Aplicación de medidas basadas en la naturaleza en el conjunto de la cuenca para el control de los flujos de nutrientes y la pérdida de suelo; 4. Recuperación de superficies de humedal natural en las proximidades de la laguna, y 5. Puesta en marcha de medidas para mitigar la contaminación por residuos mineros.
Una de las claves más novedosas se refiere a las medidas basadas en la naturaleza, como la creación de setos de vegetación natural y la revegetación de la red hidrográfica desaparecida por los usos agrarios, medidas que actúan como 'trampas de nutrientes'. Otra actuación novedosa aquí, pero aplicada desde hace décadas en muchas cuencas agrarias europeas, es la creación o recuperación de superficies de humedal natural para retener los nutrientes. Además, ésta es la única actuación eficaz en caso de avenidas. Todas estas medidas tienen otras muchas ventajas a nivel ambiental (reducen el impacto de las inundaciones y mejoran el paisaje), económico (bajos costes de mantenimiento) y en cuanto a financiación, pues forman parte de las llamadas infraestructuras verdes: Europa ya ha dejado claro que no quiere más hormigón y está pasando de subvencionar infraestructuras grises a subvencionar infraestructuras verdes, como las previstas en la Ley de Medidas Urgentes.
El sector agrario es corresponsable en grado elevado de la eutrofización del Mar Menor y por tanto tiene la obligación de ser corresponsable en la solución del problema, en aplicación del principio de quien contamina paga.
Además, reorientar el modelo hacia la sostenibilidad, a través de un plan para ambientalizar el regadío del Campo de Cartagena, supondría liderar un cambio que tarde o temprano tendrá que darse y que ya se está dando en muchos lugares de Europa. Los agricultores y toda la sociedad tenemos que decidir qué modelo agrario queremos: si vamos a seguir agarrados al pasado o vamos a apuntarnos por fin al futuro, que no es otro que el de la sostenibilidad ambiental.
