El PP estaba contra las tablas en el capítulo agua, su banderita, y llegó la oposición en bloque y le hizo el quite con las enmiendas a la Ley de Sostenibilidad del Mar Menor. A partir de ese instante, el toro persigue a PSOE, Podemos y Cs, mientras los populares se recomponen del susto.

Tanto la investigación de la Fiscalía sobre las responsabilidades en la creación de la ´sopa verde´ como el conjunto de las enmiendas a la mencionada Ley disparan sobre un único objetivo: la actividad agrícola en el Campo de Cartagena.

Y los agricultores que, ya a estas alturas, no pretenden excusar su contribución al desastre, al menos exigen que en el patíbulo les acompañen otros protagonistas a fin de no sentirse demasiado solos. Su anunciada y después desconvocada protesta para hoy a las puertas de la Asamblea Regional mientras en el interior se aprueba el texto modificado quería mostrar la rabia por el hecho de ser señalados en exclusiva mientras el sector de la construcción masiva en los bordes de la laguna, alentada por los Ayuntamientos de la zona y la Comunidad autónoma, la presión turística y la falta de regulación de usos, que corresponde a las Administraciones, se van de rositas. Es más: en las enmiendas ni se repara en estas otras cuestiones, quizá porque hay Corporaciones de distinto signo.

Con razón o sin ella, las propuestas de la oposición han hecho un involuntario favor al PP, que se permite desviar hacia el ´tripartito´, esa construcción virtual, la indignación de los agricultores. Esto da un respiro al Gobierno, agobiado por el desdén de la ministra de Agricultura y prácticamente sin instrumentos para definir una política sobre el agua con respuestas, no ya para asegurar el futuro, sino para atender al momento presente.

En el Gobierno cunde el pánico cada vez que desde el sector de la agricultura se le lanza un reproche, pues en teoría es parte de una base sustancial de su electorado. Más que nada porque incluso ante la acrecentada desconfianza de los agricultores, fundada en una política de tan grandilocuentes enunciados como de resultados nefastos, el sector viene prefiriendo los engaños del PP a las difusas evoluciones del resto de los partidos alrededor de la cuestión agua. Con las enmiendas a la Ley del Mar Menor ven confirmada ahora esa prevención. El PP no es de fiar, a la vista de su trayectoria de veinte años con la pancarta del «Agua para todos», pero la oposición es un campo de arenas movedizas que nunca se sabe por dónde puede salir.

Si salvamos el debate central acerca de las soluciones más efectivas para el Mar Menor, la traducción de los efectos políticos de la Ley que se aprueba con las enmiendas de los tres grupos que se oponen al Gobierno consiste en que el PP tiene de nuevo la oportunidad de consolar a los agricultores mientras éstos proyectan su ira contra sus adversarios. Tal vez a la oposición le ha faltado habilidad para neutralizar esta consecuencia con políticas más inteligentes, pero también es verdad que, hoy, los agricultores no son un lobby tan potente como durante la etapa de desarrollo previa a la crisis, cuando el agua se convirtió en una reivindicación global de la sociedad murciana, ya que abría perspectivas económicas más allá de los bancales del campo. No obstante, la capacidad de movilización del sector sigue siendo muy potente, y todos pretenden compartir fotos amigables.

Mientras tanto, el Mar Menor echa espuma por la boca, convertido en un problema infernal para los políticos de uno y otro signo, pues protegerlo significa modular a otros sectores, y hacer esto puede tener malas consecuencias electorales en una fase en que el reparto de los votos es muy incierto. Pero el PP, gracias a la oposición, ha salido momentáneamente de las tablas.