Los ciudadanos hemos ido aceptando de forma pasiva y en silencio que los partidos políticos se financien, prácticamente en su totalidad, con cargo al presupuesto público, como si formaran parte de la estructura del Estado y prestasen unos servicios públicos, cuando, está claro que no constituyen estructura y no pueden presumir de lo segundo. Los últimos datos recabados al Tribunal de Cuentas confirman que la financiación pública de los partidos políticos supone, más o menos, el 82,2 % del total, mientras que los donativos ascienden solo al 2,2 %. El 15,6 % de los fondos privados restantes corresponden a las cuotas de los simpatizantes y afiliados, muchos de los cuales forman parte del aparato del propio partido, por lo que, en realidad, se trata de meros subsidios cruzados.
Con todo lo anteriormente señalado, España es el país de Europa que más financiación pública otorga a las organizaciones políticas: 85%. Esta praxis ha contribuido a transformar paulatinamente a los partidos políticos en simples maquinarias para consolidar su statu quo. Los partidos son modelos de ecosistemas cerrados (no intercambia materia con elementos fuera del propio sistema).
La subvención pública es la principal fuente de financiación de los partidos en Europa, con un porcentaje medio del 67% del total de ingresos, ningún país supera el porcentaje de España. No sorprende que el Reino Unido, que posee el sistema parlamentario más antiguo y consolidado, sea el país que menos subvenciones políticas concede a los partidos. En algunos países, como Holanda o Alemania, la financiación se ajusta y condiciona a la base financiera de apoyo que reciban las organizaciones de la sociedad. En Alemania, por ejemplo, la financiación pública se distribuye en función de los últimos resultados electorales y de los donativos privados recibidos, que actúan a modo de un fondo de contrapartida. De acuerdo con la legislación alemana solo un determinado porcentaje de los ingresos de los partidos pueden estar financiados con fondos públicos y, en ningún caso, las subvenciones públicas pueden ser superiores a los ingresos privados. Esta regulación ha facilitado que Alemania sea el segundo país en Europa occidental con menos financiación pública a los partidos políticos.
Visto todo esto, la mayoría de los políticos defienden con uñas y dientes la bondad de las subvenciones públicas frente a los donativos privados. Algunos, incluso, las justifican como una vacuna para luchar contra la corrupción. Esto último no está muy claro, visto el ´enfangamiento´ en que todos los partidos, unos más que otros, se encuentran sumidos. La defensa de la subvención pública como principal fuente de ingresos supone aceptar que los partidos políticos forman parte de la estructura del Estado y negar, por el contrario, que son una iniciativa más de la sociedad civil. Lo que está en juego detrás de esta concepción es muy importante, nada más y nada menos que el papel de la sociedad y el control de la actividad política. Tengamos muy en cuenta que los partidos ni son entes públicos ni forman parte de la estructura organizativa del Estado.
Lo cierto y verdad es que los partidos políticos desde su creación han diseñado paso a paso un complejo entramado de ayudas públicas en beneficio propio que constituye un auténtico ´saqueo a las arcas públicas´. En efecto, si analizamos los datos disponibles sobre las subvenciones públicas otorgadas a los partidos desde su origen (1978) hasta la fecha (2011), comprobaremos que éstas se han multiplicado por 31 o, lo que es lo mismo, se han incrementado en un ¡3.160 %!, y sigue aumentando. Por todo esto, soy partidario de que los partidos políticos se sustenten con las cuotas de sus afiliados y nada más.
