Una primera sentencia de lo laboral restituye sus derechos a una de las trabajadoras del Museo Ramón Gaya, de Murcia, y se supone que es el antecedente de las que vienen detrás, que afectan al conjunto de los empleados del patronato con que se gestiona ese centro. Más de un año acudiendo al trabajo, día a día, y sin cobrar ha sido, todavía es, el calvario de estas personas que todos los usuarios de esa casa reconocen como excelentes profesionales. No han sido los políticos quienes han resuelto el caso, sino los tribunales, y esto supone indemnizaciones por el tiempo trabajado, actualizaciones de la condición laboral respectiva, funcionarización y dotación de sueldos estimables. Todo de plena justicia. Pero los políticos han estado ausentes de la solución, desde el sobreentendido de que paga el contribuyente. Que esta sea otra herencia más de la etapa Cámara no exime de responsabilidad a quienes han permitido este estado de cosas verdaderamente escandaloso.
