Desde la habitación de un hospital en el que está ingresada mi hermana oía, a finales del año 2017, a un Rajoy exultante hablar de los logros de una economía, la española, que marcha a velocidad de crucero, con cuatro años seguidos de crecimiento. Y no pude contener mi indignación. Me explico. Resulta que mi hermana ingresó durante el puente de la Constitución, después de casi 12 horas esperando en urgencias, aquejada de una lesión pulmonar de apariencia grave, a tenor de las primeras radiografías que se le practicaron. Pues bien, en el momento de escribir estas líneas, a casi un mes de su ingreso hospitalario, todavía no se le ha efectuado una prueba que falta, determinante para formular un diagnóstico preciso y aplicar un tratamiento adecuado. Ha abandonado el hospital y reingresado tres veces con la presunta intención de realizarle dicha prueba, y ésta todavía está inédita y sin fecha de ejecución. Inconcebible situación de abandono ante un caso que requiere de la máxima urgencia en la identificación de la enfermedad para ser tratada. Este retraso injustificable no se fundamenta en una actitud de desidia del personal sanitario; más bien al contrario, éste hace gala de un comportamiento profesional y humano en el trato a los pacientes. Se debe, precisamente, a que faltan profesionales. Los recortes de 2010 sacaron del sistema sanitario de la Región de Murcia a casi 2.000 trabajadores y trabajadoras, cuando ya existían importantes listas de espera.
Lo que debiera explicar Rajoy es por qué, si hemos recuperado el nivel de riqueza anterior a la crisis, los recortes no se han revertido, lo que provoca que la sanidad pública, y nuestra Región es paradigmática al respecto, camine hacia el colapso. La pregunta es dónde están esos recursos que 4 años consecutivos de crecimiento económico han generado, pues tampoco los encontramos en el resto de servicios públicos como la educación o la dependencia, todos ellos en situaciones de creciente precariedad. Vamos a hacer una prospección a ver si averiguamos dónde está ese dinero. Veamos las pensiones. Han perdido en el año recién acabado 1,71 puntos de poder adquisitivo (diferencial entre la inflación y el ridículo 0,25% de subida aplicada). Por tanto, los pensionistas son más pobres que hace un año: no tienen ellos el dinero del crecimiento. Al revés, se les ha detraído parte de lo poco que ganan.
Abordemos los salarios de los empleados públicos. Considerando que en todo este período sólo han experimentado una subida del 1% el año pasado, la media de pérdida de poder adquisitivo desde la reducción salarial de 2010 y la congelación posterior cabe situarla en el entorno del 15%. Es decir, ahora que somos igual de ricos como nación que en 2009, los trabajadores y trabajadoras del sector público son un 15% más pobres.
Si entramos en los salarios de trabajadores de la economía privada, basta un dato: el salario medio en 2016 de aquellos con menos de un año de antigüedad en el trabajo era el mismo que nueve años atrás. Es decir, por lo menos han perdido la subida acumulada del IPC en ese tiempo. Pero es que el salario más frecuente es hoy en día inferior a 1.000 euros netos al mes, abundando los sueldos de 700 y 800 euros. Por último, los autónomos y muchas pymes viven hoy situaciones desesperantes, pendiendo sobre sus cabezas la amenaza de echar la persiana. O sea, que en los bolsillos de trabajadores y autónomos tampoco está el desarrollo de estos años.
No hace falta ser un lince para colegir que los recursos de nuestra economía se están quedando en las élites, que los succionan del conjunto de la sociedad. A través de dos mecanismos. Uno ilegal, mediante la corrupción en sus distintas modalidades. Otro legal, imponiendo salarios bajos y precios elevados en sectores básicos, como el agua, la energía y las telecomunicaciones. No vivimos en una democracia, sino en una cleptocracia donde el robo es la forma predominante de gestión política y económica.
