En el mismo día me hablan de que un conocido líder de los regantes de Cieza lleva años extrayendo ilegalmente agua del cauce del río Segura, la prensa publica la violencia con que otro líder agrario, esta vez del Campo de Cartagena (CC), se opone a que los inspectores le sellen unas instalaciones ilegales; y por la noche, en La Dos un documental norteamericano demuestra la relación entre los pesticidas de uso en el campo y problemas neurológicos infantiles, concretamente el coeficiente intelectual. Destaco de todo ello, (1) el robo de agua pública a la vista, práctica muy común, e histórica, en nuestra sedienta tierra, (2) el éxito continuado con que algunas poderosas organizaciones agrarias controlan a quienes debieran controlarlas a ellas, (3) la intimidación y hasta la violencia con que defienden sus intereses, aunque carezcan de respaldo legal, y (4) el alcance inmenso de las responsabilidades de una agricultura pérfida, que supera al del medio ambiente natural y alcanza a la humanidad.

Pero lo que hoy toca es aludir al fiscal jefe del TSJ de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera (DM), que ha cumplido su compromiso ante la opinión pública presentando un monumental escrito de imputación contra 37 presuntos responsables del desastre del Mar Menor, entre los que se incluyen altos cargos de la Administración regional y del Estado y una nutrida nómina de empresas y agricultores actuantes en ese CC. Un texto currado con lealtad y esmero, al que deberán seguir otros, de parecido tenor, sobre distintos espacios machacados por esta actividad tan perniciosa, como el Noroeste (donde se enseñorea la triada murciana de ilegalidad-intimidación-impunidad), o el dominio público litoral, asolado por plásticos y tóxicos procedentes de los ubicuos (y, al parecer, intocables) invernaderos.

Por supuesto que al trabajo del fiscal DM seguirá la fase propiamente judicial, con jueces que instruirán, enjuiciarán y sentenciarán, y que es pronto para hacerse ilusiones. Es imposible olvidar, a este respecto, aquel informe de imputaciones, parecido a éste, de principios de 2004, en el que el fiscal de Madrid Emilio Valerio señalaba con rigor y minuciosidad a los protagonistas del desmadre en el Noroeste, y cuya continuación quedó bloqueada, en el propio ámbito judicial, para pasmo y oprobio de la legalidad.

Del estado crítico del Mar Menor (al que se ha llegado tras décadas de alegres y multiformes agresiones) en la actualidad se están derivando las responsabilidades por acción delictiva, vigilancia prevaricadora o abstención dolosa. Desde luego que no es la mal llamada agricultura mediterránea (que en realidad se trata de una ´industria intensiva de productos agrarios´, si atendemos al papel de los insumos industriales y al impacto en suelos, acuíferos y atmósfera) la única culpable de esta situación de nuestra singular albufera, pero el endurecimiento material, político y ético del papel de esta actividad, que no ha parado hasta hacerse canallesca, ha llegado a monopolizar la atención en una región que sigue creyendo en futuros imposibles, aun atenazada por esta actividad demoledora.

Vista la enormidad de los daños imputables al agro, parece que nos hemos olvidado del segundo sector característico de nuestra economía, no menos nefasto: la construcción turística y su urbanismo depredador, cuajados de escándalos en los que se sienten especialmente realizados tantos personajes de nuestra vida política; una actividad a la que ahora contemplamos como si nunca hubiera roto un plato, tanta es la indignación que va cundiendo por los abusos de nuestros ´agricultores intensivos´. La realidad abrumadora es que las dos patas de la economía regional (tan vinculadas entre sí en ocasiones, es verdad) son nocivas para el medio ambiente, alimentando así perspectivas falsas de desarrollo. Ambas actividades básicas han conseguido ser, por fin y por sus propios méritos, objetivo habitual de la Justicia, y hay que celebrarlo.

En Murcia llevamos años traspasando límites y ahora nos toca reconocer los desastres consumados, con mucho de irreversibles. Pero nadie debe hacerse ilusiones en relación con cambios sensibles de orientación, aprendizaje o ética de la parte de nuestros gobernantes, por lo que hay que conseguir que más y más murcianos se enteren, y que asuman que el objetivo es destruir esa coalición pétrea y delicuescente de empresarios agrícolas y administradores que desde hace mucho conspiran contra los murcianos. Ha resultado que los pilares básicos de nuestra economía son antiecológicos, destructivos e inviables a corto y medio plazo, y que nos roban el futuro. En una región corroída por los escándalos de corrupción política y los abusos impunes de los intereses económicos, ha llegado el momento de atacar sin piedad a los prevaricadores, que son el enlace necesario entre la ilegalidad y el desastre cono consecuencia. El prevaricar atañe a los servidores públicos y consiste, para entendernos, en «hacer las cosas mal a sabiendas, o ignorarlas voluntariamente». Y por eso está muy bien hecho que DM señale a dos presidentes de la Confederación Hidrográfica del Segura, que deberán ser más, en el futuro, y al que fuera consejero de Agricultura, Cerdá, perpetuado en su puesto hasta la fuga de Valcárcel.

Los casos del todopoderoso Cerdá, así como del sempiterno consejero de Turismo Ruiz Abellán nos sirven para entender el enquistamiento de problemas nefastos en la agricultura y el encadenamiento de proyectos enloquecidos en el turismo: parece que repetían en el cargo porque había que sostener el disparate y conducir la región derecha hacia el caos, escorada siempre a intereses crematísticos que no eran los generales. Las sospechas y la impotencia por las denuncias bloqueadas se van encaminando, y tanto la consejería de la Agricultura como la CHS han dejado de disponer de bula: pueden tratarse, efectivamente, del principal nido de prevaricadores en la Región, así que a ver si lo desmantelamos de una vez.