- Mamá cuéntame un cuento, porfa.

—¿Quieres que te lea el cuento de La avutarda ferroviaria?

—¿La avutarda ferroviaria? Creía que la avutarda era un ave.

—En realidad es un ave de gran tamaño con patas y cuello largos y un voluminoso cuerpo en forma de barril.

—¿Por qué ferroviaria?

—Pues porque, según trabajadores de Renfe, es lo que va a llegar a Murcia en vez del tren AVE. Y dicen que es una avutarda porque ese tren nunca alcanzará la alta velocidad, aunque un señor llamado Mariano Rajoy, que anda como Robocop, fuma puros y solo lee periódicos de fútbol, prometió que Murcia tendría un tren AVE de primera categoría. Lo prometió cuando todavía no era presidente del Gobierno para que le votásemos. Y para colmo ha puesto en Murcia a un vigilante que habla de una forma que recuerda a los gobernadores civiles de otros tiempos cuando invocaban la ley de vagos y maleantes: no deja de lanzar amenazas y advertencias a todo el mundo con aquello de que «quien la hace la paga» y habla de perseguir a ‘insurrectos’ en las vías del tren. A muchos abuelos les gusta mucho ese señor porque evoca tiempos que añoran.

—No, ese no me gusta. Me recuerda a un compañero que prometió traer chuches si le elegíamos delegado de clase y no ha traído ni una nube.

—¡Anda! Pues a Rajoy, que ahora es el presidente del Gobierno, le gustan mucho las golosinas solo que él las llama ‘los chuches’. A veces se lía con las palabras. También prometió en 2008 recuperar el trasvase del Ebro y traer mucha agua a la cuenca del Segura y nueve años después no hay agua para nadie.

—Otro, mamá, que el cuento del Agua para Todos ya me lo has contado muchas veces.

—Tienes razón, pero es que es un cuento tan viejo y tan ‘popular’... ¿Qué te parece el cuento de El tren camello, el cochinilla y el tamagochi? Trata de unos trenes tan viejos, incómodos y lentos que los viajeros deben llevar cojines para sentarse, abanicos en verano para sofocar el calor y tapones para los oídos del ruido que hacen. Si no estás acostumbrado, te asustas mucho. Aunque son trenes tercermundistas, nadie los cambia. Y si se te ocurre repartir octavillas en esos trenes exigiendo mejoras, llegan los guardias de seguridad y te riñen.

—No me gustan esos trenes.

—Lo entiendo, esos trenes asustan a cualquiera. ¿Y el cuento titulado Mi cabra naranjita? Tiene que ver con unos hombres que quisieron gobernar un reino, cuatro de ellos incluso lograron llegar a palacio, olvidándose por completo de las mujeres. Redactaron un bando (lo que hoy llamamos programa electoral) donde dedicaron varias páginas al ganado ovino y caprino y apenas tres líneas a la mujer. Creo que para esos hombres era más importante el bienestar animal que el que las mujeres no fuesen discriminadas y fueran tratadas como iguales en todos los ámbitos de la vida.

—¿En qué siglo está ambientado el cuento mamá?

—Lamentablemente en el siglo XXI.

—¿No conoces otro? Ese es muy triste.

—Pues sí. ¿Recuerdas El cuento de la maligna oposición que soñaba con algarrobos? Era ese de un mar que se puso verde y unos malos que, en realidad, no eran malos porque solo querían cambiar la forma de cultivar y fertilizar la tierra porque así lo habían recomendado los científicos. Pues acaban de publicar la segunda parte que se llama El topillo valiente y dice así:

Érase una vez. Érase se una vez un hombre de leyes llamado José Luis Díaz Manzanera que al ver la sopa verde en la que se había convertido el Mar Menor se puso muy triste, tan triste que no dudó en cumplir con su obligación y puso en marcha ‘la operación topillo’. Te preguntarás, ¿qué hizo? Pues ser valiente y cumplir con su deber moral y legal de investigar hasta dar con los responsables de la grave contaminación que sufre el Mar Menor con el agravante de «riesgo de deterioro irreversible o catastrófico». Nadie sabe en qué quedará la causa judicial, pero ya ha conseguido que más de uno se tenga que quitar la venda porque a la denuncia no le falta de nada: regadíos ilegales, contaminación de suelos y del acuífero por exceso de fertilizantes, infraestructuras millonarias totalmente inútiles y falta de control.

El fiscal acusa a un total de 24 firmas agrícolas del campo de Cartagena y a un total de 13 personas que «desempeñan o ha desempeñado» cargos en la consejería de Agricultura y en la Confederación Hidrográfica del Segura, CHS. Entre los señalados están el exconsejero de Agricultura del PP Antonio Cerdá y dos ex presidentes socialistas de la CHS: José Salvador Fuentes Zorita y María Rosario Quesada. Todos ellos, según el fiscal, hicieron caso omiso de todos los informes internos, advertencias y estudios científicos pese a que la degradación del Mar Menor alcanzaba «límites desastrosos y calamitosos». Es apabullante el número de normas y leyes vulneradas.

Tanto la consejería de Agricultura como la Confederación sabían lo que estaba sucediendo e hicieron la vista gorda. De hecho, la denuncia de la Fiscalía se basa en datos oficiales aportados por ambas instituciones. Desde hacía años, el organismo de cuenca disponía de un listado de pozos y desalobradoras ilegales y solo a partir de 2013 empezó a incoar expedientes sancionadores y «tanto el nuevo presidente de la CHS, Miguel Ángel Ródenas, como el comisario de aguas trataron de poner freno a una situación disparatada», dice el fiscal en su denuncia. Se trata del mismo Ródenas cuyo cese exigen los regantes y cuya cabeza habría pedido el presidente López Miras al ministerio para calmar a los agricultores que amenazan con no votar al PP. Me da que el cese ahora de Ródenas sería un escándalo por mucho que el presidente de COAG en Cartagena, Vicente Carrión, vaya pidiendo «que lo metan en la cárcel» por desmantelar el salmueroducto: una tubería que, según el fiscal, fue diseñada para verter directamente al Mar Menor.

El fiscal lamenta que los agricultores se hayan venido aprovechando del anonimato que ofrecen las conexiones subterráneas para echar vertidos al Mar Menor y subraya que habría que levantar todo el campo de Cartagena con retroexcavadoras para descubrir y retirar todas las conducciones ilegales hasta llegar al origen de los vertidos, que son continuos y constantes por la rambla del Albujón.

El fiscal asegura que los agricultores denunciados sabían que el agua de los pozos no era de calidad para el cultivo «y por eso fueron instalando desalobradoras (cuantificadas en un millar, y casi todas ilegales) con el fin de limpiar ese agua cuyo rechazo contaminado (estimado en un 30%) volvían a meter en el subsuelo contaminando aún más el acuífero, o lo echaban directamente al Mar Menor a través de la rambla del Albujón». El chorro de agua era fácilmente apreciable, pero nadie lo vio hasta que lo grabó ANSE. La fiscalía sostiene que podrían estar entrando en el Mar Menor más de 4.000 toneladas de nitratos al año por vías superficial y subterránea.

Y es que en el campo de Cartagena se ha pasado en los últimos años del cultivo de secano típico del Mediterráneo (cereales o algunos árboles frutales), a los cultivos de regadío, que necesitan mucha más agua. El fiscal habla de ‘desmesurada’ e ‘incontrolada’ roturación del campo de Cartagena para fines agrícolas y «la consecuente ampliación de regadíos ilegales en 20.000 hectáreas». En realidad, el fiscal ha cometido un error porque muchas de esas hectáreas de regadío ilegal a las que alude se legalizaron en 2015 a cuenta del plan de cuenca del Segura. Lo grave es que, incluso este verano, se han seguido haciendo roturaciones ilegales en el campo de Cartagena, que son las que detallará ANSE con su mapa de regadíos ilegales.

Cerdá. La fiscalía señala a Cerdá que, no olvidemos, durante años fue el fontanero de Ramón Luis Valcárcel, y seguiría siendo el consejero de Agricultura de no haber sido obligado a dimitir para salvar al propio Valcárcel de las garras del juez Abadía a cuenta del caso judicial Novo Carthago. Cerdá, nombrado este año por Greenpeace ‘villano del clima’, permitió que su consejería siguiera dando subvenciones europeas a las explotaciones agrarias que estaban incumpliendo la directiva de nitratos. No hubo sanción alguna por estar realizando vertidos. En 2007, la consejería solo inspeccionó diez explotaciones aunque ese año fueron 20.000 las que recibieron subvenciones de la PAC, según el fiscal. Ya veremos cómo sienta en el Parlamento Europeo la noticia, porque la responsabilidad política de uno de sus vicepresidentes es incuestionable; máxime cuando los agricultores murcianos, solo entre 2013 y parte de 2017, se han repartido 715 millones de euros de fondos comunitarios.

El fiscal, que no descarta que en el transcurso de la investigación judicial salgan más responsables (puede que los agricultores denunciados empiecen a cantar por soleares), dice que «la situación ambiental del acuífero y del Mar Menor se puede considerar caótica o nefasta y de muy difícil solución ambiental»; y ha requerido a todos los agricultores denunciados para que se abstengan de verter ‘el rechazo’ de sus desalobradoras a cualquier cauce público, al suelo o al subsuelo, con apercibimiento de incurrir en un delito de desobediencia. Veremos el caso que le hacen.

Y todo esto sucede casi al mismo tiempo que siete científicos del comité de asesoramiento del Mar Menor aseguran no entender el empeño del Gobierno regional por dragar las golas para que entre más agua del Mediterráneo en el Mar Menor cuando, según la doctora en biología Julia Martínez, «saben desde febrero cuál es el verdadero origen del problema y no están haciendo nada». Pero qué se puede esperar de un Gobierno cuyo consejero de Medio Ambiente, Javier Celdrán, ha negado en sede parlamentaria que el Mar Menor esté contaminado. Admite que ha recibido vertidos durante décadas para decir a continuación que «es víctima de un complejo proceso multifactorial». Me da que estamos a un paso de que echen sobres de azulete para engañar a los que dan las banderas azules y de que Francisco Bernabé nos regale ‘un palomares’ en Los Urrutias y asunto arreglado. Esa será otra historia, pero para no dormir, querido Chicho.