Hemos tenido el honor y el privilegio de celebrar un nuevo aniversario de la Constitución Española, y van ya 39. Son ya casi 40 años de una Carta Magna que nos dimos los españoles tras recuperar nuestra soberanía y las libertades, y que dieron paso al periodo de mayor prosperidad económica y estabilidad política de nuestra historia, de la consolidación de unos derechos propios de las democracias más avanzadas, y de cuya fortaleza ha dado recientemente sobradas muestras con motivo de la serena pero determinante respuesta del Gobierno de Mariano Rajoy, respaldado por los partidos constitucionalistas, al desafío golpista del separatismo catalán.

Aun así, no faltan voces que instan a que de manera urgente se reforme una Constitución que demuestra tan vigoroso estado de salud. Pero se debería tener claro cuál es el objetivo concreto de esa modificación constitucional. Porque cuando al presidente Rajoy se le pedía que ´dialogara´ con los independentistas e ´hiciera algo´, aunque sin especificar qué, para resolver el problema del separatismo catalán, ello significaba generalmente que había que hacer algún tipo de concesión a quienes estaban vulnerando las leyes. Y muchos de los que ahora exigen al PP y al propio Rajoy (con sus escasos 137 escaños, como él se ha encargado de recordar y puntualizar) que emprendan un proceso de reforma constitucional, aunque sin explicitar cuál, pretenden que en último término se recompense de alguna manera a quienes han buscado debilitar nuestra Carta Magna, cuando no liquidarla.

Porque mucho ojo con el melón que se quiere abrir, no vaya a resultar excesivamente indigesto. Introducir conceptos política e intelectualmente absurdos como el de ´nación de naciones´ serviría de subterfugio para poner en solfa la soberanía nacional del pueblo español y la unidad de España, y los principios fundamentales que llevan aparejados como la igualdad de derechos y libertades entre españoles y la solidaridad interterritorial. Tendríamos como resultado una Constitución que no sería digna de tal nombre, absolutamente desvirtuada y desnaturalizada, que es precisamente el objetivo de los que persiguen su erradicación. También, en otro ámbito, se debería proceder con sumo cuidado en cuanto al reconocimiento de los llamados ´nuevos derechos´, porque se corre el riesgo de convertir a nuestra ley de leyes en una especie de barra libre y, en consecuencia, hacer inviable nuestro Estado del Bienestar.

Una reforma de la Constitución es, por tanto, materia tan delicada que no podría entenderse sin el detenimiento y el sosiego necesarios para su elaboración, y ni mucho menos sin el prisma del consenso que la hizo posible en su momento. La Región de Murcia, por su parte, tendría mucho que aportar y, como ha dejado claro nuestro presidente, Fernando López Miras, cualquier modificación constitucional ha de poner mayor énfasis al principio de solidaridad para tener acceso, sin distinciones ni privilegios, a recursos que son de todos, como el agua. Un agua que, además de ser imprescindible para el desarrollo de la Región, es un bien al que tenemos derecho los murcianos, al igual que el resto de los españoles, y que el Estado, como avalista de la igualdad entre españoles, nos debería garantizar.

En ese mismo sentido, desde la Región de Murcia deberíamos defender una reforma de la Constitución que, lejos de intentar contentar a quienes desde la reivindicación permanente jamás se van a contentar, refuerce la unidad de la nación española como mejor garantía de la plena igualdad de derechos y solidaridad entre todos los españoles. Aprovechemos la oportunidad que se nos presenta para, desde la lealtad y el compromiso con los principios y valores constitucionales, hacer realidad que ningún murciano sea menos que ningún otro español.