Al Ayuntamiento de Murcia le crecen los enanos. Melón que abre, melón que se le complica. La causa de tal circunstancia no está muy clara. Podría ser una incompetencia administrativa larvada durante años; podría ser por dejadez y pereza o podría ser por el capitalismo a ultranza y sin alma que parece que ha poseído a las empresas que campan en esta Región, en este país y en el mundo entero. El caso es que cada vez hay más dudas sobre si las contratas públicas y externalizaciones que se hacen en el municipio de Murcia son justas y responden al interés de mejorar la vida de los ciudadanos y de las personas que desempeñan el trabajo objeto de ese contrato. El último episodio de este capítulo de la prestación de los servicios públicos lo ha escrito la contrata del alumbrado público, cuyo pliego de condiciones no garantiza que la adjudicataria tenga que subrogar a los 55 trabajadores actuales de la concesionaria. Los grupos de oposición de PSOE, Ahora Murcia y Cambiemos ya han anunciado que presentarán alegaciones a esas condiciones, que en medida alguna tienen mucho sentido. Por su parte, el concejal de Hacienda, Eduardo Martínez-Oliva, se ha apresurado a aclarar que si los técnicos así lo consideran cambiarán el pliego para que no haya despidos.

Está claro que al ayuntamiento capitalino no le va nada bien con las contratas y con las externalizaciones. Hay varios ejemplos de ello. La de Ayuda a Domicilio acabó con años de huelgas y concentraciones en la puerta de la Glorieta, algo que no está claro que no va volver a producirse si como denunció hace meses Ahora Murcia es posible que no se esté dando la prestación de este servicio tal y como se concibió inicialmente. Tampoco está teniendo mucha más suerte la contrata de la limpieza de los colegios, cuya empresa ha sido sancionada por la Administración local. Cambiemos Murcia ha puesto sobre la mesa la falta de personal en esta adjudicación que, según esta formación de izquierdas, puede poner en peligro la salud de los niños.

Tampoco la vigilancia de los mercados acabó bien, con meses y meses de impagos a los empleados de seguridad; al igual que la del Ramón Gaya, cuya situación clama al cielo. Debe de ser descorazonador acudir a diario a tu puesto de trabajo y que no te paguen. Y así un día tras otro, un mes tras otro. A la externalización de los cobros de los tributos le han salido también varios frentes, uno de los cuales ha acabado judicializado. Lo que está claro que es que la forma en que se hacen estos procesos no acaba siendo lo efectiva que se podría esperar.

El AVE y la ´Operación Lezo´

Si los contratos son el caballo de batalla de cualquier administración también lo son la participación de las administraciones en organismos autónomos, pero vinculados. En este apartado puede haber algo más que sustos. Pueden producirse delitos destapados años después, como en la ´Operación Lezo´, que investiga el expolio que sufrió el Canal de Isabel II de Madrid. En esta presunta trama de corrupciones hay distintos imputados, pero existe uno que en los últimos meses viene mucho por la Región a explicar que el AVE llegará soterrado al Carmen y que no es necesario que los vecinos sigan manifestándose para pedir el soterramiento de las vías. Se trata de Juan Bravo, exconsejero de Hacienda en la época en que Alberto Ruiz-Gallardón era presidente de la Comunidad de Madrid. Bravo es ahora presidente de Adif y quiere que los vecinos se crean a pies juntillas lo que dice sobre el proyecto ferroviario de Murcia. Increíble que el valedor de esa iniciativa sea un dirigente popular que está imputado por prevaricación y malversación, al igual que su antiguo jefe, y que tendrá que ir a declarar ante el juez por esa acusación antes de comerse el turrón.

Por cierto, que los vecinos del sur ya llevan 90 días de movilizaciones y no se aburren. Hasta le hacen hueco a los policías secretas que les manda el nuevo delegado del Gobierno, Francisco Bernabé, a quienes invitan a cantar villancicos. Por nadie pase.