Nunca como hasta ahora la Constitución de 1978 había gozado de tanto predicamento. Nunca tantos habían asegurado reconocerse en ella para, presuntamente, defender el orden democrático del que nos dotamos como país hace ya cuatro décadas. El 39 aniversario del texto constitucional se celebró el pasado día 6 con un fervor institucional (y agresividad, añadiría) sin precedentes. Y todo por la crisis del modelo territorial que el conflicto catalán ha puesto abruptamente de manifiesto. La Constitución, en este contexto, representaría no sólo la unidad de España frente a quienes quieren romperla, sino también la democracia y la solidaridad entre territorios, puestas en cuestión por el desafío independentista. Ser constitucionalista, en fin, vendría a ser el único modo de ser demócrata y respetuoso con el orden legal, frente a quienes, irresponsablemente, buscan atajos que se salen de la ley o realizan propuestas descabelladas que no caben en ella.
Ocurre que este relato, sencillamente, es mentira. Y es falso porque encierra la terrible paradoja de que quienes hoy se envuelven en la Constitución y consideran su articulado poco menos que las sagradas escrituras esculpidas en piedra llevan muchos años incumpliéndola y cercenándola en todos aquellos de sus aspectos que hacen referencia a los derechos sociales y las libertades. Veamos.
Uno de los pilares de la Carta Magna es la separación de poderes, y si algo tiene claro casi todo el mundo es que eso no existe en este país. Efectivamente, la composición de los altos tribunales está determinada por las fuerzas políticas del bipartidismo, lo que explica ese espectáculo que reiteradamente se ofrece por parte de algunas altas instancias judiciales en relación, fundamentalmente, a los casos de corrupción. Incluso Ciudadanos, antes de devenir definitivamente como muleta derecha del PP, tenía como uno de sus ejes políticos la consecución de una justicia independiente a partir de la constatación de que en España no existe tal independencia. Lo hemos visto, aparte de en las ya mencionadas corruptelas del PP, en lo concerniente a Cataluña, donde se ha aplicado el artículo 155, con el beneplácito judicial, como si se hubiera aceptado en 1978 una enmienda constituyente de Alianza Popular que contemplaba el cese de un Gobierno autonómico. Ocurre que esa enmienda fue rechazada por el Congreso de los Diputados. Pero es que incluso, en lo tocante a este asunto, se ha pateado el Código Penal, como señalan más de cien catedráticos y profesores de Derecho Penal, cuando se ha encerrado a independentistas catalanes por unos delitos de rebelión y sedición que no habrían perpetrado. No parece muy constitucional encarcelar a personas por delitos que no han cometido. Por no hablar del doble rasero de la Justicia según la cuna del justiciable.
Trasladándonos unos años atrás, concretamente a 2011, se produjo lo que a mi entender es la mayor violación del texto constitucional: PSOE y PP modificaron, en dos semanas veraniegas y sin someterlo a referéndum, el artículo 135 de la Constitución, a fin de que el objetivo esencial de la política presupuestaria no fuera la atención a las necesidades sociales de los españoles, sino el pago de la deuda contraída con los bancos extranjeros; una deuda irresponsable forjada, en lo esencial, por las élites depredadoras que padecemos. Ese proceder del bipartidismo fue una de las mayores expresiones de antipatriotismo que se hayan conocido, aunque sus promotores se envuelvan cada día en la bandera española.
Pecan contra la Constitución cada día que amanece. Aquélla, en su artículo 35, establece que todos los españoles tienen el derecho a una «remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia». Los salarios de hambre que hoy se pagan son la prueba de cargo contra estos constitucionalistas de banderita, que incluso se niegan a una renta básica digna para atender a la ciudadanía que carece de trabajo.
Concluyendo: una involución muy conservadora en lo social y territorial, incluso con flecos de violencia ultraderechista, está utilizando la Constitución como fuente de legitimidad para su proyecto regresivo. Una Constitución que violan a diario.
