El agua es un toro de muchos kilos que Mariano Rajoy y Pedro Sánchez (los líderes de los dos grandes partidos) están obligados a lidiar con valentía, generosidad y sentido de Estado; no solo por el seco sureste peninsular, sino porque la terrible sequía que este año está padeciendo gran parte del país ha puesto de manifiesto que el agua es una cuestión prioritaria que no admite demora. Ya hemos perdido demasiado tiempo mirando al cielo e intentando sepultar la palabra TRASVASE que, irremediablemente, sigue siendo parte de la solución; y es así porque no podemos construir ‘desaladoras por un tubo’ como he escuchado decir a un dirigente socialista murciano en un arrebato de ‘autosuficiencia hídrica’.
Diego Conesa en Ferraz. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez reunió el pasado martes en Ferraz a sus consejeros autonómicos y responsables de agua de toda España (unas cuarenta personas) ante los que se comprometió a impulsar «un inaplazable pacto social del agua, adaptado a la realidad climática que estamos viviendo» y que pasa por «ahorro y eficiencia, regeneración, depuración y reutilización y optimización de infraestructuras». Sinceramente, no se me ocurre mejor forma de optimizar una infraestructura ya existente como el acueducto del Tajo-Segura que redotar su cabecera con agua de otra cuenca de tal manera que siga creando riqueza, empleo y bienestar social.
En el documento base del PSOE no aparece la palabra TRASVASE por lo que los socialistas de Murcia, Almería y Alicante se van a tener que emplear a fondo para convencer a Narbona, que es un hueso duro de roer. En esa reunión de trabajo (por Murcia acudieron Diego Conesa, Jesús Navarro y Natividad Muñoz) ya avanzaron las regiones del sureste español que es necesario mezclar agua desalada con agua continental y que van a proponer de manera conjunta un mix que incluye aumentar la producción de agua desalada, la redotación de la cabecera del Tajo y un nuevo trasvase desde el Tajo Medio (Valdecañas) y conexión con el pantano de Alarcón para traer agua a la cuenca del Segura e incluso favorecer los regadíos de Castilla-La Mancha. Eso quieren los socialistas murcianos que incluya el documento final que el PSOE llevará a una cumbre del agua, el clima y la energía que preparan para 2018 y para lo que han creado un grupo federal del agua del que forma parte José Fuentes Zorita. Los socialistas murcianos de Diego Conesa se juegan las elecciones de 2019 en esa cumbre.
El agua no está en la agenda de Rajoy. Mariano Rajoy debe dejar de pensar que «esto del agua es un fistro» y ordenar a su ministra, García Tejerina, que deje de encomendarse a la Virgen para que llueva. De haber realizado una verdadera planificación hídrica, las regiones del norte dispondrían de las infraestructuras necesarias para afrontar con cierta tranquilidad la sequía que ahora padecen. Por otra parte, no es de recibo que haya regiones en España que no depuran más del 9% de sus aguas residuales (España se expone por ello a sanciones de la Unión Europea), que vaya a ser necesario reelaborar los planes de cuenca porque Bruselas está poniendo reparos a la intención de aumentar en 800.000 las hectáreas de regadío en España o que haya redes de distribución tan obsoletas que se pierde hasta un 40% del agua.
El PP de la Región de Murcia no ha conseguido devolver el agua a la agenda política nacional de donde Rajoy la sacó de un plumazo. Ese es su mayor fracaso político. De nada han servido los paseos y los selfies por los jardines de Moncloa de cuatro presidentes murcianos en cuatro años, o quizá precisamente por eso.
El PP de la Región de Murcia se ha quedado sin discurso hídrico a año y medio de las elecciones autonómicas. No han encontrado aún el eslogan que sustituya al «agua para todos» que tantos votos les reportó. Escuchar al diputado Jesús Cano o al coordinador general del PP, Miguel Ángel Miralles (por fin hemos escuchado su voz) calificar de ‘agresión’ la visita a Murcia de Narbona porque derogó el trasvase del Ebro, resulta tan caduco como cansino. Máxime cuando los agricultores ya no les creen porque han comprobado que Rajoy prometió recuperarlo y en cuanto llegó al Gobierno de la nación se olvidó de ello. Probablemente porque leyó el informe de la Comisión Europea de marzo de 2004 desaconsejando la financiación comunitaria para el trasvase del Ebro.
Los diputados de López Miras. El presidente López Miras, que empieza a darse cuenta de lo que se juega, lo está intentado con el ‘artículo 155 del agua’ cuya inclusión pide ante una hipotética reforma de la Constitución aunque eso implique reconocer que el consenso hídrico es imposible. López Miras ha exigido, en alusión a Rajoy, «agua para la región sin dilación. Sin palabras. Sin más promesas. Con hechos». Se puede decir más alto, pero no más claro y lo que necesita es un pacto regional del agua firmado por todas o la mayor parte de las fuerzas políticas y, por supuesto, que sus diputados en el Congreso Teodoro García y Ascensión Carreño recuerden que la política no es un videojuego y que deben lealtad a los murcianos.
Ambos han dejado que Ciudadanos les meta un gol por toda la escuadra. Han perdido una oportunidad única de reforzar al presidente López Miras, que defiende que los regantes no paguen por la amortización del acueducto si no están recibiendo agua y, además, les pidió que no votasen en contra de la enmienda naranja. Debieron votar a favor por muy oportunista que la considerasen. Con su defensa a ultranza de las tesis del ministerio, los diputados populares lo único que han conseguido es dar alas a Ciudadanos y reforzar la idea de aquellos que piensan que es absolutamente necesario en Madrid un partido regionalista que no se deba a ninguna disciplina de voto. Que al día siguiente López Miras ordenara a sus diputados en la Asamblea Regional registrar una moción instando al Gobierno de la nación a que adopte medidas para que no paguen el coste fijo del trasvase hasta no recibir agua, es tan inútil como ridículo.
Los diputados populares, para justificar que la tasa de amortización no es eximible legalmente, exhiben una sentencia del Tribunal Supremo de 2014 que acabó estimando un recurso del Sindicato Central de Regantes; y será la que éstos esgriman para recurrir ante el citado tribunal todas y cada una de las liquidaciones que reciban del organismo de cuenca en todas y cada una de las comunidades de regantes dependientes del acueducto Tajo-Segura. «El trabajo legal será ímprobo», advierte el presidente del SCR, Lucas Jiménez, que ha calificado de ‘vergonzosa’ la actitud de los dos diputados populares a los que achaca ‘desconocimiento’ y a quienes aconseja que lean la sentencia a la que aluden porque dice literalmente «la tarifa del acueducto se descompone en tres conceptos, que después se suman para obtener la tarifa total...». Lucas Jiménez se lo ha advertido en privado: «Esto va a ser una sangría de votos para el PP».
«No íbamos a votar a favor de una enmienda que es una mentira y que insta a hacer algo que en este momento es ilegal», alegan sus señorías en el Congreso que, sin embargo, no han explicado aún por qué han tardado tantos años en aplicar ese nuevo cálculo de tarifa del trasvase siendo la sentencia de 2014. ¿Será que Castilla-La Mancha lleva varios meses sin recibir dinero de los regantes murcianos debido a los trasvases cero y quiere seguir haciendo caja?
Cospedal, por delante. Desconocemos si Narbona estuvo implicada en la muerte de Manolete; lo que sí sabemos es que de no ser por las desaladoras que promovió y que el Gobierno murciano propuso desmontar para vender a los países árabes al considerarlas un fracaso, muchos agricultores no habrían podido seguir regando durante meses y, por supuesto, ahora no habría agua para beber porque desde hace meses no llega ni una gota del trasvase del Tajo. Y no llega por la sequía en cabecera, pero antes de eso, por un memorándum que hábilmente negoció Cospedal imponiendo una reserva de cuatrocientos hectómetros cúbicos. Cospedal, cuya sombra es muy alargada, quiere recuperar para el Partido Popular la comunidad de Castilla-La Mancha. Solo así se entiende que el Gobierno de la nación, precisamente ahora, quiera obligar a los regantes del trasvase a pagar por no recibir agua cuando la Ley 52/80 dice que «la tarifa del trasvase está sujeta a la disposición y aprovechamiento del agua».
Campo minado. El año y medio que resta hasta elecciones es un campo minado para los populares murcianos. Lo último que necesitaban era el tiro en el pie de Teodoro García y Ascensión Carreño. Veamos: a lo que puedan deparar los casos Púnica y Auditorio hay que sumar la manifestaciones de los regantes en defensa de la huerta de Europa; el toro de las probables restricciones para abastecimiento; la denuncia de Fiscalía por la contaminación del Mar Menor que llegará hasta Bruselas porque van a descubrir que han estado dando fondos europeos a grandes empresas que sistemáticamente han incumplido la directiva de contaminación por nitratos, y el levantamiento del secreto del sumario del caso desaladora de Escombreras; un caso que apunta directamente al eurodiputado Valcárcel, que en 2019 quiere repetir en la candidatura al Parlamento Europeo para seguir saboreando la mieles de la élite política europea. Una desaladora promovida por el Gobierno murciano que no ha llegado a producir más de diez hectómetros cúbicos al año y por la que pagamos anualmente unos veinte millones de euros a la empresa ACS de Florentino Pérez, de tal forma que cada metro cúbico de agua desalada sale a 2,5 euros. Una ruina para las arcas públicas regionales y una bomba judicial para el PP.
No obstante, habrá que seguir investigando si Narbona estuvo implicada en la muerte de Manolete aquella tarde de toros en Linares.
