Es frecuente leer estos días que la violencia machista es el máximo exponente de la desigualdad estructural de nuestra sociedad. Sin embargo, la ´violencia contra la mujer´ (como lo califica el CIS, julio 2017) solo se halla entre las principales preocupaciones de una de cada ochenta personas, y ocupa el puesto 19º en importancia entre la ciudadanía encuestada. Añadido a lo anterior, los problemas relativos a las mujeres, como la desigualdad o la falta de oportunidades, lo son para cuatro entre mil integrantes de la población, según dicho barómetro.

Dejando a un lado la cuestión de cómo se han de computar a las víctimas mortales, la Administración del Estado ha confirmado oficialmente 916 asesinatos machistas desde 2003 hasta el 2017.

Estas son las muertas, pero no las víctimas. La Fiscalía detalla en su memoria de 2016 que, entre 2009 y 2016 se pusieron más de un millón de denuncias por violencia de género, y que en ese período se incoaron 194 causas por denuncias falsas, 18 de cada mil. De ellas, en ocho años sólo han resultado en condena 79, es decir, 75 entre cada 100.000. Si se les suma las 110 causas en tramitación, estaríamos hablando de una tasa de falsedad de una denuncia por cada 10.000. Un porcentaje muy parecido al de otro tipo de denuncias.

¿Les parece mucho que lo que les estoy contando se asemeja a un conjunto deslavazado? Bingo. Ese es el problema de los datos sobre víctimas de violencia machista: que son sólo datos, que no guardan relación entre sí ni relatan ninguna historia sobre las víctimas de modo que se puedan generar aprendizajes para su prevención.

La falta de interés por las violencias machistas está en consonancia con el hecho de que cada vez que hay una agresión sexual contra una mujer, el primer juicio es sobre la víctima. Las víctimas han de pertrecharse de pruebas que justifiquen su denuncia, mientras que los agresores no. A falta de datos específicos, no parece que la violencia machista vicaria que se ejerce contra niños y niñas como personas interpuestas despierte mayor sensibilidad social hacia sus madres.

¿Qué sucede? ¿Qué nos sucede? ¿Por qué esta insensibiidad?

La violencia machista existe porque las mujeres son un objeto, una posesión, un ser inferior y dependiente de los hombres. Así nos ven los agresores. Y que esto es estructural queda demostrado por su frecuencia y, en contraste, por ínfimo valor social que se le da. Es tan estructural el machismo que se transforma para pasar inadvertido, pero las asesinadas y las denuncias lo delatan.

Las violencias machistas son un problema muy grave. Estructuralmente representa un atentado persistente a los derechos humanos del 50% de la población en las sociedades contemporáneas y modernas.

No es fácil pensar que las Administraciones públicas, los poderes públicos no puedan erradicarlo. Claro que se puede hacer. Lo que sucede es que no se hace.

¿Por qué no las combatimos? ¿Por qué los poderes públicos no las atajan? Combatirlas depende de que todas las acciones públicas incorporen la perspectica de género y que las políticas principales se diseñen contando con estas desigualdades y contengan acciones para su erradicación. Esto supone que las políticas públicas de educación, sanidad, dependencia o servicios sociales, las de urbanismo o infraestructuras, por citar algunas principales, pongan su mirada en la igualdad de género. Esto es, que en los colegios, los hospitales, los juzgados, los colegios profesionales, los institutos, los cuerpos de seguridad, las universidades, los ambulatorios... diseñen sus actuaciones teniendo presente las necesidades de mujeres y hombres, niñas y niños y que lo hagan por igual. En este trabajo es fundamental la interaccion de los poderes públicos con las asociaciones feministas, de mujeres y de todas aquellas que tengan como valor o eje promover la igualdad entre mujeres y hombres en nuestro municipio, en nuestra Comunidad autónoma, en nuestro Estado, o allá donde se situen.

El afán no es otro que se instale la cultura de la igualdad de mujeres y hombres frente a una cultura de la sumisión de ellas respecto de ellos; frente a la cultura de asignacion de roles masculinos a hombres y de femeninos, a mujeres. Porque no sólo la asignación de los roles femeninos a las mujeres procura discriminación, sino que también lo genera la de los roles masculinos a los hombres.

La lucha contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres, la lucha contra la violencia machista, es una prioridad que nos obliga a toda la sociedad en su conjunto. Una obligación que le corresponde, en primera instancia, a los Gobiernos y Administraciones pero también a los partidos políticos, sindicatos, organizaciones civiles, y a las personas.

En nuestro país disponemos de magníficos y ejemplares legislaciones estatal y autonomicas. Tambien contamos con el pacto estatal contra la violencia de género y con un futuro Pacto autonómico en la CARM. Todo ello son buenas noticias. No obstante, ni uno ni otro contienen compromisos presupuestarios, compromisos económicos.

Son buenas noticias que se convertirán en despropósitos si no son acompañadas de reales dotaciones presupuestarias. Para ello es necesario cuantificar la violencia de género en todas sus fases. Valorar sus costes y asignar dotaciones presupuestarias en cada partida y para cada acción.

No se podrá avanzar en la erradicación de la violencia machista si no se establecen los mecanismos de coordinación necesarios entre las diferentes administraciones, instituciones con responsabilidad en la materia y asociaciones de mujeres y feministas. Tampoco si no se dota a las distintas administraciones, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos de los recursos económicos adecuados.

No dotar al Pacto de Estado de consignación presupuestaria para 2018, las dotaciones en el presupuesto autonómico del 2018 y devolver las competencias a los Ayuntamientos es una ofensa a las víctimas, que no sólo son las asesinadas, sino una ofensa a los cuatro millones de mujeres que sufren violencia de pareja o sexual fuera de la pareja.

La exigencia responsable no es que se hagan minutos de silencio, ni discursos de condena, ni lecturas de manifiestos ante las puertas de las instituciones. Y menos que una Administracion local como es el ayuntamiento de Murcia enuncie a voz en grito, en los autobuses públicos y en rosa, «Controla tu manera de vestir, maquillarte y comportar en grupo». Puede ser una estrategia de comunicación, seguro. Pero requiere demasiada explicación.

La exigencia es que todas las instituciones protejan y defiendan a las víctimas y a sus criaturas dotando las partidas del presupuesto del Estado, de la CARM y de los Ayuntamientos con cantidades suficientes para la prevención, atención y erradicación estructural de la violencia machista.