Punto de vista

Presos y candidatos

En Bruselas y Estrasburgo se pondrán las cosas más fáciles a los abogados de Puigdemont

15.11.2017 | 04:00
Presos y candidatos

Sostienen algunos juristas que presos políticos solo son los de antes con la dictadura de franquista. E insisten en que los de ahora, los independentistas catalanes encarcelados, son solo políticos que han cometido delitos penales. Algo así como los presos del PP con la corrupción y prevaricación.

Discrepamos yo y otros muchos jurisconsultos. Aquí, en esta España democrática de precaria transparencia judicial, «poco eficiente, de escasa calidad y una de las menos independientes de Europa» (muy abajo en el ranking de la UE), se ha perseguido por la ideología. Y, claro, consecuentemente por las actuaciones no legales de esas creencias libres. No serán presos de la catadura de dictaduras clásicas, pero aquí, ahora, en esta España democrática, son presos por sus ideas. Y es así porque el motivo de su encarcelamiento es un presunto delito político, no un delito común. Y además son candidatos a las elecciones del 21-D.

Ya sabemos que el honorable Puigdemont y los suyos, se tiraron al monte con la declaración unilateral de independencia de Catalunya. Aunque algunos/as ahora digan que fue solo una cuestión simbólica... Y que todo tiene un precio político y judicial. Así están, unos en la cárcel, otros huidos, y todos imputados. Pero, por parte de los autodenominados constitucionalistas (PP, PSOE y Cs), se han cometido bastantes errores y algún que otro desliz jurídico contra la Constitución española al aplicar el artículo 155.

El PP no ha tenido el mínimo reparo en utilizar el aparato del Estado para recortar las libertades en la legislatura anterior (ley mordaza). Y ahora, con el desafío catalán, mucho más. Ha puesto en marcha el aparato gubernamental de la Justicia, del Parlamento, de los medios de comunicación, de voceros y políticos a sueldo.

El ´supositorio´ del artículo 155, el PP, PSOE y Cs, lo justifican presentándose como los garantes de la democracia, de la ley y de la igualdad. Pero eso no es así: mienten. Este conflicto catalán, que se hubiese resuelto simplemente
acordando el derecho democrático de decidir mediante un referéndum, como lo deseaban millones de catalanes, se ha transformado en un pulso para humillar a esos millones de catalanes en nombre de la sacrosanta Constitución. Constitución que cambian a la torera sin despeinarse y sin consultarlo con nadie, cuando al bipartidismo le conviene.

Por cierto, algunos han recordado estos días el «Venceréis pero no convenceréis» de Unamuno, rector de la USAL en octubre de 1936 durante la Guerra Civil, cuando el general de la Legión, el despiadado Millán Astray, atacó a vascos y a catalanes. En ese mismo escenario, Paraninfo de la universidad salmantina, hace unos días Mariano Rajoy agradeció el apoyo expreso de J. C. Juncker, presidente de la Comisión Europea, en sus medidas represivas contra Catalunya. Rajoy aprovechó el honoris causa (el vergonzante ´horroris´ causa) concedido al neoliberalismo de Junker en la USAL. Flaco favor le hicieron al rector Ruipérez cuando apareció en la foto junto a los neoliberales Mariano Rajoy y el galardonado Juncker. El luxemburgués es también polémico promotor de la evasión fiscal en Europa. Y es uno de los principales artífices de las políticas de austeridad y recortes, del desorbitado aumento del paro en nuestro país, de la marcha forzada de España de miles de jóvenes e investigadores de talento en busca de trabajo.

Al final, como manifestaba hace pocos días el exministro Piqué «si hubieran esperado los independentistas 15 años», ni siquiera llegar a otra añada, otra generación más de catalanes y españoles más progresistas, esto habría sido
comer y cantar, digo, lo del referéndum pactado. Y muy probablemente también los cambios constitucionales sobre Catalunya y una España confederal y/o plurinacional. Pero, en vez de eso, el Torquemada Maza lanzó contra el independentismo a sus fiscales y jueces, a la Policía, y a los buitres del Ibex con sus ´tanques económicos´.

Una gran número de juristas, aunque no atacan directamente al Gobierno de politizar la Justicia española, sí admiten intromisiones intolerables y errores de bulto. El auto de encarcelamiento de la jueza Lamela es precipitado, de gran controversia jurídica y desproporcionado. Es un despropósito sumarial. Y esa precipitación va a hacer que en Bruselas y luego en Estrasburgo, se pongan las cosas más fáciles a los abogados de Puigdemont, por no redactar un auto de procesamiento más ajustado a Derecho y en consonancia con los derechos fundamentales de políticos y ciudadanos de un Gobierno democrático europeo.

Fiscal y ministro reprobados por el Congreso (Maza y Catalá) dirigen el supositorio del 155 y la casi reprobada Soraya se convierte en virreina de Cataluña por capricho de Rajoy. Todo para solucionar el desafío catalanista y llevarnos a un puerto tranquilo sobre el futuro de Catalunya. ¡Dios nos pille confesados, y sobre todo a los procesados e independentistas!

Los jueces decanos han solicitado que el Poder Judicial «sea y parezca ajeno a cualquier influencia política, que se despolitice». Es más, parece que el Estado de Derecho funciona, porque los propios autos del juez Llarena del Tribunal Supremo han rectificado al fiscal general y a la jueza Lamela, de la Audiencia Nacional. ¿No sería este alto tribunal de la nación, con este juez del Supremo, el que tendría que llevar todas las causas sobre el independentismo catalán y coordinara los argumentos contra ellos y los delitos imputados?

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