Cuando ya parece que el morro de poner muy por debajo en la escritura pública el precio que has pagado por una casa, con el fin de pagar menos impuestos de derechos reales el comprador y menos plusvalía el vendedor, todo gracias al mete-mano del catastro generalmente y también por la vigilancia de los notarios para que por una parte no se ponga un precio tan falso en los contratos de compraventa, y por otra para evitar que en sus antesalas se trafiquen con sobres llenos de dinero negro, normalmente por los ya más o menos controlados billetes de quinientos euros, resulta que aparece la ex juez, ahora política y alcaldesa de Madrid Manuela Carmena denunciando a Ana Botella, esposa del inigualable Aznar, que cada vez que habla gana más votos el PSOE, y a todo su equipo gubernamental en su etapa consistorial, ante el Tribunal de Cuentas.

Total, que por haber vendido o autorizado la venta de 1.860 pisos públicos protegidos al fondo de inversión Fidere, muy por debajo de su valor de mercado, le piden 127 millones de euros. ¿Se imaginan tener que pagar de sus bolsillos esa cantidad? No creo que tengan ese dinero, o sí, porque sueldo para ello deben ganar entre los dos, lo que ya no sé es el resto de los exediles, a los que no consta tan buenas relaciones en la boda de un hijo/a como El Bigotes o Berlusconi. En cualquier caso, probablemente no se enteran de nada, no solo porque sea verdad sino también porque es la costumbre cuando te acusan de que falta dinero. Aunque si se aplica la doctrina Messi, no es excusa absolutoria el no saber nada de lo que pasa en tu casa, en tus cuentas, en tu administración y hasta en tu vida. Lo que ya ignoro es si para devolver ese dinero está comprometido el patrimonio particular de cada gestor público siempre, nunca o solamente si existe dolo en su gestión, esto es, cuando intencionadamente se gestionó mal.

Concretamente se piden 127.224.780 euros más intereses por la diferencia entre el precio de venta y el precio tasado de mercado a la fecha de la venta, conforme a dictámenes periciales, así como por lo que se pagó a una intermediación inmobiliaria innecesaria. Subsidiariamente, se reduce la petición a 56 millones de euros más sus intereses si se atiende al valor catastral. Todo ello por no haberse tasado los bienes inmuebles antes de la venta, por no fijarse los precios de salida y por carecer la operación de informes de viabilidad jurídica y económica

El control de regularidad que corresponde a este Tribunal es para comprobar la legalidad de la gestión de las finanzas públicas, en tanto que el control operativo tiene como finalidad la evaluación total o parcial de la gestión de la actividad económico financiera de la entidad a fiscalizar. Tengo la esperanza de que con los 748 funcionarios que tienen, el presupuesto de más de 63 millones de euros, que por cierto y dando ejemplo ahorran el 11% del mismo, y con 400 asuntos pendientes al final del año pasado, podamos saber prontamente si la exmagistrada, y exvocal del Consejo General del Poder Judicial o su equipo de gobierno, ha patinado pidiendo responsabilidades a la anterior Corporación municipal, lo que sería muy fuerte dada su condición de jurista. O por el contrario tienen razón, en cuyo caso lo fuerte sería para la señora expresidenta consorte del Gobierno. Espero que aquí su marido no diga aquello de a mí nadie me tiene que decir lo que puedo o no hacer.