Alto y claro: ya está bien

El vigente modelo se aprobó, mediante Ley, en diciembre de 2009, y fue de aplicación efectiva ese mismo año. Una de sus disposiciones adicionales preveía que el sistema se revisara quinquenalmente para valorar cuáles eran los resultados derivados de su aplicación, con la finalidad de garantizar la autonomía y la suficiencia de las comunidades, así como el equilibrio y la sostenibilidad del sistema. En otras palabras, había que haberlo revisado con efectividad de 2014.

Como todos sabemos, eso no sucedió, a pesar de que el señor Rajoy tomó posesión de su cargo a finales de 2011, y tuvo dos años completos, 2012 y 2013, para realizar ese obligado ejercicio, y no sólo porque fuera un mandato legal, que lo era, sino porque, además, como consecuencia de la crisis financiera internacional y de la Gran Recesión que la siguió, se produjo un hundimiento de los ingresos de las Administraciones públicas, de lo que se derivó una grave insuficiencia para sostener los servicios públicos fundamentales, con carácter general, pero en mayor medida para las comunidades autónomas que para la administración general del Estado, ya que ésta pudo incrementar impuestos, concretamente el IRPF y el IVA, pero sin entregar, de forma efectiva, a las Comunidades autónomas los tramos que les corresponden, al compensar estos aumentos mediante disminuciones de sus aportaciones a través del fondo de suficiencia previsto en el sistema de financiación. Además, para cuadrar sus compromisos de déficit público con la UE, se reservó para sí misma un porcentaje muy superior al que le correspondía en función de su participación en el gasto total.

Entonces dijo que la crisis impedía abordar la reforma del sistema de financiación, pero que se haría inmediatamente después de aprobar la reforma fiscal. En ese momento, volvieron a aplazar, sine die, la revisión, con el pretexto de que todavía no había dinero suficiente. Excusas. Se puede repartir la abundancia, pero también la escasez, consiste en hacerlo de una forma equitativa, porque la falta de recursos no puede justificar un tratamiento discriminatorio de unos españoles frente a otros.

Uno de los problemas esenciales del vigente sistema de financiación, exactamente igual que lo tenían los anteriores, es que partió de la idea de mantener el statu quo, para contentar a todo el mundo. Pero es imposible, simultáneamente, que se pueda respetar el statu quo y diseñar un sistema que garantice la igualdad de oportunidades entre todos los españoles, sencillamente porque el sistema está mal planteado desde el primer momento, y cada vez que se ha reformado ha sido para poner más recursos y más parches. Hay que partir de cero, aunque pueda preverse un periodo de transición para diluir su impacto.

El presidente del Gobierno es plenamente consciente de todo esto. En enero del año en curso, en la Conferencia de Presidentes Autonómicos se acordó crear una comisión de expertos integrada por personas propuestas tanto por el gobierno central como por las comunidades autónomas. Dicho acuerdo fue refrendado posteriormente por el Consejo de Ministros. El informe debía de estar listo en seis meses.

Desde febrero a julio, la comisión de expertos, formada por cinco representantes del Estado y otros dieciséis designados por catorce Comunidades autónomas (todas excepto las dos forales, a las que no les afecta el sistema, y Cataluña, cuyo Gobierno, como es sobradamente conocido, está 'en otras cosas') y las ciudades de Ceuta y Melilla, celebró diecinueve reuniones. A finales de julio, la comisión entregó al Gobierno de la nación su informe, que contiene los análisis necesarios para que pueda formularse un nuevo sistema de financiación de las Comunidades autónomas de régimen común que esté basado en principios de solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y que sea capaz de garantizar el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos.

El informe tiene un cuerpo común en el que todos los expertos de la comisión coinciden en identificar una serie de problemas del sistema vigente y de propuestas para reformarlo. Es cierto que existe un conjunto de votos particulares en el que, quienes los firman, expresan una opinión distinta respecto a temas concretos. Pero son mucho más las coincidencias que las diferencias, y, sobre todo, éstas últimas no pueden convertirse en una coartada para no hacer lo que se debe.

La idea original, el compromiso adquirido por el presidente del Gobierno, fue que en 2017 tendríamos un nuevo sistema de financiación. Pero ya intuimos que no va a ser así. La comisión de expertos ha hecho su trabajo, pero el presidente del Gobierno parece que no quiere hacer el suyo. Fue a él a quien eligió el Congreso de los Diputados para que dirigiera este país, y es él quien tiene la obligación de alcanzar un consenso, el más amplio posible, en el Parlamento, para sacar adelante este tema que es vital para los españoles.

Puede parecer que estamos hablando, exclusivamente, de dinero y no es así. Hablamos de servicios públicos fundamentales: educación, sanidad, servicios sociales, particularmente el gasto derivado de atender la dependencia. Por tanto, de calidad de vida, de bienestar. Estos servicios son los que gestionan las Comunidades autónomas y, obviamente, tienen un coste, por lo que, sin una financiación adecuada, se deterioran, y con una financiación discriminatoria, no se garantiza la igualdad de oportunidades que proclama nuestra Constitución. Y hay que cumplir la Constitución, ¿verdad, señor Rajoy?

El informe de la comisión de expertos constata, en primer lugar, que el sistema actual sufre de una notable insuficiencia de recursos, globalmente considerada, para que las Comunidades autónomas puedan financiar sus competencias. Dicho de otra forma, se comprueba que existe un claro desequilibrio en el reparto del total de los recursos a favor de la Administración General del Estado, y en contra de las Comunidades autónomas, haciendo bueno el famoso refrán «quien parte y reparte se queda con la mejor parte».

Es imprescindible que se alcance un acuerdo, el más amplio posible, sobre cuántos recursos necesitamos para financiar nuestro estado del bienestar (una gran parte del cual está a cargo de las Comunidades autónomas), que es más débil que el de los países de nuestro entorno con los que pretendemos homologarnos y converger. Para ello hacen falta recursos, por supuesto, pero hay mucho margen para conseguirlos, dado que nuestra presión fiscal (recaudación sobre PIB), es muy inferior a la media europea, y no porque los tipos impositivos sean menores, sino porque la gestión tributaria es deficiente y el volumen de fraude muy elevado.

Pero además de un problema de volumen total de recursos y de cómo se distribuyen entre el Estado y las Comunidades autónomas, tenemos otro sobre cómo se reparte la cuantía que va a las Comunidades. No es presentable que exista una diferencia tan amplia entre la Comunidad autónoma que recibe más recursos per cápita por población ajustada (Cantabria) y la que menos (Comunidad Valenciana), entre las de régimen común. Además, será imprescindible revisar las aportaciones de las forales (Navarra y País Vasco), al conjunto, porque una cosa es que la Constitución garantice, con el concierto, un sistema especial por medio del cual recaudan directamente los impuestos, y otra muy distinta que ello sea una coartada para no contribuir adecuadamente, como todas las demás, al conjunto.

Y es su responsabilidad, señor Rajoy, porque para eso es usted el presidente del Gobierno. No abandone por más tiempo este grave problema. Experiencia tiene en que dejar que se pudran los problemas no ayuda a solucionarlos, porque de la putrefacción nada bueno puede salir. Los problemas, si son tan serios como éste, hay que abordarlos a tiempo, si no, pasa lo que está pasando en otros ámbitos y que todos lo estamos sufriendo. Así que, alto y claro, ya está bien.