Tras la represión del 1-O en Catalunya y el dudoso privilegio de copar las portadas de la prensa internacional, en un nuevo movimiento el Estado ha puesto en prisión sin fianza a dos líderes de la sociedad civil catalana por convocar manifestaciones pacíficas. Es muy grave tener que hablar de presos políticos en el Estado español, pero hoy tenemos que hacerlo. Incluso Amnistía Internacional (que no es sospechosa de estar controlada por rojos, masones o separatistas) se ha pronunciado reclamando la libertad para Sànchez y Cuixart. Castigar a la sociedad civil organizada es una muestra más de la deriva autoritaria de Rajoy, de su cobardía y de su enorme miedo a la movilización ciudadana. Pero el Gobierno no inventa nada, sino que copia letra por letra el viejo manual de criminalización de la protesta. Prueba de ello es que los sectores más reaccionarios, encarnados en Ciudadanos, han dejado caer la posibilidad de ilegalizar determinados partidos por sus ideas. Una terrorífica involución democrática, que sabemos cómo empieza, pero no cómo acabará.
Mientras el Govern evita una Declaración Unilateral de Independencia al tiempo que muestra su disponibilidad para una salida negociada para la sociedad catalana (que en un 80% quiere decidir sobre su relación con el Estado), el PP, con el apoyo incondicional de PSOE y Cs, mantiene su hoja de ruta para aplicar el 155 y acabar con la autonomía catalana. Lo que el Partido Popular plantea es, a efectos prácticos, gobernar Catalunya con apenas un 8,5% de los votos. Pero aún hay más, la mitad de esos votantes declaraban en una encuesta de Metroscopia para El País, que la solución al conflicto pasa por un referéndum pactado y con garantías. Lo que piensa y apoya el 80% de la población catalana, debería ser considerado en la arena política, si se hiciera política, claro. Esconderse tras los tribunales es otra muestra más de la cobardía política de Rajoy y los suyos, incapaces de aportar argumentos más allá de la defensa a ultranza de ley y la Constitución del 78.
Ni porras ni sentencias judiciales pueden ser herramientas políticas válidas en Democracia. Y menos con un sistema judicial que dista mucho de ser independiente. Que el 80% de la población catalana respalde como solución un referéndum demuestra cómo la sociedad es mucho más avanzada que quienes nos gobiernan. La democracia nunca debe darnos miedo. Y cuando asusta a los de arriba es precisamente cuando más necesaria es.
El aparato mediático está siendo la herramienta clave para extender el relato del Gobierno, y sus expresiones son tan descaradamente parciales y faltas a la verdad, que la hemeroteca de estas semanas será digna de estudio. Pero no podemos olvidarnos de otro aparato, menos evidente, más oculto, como es la diplomacia. Impresiona el empeño que el Gobierno ha puesto en arrancar de boca de líderes mundiales y organizaciones internacionales su apoyo a ´la unidad de España´, y hasta hemos visto (no sin cierto rubor) a los presidentes del Parlamento Europeo y de la Comisión gritar «¡Viva España, viva el rey!» durante la entrega de los premios Princesa de Asturias. Resulta hasta cómico si no fuera por la gravedad del momento, y por la clara señal de involución que simbolizan (queramos o no) esas proclamas.
Esta forma autista, autoritaria y represiva de afrontar los problemas en contra de los consensos de la ciudadanía, no nos es ajeno en Murcia. Después de más de treinta días de protestas continuadas contra la llegada del AVE en superficie, después de la manifestación más grande que se recuerda en la ciudad de Murcia (con más de 50.000 murcianos y murcianas reclamando el soterramiento de las vías), el Partido Popular responde con mentiras a la sociedad, multas a las vecinas y vecinos, criminalización de la protesta pacífica y judicialización de un problema político.
Y es que no se trata de Catalunya, de la unidad de España o de perder más o menos votos con ésta o aquella posición política; se trata de algo más peligroso, de una deriva autoritaria del Estado amparada por PP, PSOE y Cs, que afectará no solamente a los catalanes, sino que tarde o temprano llegará a todos los rincones del Estado. Incluyendo Murcia, donde ya estamos viviendo el estado policial al que el Partido Popular somete a los vecinos y vecinas del sur de la ciudad mientras les construyen un muro frente a las puertas de sus casas.
Ningún Gobierno puede secuestrar, con represión y autoritarismo, los consensos sociales de la ciudadanía, sea en Catalunya o en la ciudad de Murcia. Cuando esto ocurre, los de abajo tenemos dos herramientas muy poderosas: la desobediencia civil pacífica y la solidaridad entre hermanos y hermanas.
Usémoslas para forzar el diálogo y reclamar soluciones políticas que respeten el derecho a decidir que tenemos sobre todos los asuntos importantes que afectan a nuestras vidas.
