Comparto con mi amigo Jerónimo Tristante que «estamos comandados por gente que adolece de graves carencias formativas» que, en mi opinión, no logran soslayar pese a los muchos asesores técnicos de que se rodean porque incluso para ser asesorado y saber escuchar es necesario tener formación; quizá por eso la política ha dejado de anticiparse a los problemas de la gente y ya no se percibe como un instrumento útil al servicio de los ciudadanos sino como una pesada y costosa carga.

En una región como Murcia donde el sol está llamado a ser el nuevo petróleo (de eso se les llena la boca a nuestros dirigentes políticos) resulta inconcebible que aún no exista ninguna planificación sobre corredores energéticos que den salida a la electricidad generada por la plantas de energía fotovoltaica existentes y proyectadas. Ese aspecto solo es hoy un apunte en el plan energético de la región de Murcia 2016-2020 que reconoce como debilidad «el desigual desarrollo de las redes para evacuación o suministro de energía en el territorio» cuya solución, dice el documento, deberá diseñar la UPCT en colaboración con las compañías distribuidoras mediante la elaboración de un plan del que no se tienen noticias Sin ese plan de evacuación eléctrica, la región de Murcia corre el riesgo de convertirse en una gran telaraña de cables porque soterrar kilómetros de líneas eléctricas resulta muy caro y las empresas, que se deben a sus accionistas, optan por transportar la energía a cielo abierto.

Es el caso de la planta solar proyectada en la pedanía lorquina de Zarcilla de Ramos por la empresa X Elio de capital norteamericano con una capacidad de 333MW sobre una superficie aproximada de 1.000 hectáreas y que supuestamente generará 3.000 puestos de trabajo durante la construcción (590 durante la explotación), cifras que se antojan bastante exageradas si tenemos en cuenta que la empresa Iberdrola en toda España y en todos sus negocios, tiene un plantilla de 8.000 trabajadores.

La empresa plantea llevar la energía mediante una línea de alta tensión de categoría especial (400 kV) cuyo coste ronda los 8 millones de euros, a lo largo de casi 40 kilómetros desde Zarcilla de Ramos hasta la subestación de alta capacidad que Red Eléctrica Española tiene en Totana (en Lorca no hay una subestación de esas características capaz de absorber ese torrente de energía), atravesando por zonas de cultivo de uva de mesa y hortalizas y sobrevolando naves ganaderas, agrícolas y viviendas. Un proyecto del que los vecinos afectados se enteraron en 2015 por los medios de comunicación aunque los acaldes populares de Totana y Aledo hasta mayo de ese año, Isabel Sánchez y Simón Alcáraz respectivamente estaban al tanto desde 2013 porque alegaron al proyecto. No debieron considerar importante informar a sus vecinos de lo que les pasaría por encima no fuesen a promover molestas manifestaciones. Debieron pensar que cuanto menos supieran mejor, contribuyendo así a la indignación vecinal que ha visto como los grupos en la oposición también callaron. Un vecino afectado lo resume con esta frase: «Son todos unos sinvergüenzas. No te puedes fiar de nadie», a lo que otra vecina añade: «Mira si somos tontos en Totana que hemos tenido dos alcaldes del PP en la cárcel y seguimos votando al mismo partido».

La contestación social al trazado de la línea se traduce ya en más de 11.000 firmas y 6.000 alegaciones medioambientales y socioeconómicas en contra de un tendido eléctrico de muy alta tensión que la empresa se empeña en llevar por el lugar más inadecuado dados los afectados aunque hay alternativas.

En julio de 2013 el Servicio de Gestión y Disciplina Ambiental de la dirección general de Medio Ambiente de la consejería de Presidencia recomendó que la empresa aprovechara el pasillo eléctrico de la línea de 132 kV de Iberdrola que ya existe entre Lorca y Totana porque, según ese informe, «minimizaría el impacto al medio natural». Una opción que avaló favorablemente Iberdrola. La empresa promotora de la planta solar la rechaza porque, según alega, afectaría a un plan parcial aprobado hace años por el ayuntamiento de Lorca cuyo alcalde, Fulgencio Gil, se está poniendo de perfil en este asunto y está dando largas a los actuales alcaldes socialistas de Totana y Aledo que, junto a la plataforma, llevan desde julio pidiéndole una reunión. La plataforma cree que bastaría con modificar ese plan parcial a no ser que el consistorio lorquino ya haya hecho caja a cuenta del mismo y su modificación conlleve la devolución del dinero a los promotores que es lo que sospechan. Gil está siguiendo la estela de su antecesor en la alcaldía, Francisco Jódar, que siempre defendió la planta y nunca quiso hacer frente común con los primeros ediles de los otros municipios del Guadalentín afectados que solo se oponen a la línea.

La empresa X Elio, que en su página web informa de que la planta solar «está en operación», se ha limitado a modificar quince kilómetros del trazado de la línea de alta tensión aunque con ello no ha impedido que siga habiendo viviendas a menos de cien metros de la línea. Al contrario, ha conseguido aumentar los afectados hasta 600 que el año pasado pidieron protección a la Asamblea Regional y están comprobando que los acuerdos de pleno del Parlamento importan un pimiento y menos.

En febrero de 2016, por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, la Asamblea instó al Consejo de Gobierno a que en colaboración con los ayuntamientos de Lorca, Aledo y Totana, estudiase y aplicara las medidas necesarias para que «el corredor a utilizar para el transporte de la energía producida en la planta fotovoltaica de Zarcilla de Ramos tenga la menor afección a las viviendas, industrias y a las explotaciones agrícolas y ganaderas». Ni caso. La consejería no ha hecho nada al respecto y la empresa sigue a lo suyo, solo que ahora ofrece dinero a los afectados a cambio de que desistan en sus protestas con el argumento de que «quien acepte los acuerdos se ahorra el proceso de expropiación y cobra más dinero» aunque aún no disponen de la declaración de utilidad pública que debe aprobar el Consejo de Ministros.

Los vecinos afectados e interesados, que están dispuestos a llegar hasta Bruselas, creen que se ha prevaricado al ocultarles el proyecto y han solicitado al ministerio de Industria que declare la nulidad de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de la central solar porque alegan que, vulnerando la legislación vigente, no les consultaron ni les dieron participación.

Resulta tan elocuente como descorazonador que con tantos políticos cobrando del erario público, los ciudadanos se vean obligados a organizarse en plataformas para defender sus derechos, compensar la ineficacia de otros y evitar despilfarros, tropelías y disparates como hemos comprobado este verano con la plataforma Salvemos el Faro de Cabo de Palos y estamos viendo con la plataforma del Soterramiento y ahora con la plataforma contra la línea de Alta Tensión. Los políticos al mando todavía no han captado que la sociedad ha cambiado y que los viejos parámetros de actuación política caducaron porque el acceso a la información se ha universalizado y un nutrido grupo de whastapp es tan potente o más que un departamento de prensa. Los que nos comandan no han entendido aún que están obligados a analizar todas opciones para minimizar perjuicios. Y esa línea de alta tensión desde Zarcilla de Ramos hasta Totana perjudica a muchos cuando podría no perjudicar a nadie siguiendo el pasillo eléctrico de una línea ya existente; solo que nadie ha sido capaz de sentar a una misma mesa a todas las partes implicadas y analizar su viabilidad técnica, ambiental y económica de tal forma que ganen las personas ahora que al presidente López Miras no se le cae de la boca que su gobierno «es el de las personas». Y, por supuesto, que gane la empresa cuyo principal objetivo es empezar a producir energía lo antes posible y más ahora que desde el pasado 26 de julio tiene adjudicada la producción de 440 megavatios por parte del ministerio.

Según datos de la consejería de Industria, la potencia solar instalada actualmente es de 439MW, el 9,4% del total español y en proyecto hay otros 1.140MW. Mula, por ejemplo, albergará la mayor planta de Europa y la séptima del mundo según el ranking de la consultora IHS Markit por parte de la empresa alemana Promosolar Juwi que inició en 2012 los trámites para la autorización. Se trata de una planta de 450 MW de potencia y una extensión de 1.000 campos de fútbol que ya cuenta con autorización de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. La inversión prevista es de 450 millones de euros y permitirá generar más de 750 millones de kilovatios/hora al año, suficiente para abastecer a una ciudad como Murcia. Otra planta solar actualmente sometida a exposición pública la promueve la empresa de origen austriaco Desarrollos Fotovoltaicos Carril 400 SL y se ubicará en Puerto Lumbreras con capacidad de 400 MW y una extensión de 1.000 hectáreas. Reitero que, dado el panorama, resulta inconcebible que sigamos sin un plan de evacuación de energía eléctrica en esta región, una prueba más de la inacción en la que parece sumido el gobierno regional y el partido que lo sustenta. La política debe anticiparse a los problemas y si no lo consigue, al menos intentar solucionarlos. De lo contrario, la política se convierte en una pesada, inútil y costosa carga.

Mientras no demuestren lo contrario, da la impresión de que muchos de los que nos comandan saben de energía y de muchos otros temas tanto como la Bruja Avería que cataba aquello de: Zoom, zoom, culombio, culombio. Zoom, zoom, y me pego un voltio. Zoom, zoom, faradio, faradio...