Vaya mesecito nos espera. Este país es otro desde el día 1. En mi opinión, para bien, porque ha sabido dar respuesta legal a acontecimientos ilegales. El Estado de Derecho ha triunfado. Hay quien sostiene que la culpa es del Gobierno porque no ha sabido dialogar a tiempo. Aún siendo cierto que debería haberse llegado a solucionar el tema con anterioridad, no lo es menos que no se puede permitir una ilegalidad palmaria. Cambiemos la Constitución si se quiere, desde establecer una república en lugar de una monarquía, hasta suprimir o dar más cancha a las autonomías, pero desde luego no es de recibo que unilateralmente una parte del territorio nacional haga de su capa un sayo y decida por su cuenta cosas que afectan a otros. Es un principio tan elemental en Derecho como es que la Constitución es la norma suprema de todo ordenamiento jurídico y contra ella ninguna norma jurídica nacional o regional puede contradecir. Desde no pagar más a Hacienda hasta que el barrio de El Carmen se independice del resto de la ciudad por decisión propia, podía tener cabida si el Estado de Derecho no hubiese actuado en forma. La democracia es precisamente eso, cumplir la ley y no lo que se nos pretendía vender, que es libertad para votar algo que sabían que era ilegal. Lo sabían por derecho natural y también por derecho positivo y por si fuera poco, por sentencias del Tribunal Constitucional.
Los poderes del Estado han funcionado correctamente: el Ejecutivo mandando dentro de sus funciones y obligaciones ineludibles; el poder judicial haciendo cumplir la ley, y el fiscal como garante de la legalidad ha jugado su papel institucional poniéndose al frente de la Policía judicial para que cumpla sus órdenes, antes incluso de que exista un juicio justo a cada uno de los que se han saltado la ley. Y no son nimios los delitos que presuntamente pueden haber cometido todos aquellos que la han desobedecido, al fiscal, al Tribunal Constitucional y al juez de guardia en su caso. Si los de rebelión y sedición pueden ser más discutibles dado la no violencia tumultuaria de un asalto, a pesar que en definitiva actuaron contra la Constitución y contra el orden legal, que son los bienes jurídicos protegidos por esos delitos, lo que es menos discutible son los otros tres presuntas infracciones criminales cometidas. Una, la prevaricación al dictar resoluciones injustas a sabiendas o si quieren ser buenos de pensamiento, por ignorancia inexcusable de la ley. El de desobediencia a la autoridad judicial y administrativa. Y el tercero, el de malversación de fondos públicos si se gastaron el dinero de los catalanes y de los demás españoles también en compras y actos ilegales de forma dolosa.
Tiempo al tiempo La Justicia es lenta, pero llega. Inhabilitaciones a troche y moche con lo que ya no van a poder ejercer su política rupturista, multas, devolución de dinero y hasta penas de cárcel. No les arriendo las ganancias, pudiéndose hacer las cosas bajo la legalidad. El empecinamiento interesado puede conducir a todos esos desastres, sin olvidar la economía y arcas de alguna que otra empresa que por apoyar lo ilegal pueden tener consecuencias en su patrimonio, aunque solo sea por el lucro cesante de dejar de comprar el resto de España sus productos. Incluso algún periodista escritor ya ha pedido que nadie compre sus libros si están editados en Cataluña.
