La ley

Ahora bien, el origen de este conflicto se sitúa en la decisión del Tribunal Constitucional (TC) en 2010 de anular, merced a un recurso del PP, el Estatuto de Autonomía catalán de 2006 que gozaba del respaldo de los Parlamentos catalán y español y del respaldo del electorado. El prestigioso catedrático de Derecho Constitucional y redactor de varios Estatutos de Autonomía Javier Pérez Royo considera que, con esa decisión, el TC rompió el Pacto Constitucional, el cual contemplaba que si bien Cataluña no podía imponer un Estatut al margen del Estado, una vez alcanzado un acuerdo entre ambas entidades, la última palabra la tendrían los catalanes en referéndum. Por consiguiente, un tribunal politizado como es el TC rompió, a instancias del PP, el pacto constitucional en 2010. Ese hecho no sólo fue, pues, un tremendo error político que nos ha llevado a la crisis actual, sino también inconstitucional. Es decir, se produce un quebranto de la ley por parte del Estado hace siete años.

La respuesta del independentismo a esta actitud estatal ha sido la unilateralidad, que ha conducido a la convocatoria del referéndum, decisión obviamente ilegal. Ahora bien, cuando un referéndum no cuenta con el beneplácito del Estado, y por consiguiente no tiene garantías ni consecuencias jurídicas, deviene mera movilización, es decir, la ciudadanía se manifiesta haciendo colas y colocando una papeleta en una urna, en una suerte de performance reivindicativo. Es lo que ocurrió el 9 de Noviembre de 2014. El Estado no impidió dicho acto (aunque ahora, con carácter retroactivo, lo esté reprimiendo al calor de la coyuntura). Lo mismo ocurriría con una declaración unilateral de independencia. Si ésta no es reconocida por el Estado del que se pretende segregar ni por ningún otro país, se queda en un brindis al sol, en una mera declaración.

Lo que sí tiene una relevancia considerable es la respuesta que el Estado ha dado a la unilateralidad independentista. Sencillamente, ha conculcado derechos fundamentales de las personas, es decir, una normativa que no es susceptible de modificación o supresión. Cuando se prohíbe un acto público en el que se va a debatir sobre el derecho a decidir, se está golpeando la libertad de expresión y reunión. Cuando a unos manifestantes que piden la celebración de un referéndum se les quiere acusar de sedición, se ha traspasado la línea que separa un régimen de libertades de un Estado policial, algo que ha sido denunciado por alguien tan poco sospechoso de connivencia con el independentismo como Iceta. Una Fiscalía que cita como investigados a 700 alcaldes que aún no han cometido delito se ha extralimitado, como señalan numerosos juristas.

Volver a la ley, insisten desde el Estado. Completamente de acuerdo. Ése puede ser el punto de partida de un proceso negociador que más temprano que tarde habrá de abrirse. Pero esa vuelta a la legalidad puede perfectamente incluir una modificación de la Constitución que posibilite un referéndum con garantías en Cataluña. Es más: juristas de la talla de Rubio Llorente (fallecido), que fuera vicepresidente del TC y presidente del Consejo de Estado, afirman que, con la Constitución actual, el Gobierno central podría convocar, a petición de la Generalitat, un referéndum en Cataluña.

En definitiva, y al margen de lo que haya pasado el 1 de Octubre, no queda otra que dialogar para, con o sin modificación constitucional, tenga lugar en Cataluña un referéndum de verdad.