Es hora de denunciar el memorándum

1. Aspectos hidrológicos.

Hay que incidir en la falta de agua embalsada y en la irregular distribución de las existencias en los embalses. No tiene sentido que el 63 % de los recursos de la cuenca existentes en la actualidad se encuentren almacenados en el embalse de La Pedrera, el de cota más baja de todos los embalses. A qué responde esto? No es más adecuado tener el agua en la cabecera para que se puedan beneficiar todos los usuarios de la cuenca? Por qué se decide desembalsar caudales elevados desde el Cenajo sin aparente mesura? No cabe duda que la distribución del agua embalsada perjudica a las vegas tradicionales.

2. Aspectos socio-económicos.

La falta de agua disminuye la demanda de mano de obra y genera paro dejando sin empleo a miles de trabajadores agrícolas que en su gran mayoría son inmigrantes. Este desempleo genera un grave problema social y pueden desembocar en alteraciones del orden público.

También afecta a la demanda de bienes y servicios necesarios para desarrollar la actividad agraria con consecuencia directa sobre las economías generadas por el sector agrario.

Finalmente, disminuye la inversión en la Región de Murcia ya que los empresarios están trasladando sus actividades a lugares con más seguridad hídrica. Esto provoca desequilibrio en la medida en que potencia a nuestros competidores en los mercados, especialmente en los europeos.

3. Aspectos administrativos.

En cuanto a la gestión administrativa del agua en estos territorios es destacable la descoordinación entre Administraciones e incluso la contradicción entre muchas de las actuaciones emprendidas por la Administración del Estado.

Es de libro la frecuente ausencia de entendimiento entre la Administración regional y la del Estado en lo que al agua se refiere. El ministerio de Madrid parece enrocado en prejuicios antitrasvasistas y antiregadíos de tal forma que con harta frecuencia son estériles los desvelos de los políticos regionales para arrancar decisiones que palíen la mala situación actual.

Pero el estupor sube a su grado máximo cuando comprobamos que el ministerio con una mano vende el agua de la desaladora de Valdelentisco y con otra sanciona a los regantes que la usan. Todo ello produce perplejidad, pues evidencia descoordinación entre distintos gestores del mismo ministerio y también pone de manifiesto que en materia de agua estamos siendo gobernados con criterio arbitrario. Y esto sin tener en cuenta que en algunos territorios de la cuenca del Segura no se ha autorizado ninguna solicitud de regularización de regadíos, a la que tiene derecho los que estuvieran funcionando antes de agosto de 1998.

No parece que quienes ejercen el poder público hidráulico sirvan con objetividad todos los intereses que están en juego en estos territorios.

Podemos decir que a día de hoy apenas existe diálogo constructivo entre los regantes y la Administración encargada de proporcionales el agua que necesitan. Esto es muy grave.

4. Aspectos jurídicos.

Es constatable el rotundo fracaso de la Ley del Memorandum. Desde que entró en vigor, la inseguridad hídrica se ha establecido en estos territorios y, lo que es más grave, se ha propiciado una confusión entre regadíos del Trasvase y de la Cuenca como si fuera posible colgar de ésta las demandas generadas por unos y otros. A lo tonto tonto, parece que se da por hecho que Sureste español se tiene que conformar en su integridad con la escasa agua generada en su territorio. Sin embargo, esta hipótesis es incompatible con los derechos de los regadíos tradicionales.

Es hora de denunciar el Memorandum a fin de que el Trasvase Tajo-Segura sea de nuevo reconducido a la situación previa a esta Ley. Lo demás son pamplinas.

5. Aspectos políticos.

Desgraciadamente, la gestión del agua en la cuenca del Segura se rige por criterios populistas y demagógicos. Basta asomarse a cualquier procedimiento que implique concesión de nuevos recursos, o adecuación de los existentes a nuevas realidades, para encontrarse con trabas de toda índole que dilatan las respuestas administrativas a justas peticiones de los ciudadanos.

Todo ello ha generado desasosiego entre los usuarios que han perdido su confianza en aquellos que les prometieron agua a cambio de votos. Es triste comprobar que hoy esa promesa es demasiado lejana. Es un hecho incuestionable que la gestión del agua ha entrado en el terreno político y que en muchos casos las decisiones están propiciadas por los que saben que cuanto peor estemos ahora mejor será para ellos situación política en el futuro. Los que gobiernan se olvidan, ingenuamente, de que si los sujetos ahora emboscados en asociaciones y en la función pública llegasen al poder, por el descontento que generan las políticas actuales, ellos entonces harían de su capa un sayo y se pasaría por el arco del triunfo los escrúpulos con los que ahora entorpecen cualquier acción que sirve para el progreso de esta Región y, especialmente, las relativas a la satisfacción de las demandas de agua que genera nuestra sociedad.