Las ITV son un servicio público

En el año 1996 el Gobierno del PP decidió privatizar su funcionamiento utilizando el modelo de concesión administrativa a empresas privadas durante un periodo de 20 años. El PSOE se opuso a aquella decisión. En aquel momento, al igual que ahora, el PP argumentó que se prestarían mejores servicios y más eficaces a los ciudadanos y que, además, serían más baratos. Ya han pasado esos 20 años, lo que nos permite evaluar si lo que prometió el PP se ha cumplido o no. Por entonces pasar la ITV a un turismo diesel costaba 16,55 euros (incluido IVA y tasas de tráfico), hoy cuesta 53,69 euros. Es decir, la tarifa se ha incrementado en un 327,57%, mientras que en ese periodo el IPC, en la Región, solo creció un 56,5%. Además, en 1997, un año después de la privatización, las tarifas se incrementaron, a petición de las empresas concesionarias, un 78,4%. Por tanto, no parece que la justificación que dieron se haya cumplido.

No somos contrarios a la privatización de la gestión de determinados servicios públicos, de hecho lo hacemos en donde gobernamos. Pero sí exigimos la defensa del interés general y que para hacerlo se motive, con informes técnicos, la conveniencia de recurrir a cualquiera de los modelos de privatización. En todo este proceso, que se inició en octubre de 2016, no hemos conocido ni un solo informe del gobierno que justifique la necesidad de privatizar las estaciones de ITV.

En el PSOE seguimos defendiendo lo mismo que hicieron nuestros compañeros/as en el año 1996, la gestión pública de las ITV, al igual que Podemos. El PP apuesta por la privatización a través de la concesión administrativa, incluida la estación de Alcantarilla, y Ciudadanos por la liberalización del sector.

Debe quedar claro que nadie ha cuestionado la necesidad de incrementar el número de estaciones pasando de 8 a 19 y que esto no fue objeto del debate que rechazo la convalidación del decreto ley en la Asamblea Regional el pasado lunes. Por cierto, posiblemente, la primera vez que el Parlamento rechaza un decreto ley.

En el Grupo Parlamentario Socialista somos conscientes de que no disponemos de votos suficientes para sacar adelante nuestro modelo de gestión pública, y que es necesario ceder para disponer de un modelo de gestión de las ITV que cuente con una mayoría suficiente. Llevamos meses hablando con el Gobierno, el PP, Podemos, Ciudadanos y los sindicatos. Desde el primer día pusimos sobre la mesa nuestra disposición para llegar a un acuerdo para aprobar el decreto ley. No vamos a ceder en la liberalización del sector, la privatización de la estación de Alcantarilla y en la precarización laboral de los trabajadores del sector, todo lo demás era y es negociable. Sin embargo, el Gobierno prefirió a Ciudadanos como socio para aprobar el día 2 de agosto este decreto ley. Lo que pasó o dejo de pasar entre ese día y el 4 de septiembre para que Ciudadanos votara no a la convalidación del decreto ley en la Asamblea Regional es un problema exclusivo del PP y de Ciudadanos.

No seré quien le diga al PP con quien tiene que negociar en cada caso para conseguir la mayoría que necesita en el Parlamento Regional, pero tampoco admito que ahora se nos responsabilice de este despropósito. Nuestro compromiso es claro, firme y serio, como siempre ha sido.

El acuerdo que ahora se propone alcanzar con nosotros el Gobierno regional y el PP será en las mismas condiciones que le planteamos al Consejero a finales de julio. Unas condiciones que cuentan con el respaldo de todos los sindicatos de las ITV públicas y privadas. Desconozco si el Gobierno está a tiempo de rectificar. Si es posible hacerlo y aceptan nuestras condiciones, un nuevo decreto ley para regular el régimen jurídico de las ITV se podrá convalidar en la Asamblea Regional con carácter inmediato.