Nos hemos pasado el verano siguiendo el proceso judicial contra una madre obligada a entregar a sus hijos al padre por imposición legal. Vemos que la Justicia antepone la aplicación de las leyes a cualquier consideración moral sobre las razones esgrimidas por Juana Rivas para escapar con sus hijos de un exmarido que fue condenado por maltrato. A lo más que ha llegado ha sido a no encarcelar a la acusada. Mientras tanto, los nacionalistas cocinan leyes contrarreloj amparándose en la falta de respuesta política del Estado a sus aspiraciones. Y escucho a algunos partidos y a tertulianos de cabecera de radios y televisiones lamentarse de que un conflicto político se dirima en los tribunales. Siempre he creído que antes o después tendrá que celebrarse un referéndum para acabar con la censura y el pensamiento único que el independentismo ha impuesto en Cataluña. La excusa de que la Constitución no lo permite funcionará mientras interese. Pero tengo claro que el Gobierno de Puigdemont y la Mesa del Parlamento deberán responder por las argucias empleadas para retorcer las leyes esgrimiendo su legitimidad. Actúan como los separados que al marcharse de casa arramblan con todo lo que pueden y se desentienden de las letras del piso y el coche. Si una madre no puede quedarse a sus hijos sin permiso de un juez, ¿puede arramblar una comunidad autónoma con todo lo que pille?
