Tribuna libre

Un decretazo para las ITV

"Además de las consecuencias negativas para todos los consumidores y de la renuncia a la rentabilidad de este servicio para las maltrechas arcas públicas, se está destruyendo el empleo público, lo cual repercutirá de forma negativa en la calidad del servicio"

30.08.2017 | 04:00
Un decretazo para las ITV

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto-Ley de Prestación del Servicio Público de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la Región en el cual dicho servicio se gestionará por empresas privadas con su propio personal en régimen de concesión administrativa.

El decreto ley es una disposición que se dicta en caso de extraordinaria y urgente necesidad. Pero, en este caso, no es ninguna necesidad ni extraordinaria ni urgente para utilizar el ´decretazo´ y, además, durante el mes de agosto, para pasar desapercibidas las decisiones políticas para la mayoría de los ciudadanos que disfrutan de las merecidas vacaciones. Un hecho más en la ingente cantidad de tropelías normativas que nos tiene acostumbrados el Gobierno regional, que acostumbra a practicar una política con mucha opacidad.

Desde febrero de este año, que se publicó la nueva licitación de las ITV en régimen de concesión, en el que se incluyó la de Alcantarilla, las organizaciones sindicales, partidos políticos y los propios trabajadores han rechazado de forma unánime el modelo de gestión único que querían imponer nuestros responsables políticos.

El consejero de Empleo, Universidades y Empresa ha usado tácticas dilatorias para evitar la negociación, mientras que los representantes de los trabajadores han promovido movilizaciones para frenar los intentos de mercantilización de la gestión de las ITV con concesiones a empresas privadas; pero han hecho caso omiso al clamor popular, finalizando con la lamentable imposición de este modelo de gestión a través del decreto ley, decisión propia de un régimen autoritario y antidemocrático.

Además de las consecuencias negativas para todos los consumidores y de la renuncia a la rentabilidad de este servicio para las maltrechas arcas públicas regionales, se está destruyendo el empleo público, lo cual repercutirá de forma negativa en la calidad del servicio y en la seguridad vial de los murcianos. Con esta decisión, que es un eslabón más de una cadena de privatizaciones que el Partido Popular ha ido llevando a cabo a lo largo de varias legislaturas, nos lleva a pensar que detrás hay unos intereses económicos favorables y con sustanciosos beneficios para los amigos del partido. Los responsables de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas ya fueron preparando el escenario para justificar esta decisión a través de no dotar presupuestariamente el programa económico correspondiente en la ITV de Alcantarilla (que cuenta con seis líneas de trabajo y solo funcionan tres).

En vez de haber invertido en modernización de las instalaciones, se optó por el abandono de las mismas. Además, la falta de personal que no se ha querido paliar, dotando ese centro de trabajo con las plazas necesarias para prestar el servicio de forma eficaz. Al contrario, las vacantes que se han ido produciendo por jubilaciones o concursos de traslados no se han cubierto. Todo esto, nos iba indicando, fue la decisión del Gobierno regional era la privatización de esta estación.

Y, cuando la gestión es privada, está comprobado que el objetivo de la misma es únicamente económico, con lo que la tasa de rechazo es 20 puntos más baja que en las públicas, ya que en la primera inspección es cuando se cobra la tasa total y así fidelizan a los clientes. Y se observa que, con las grandes flotas, suelen ser bastantes permisivos para asegurar la clientela. Por lo que nos enfrentamos a un negocio económico en vez de velar por la seguridad vial, que es lo que se debe pretender en un estado de bienestar.

En la gestión privada los usuarios son clientes, en la gestión pública son ciudadanos. Aunque los responsables políticos incidan en que el aumento de las estaciones ITV repercutirá en un abaratamiento de los precios, es una apreciación muy engañosa, ya que, cuando el servicio público es prestado en régimen de concesión, las empresas terminan por imponer sus precios y estos repercuten en el bolsillo de los usuarios; y ejemplos de ello tenemos suficientes, como ocurrió con el chantaje al que fue sometida la Generalitat Valenciana por parte de los hospitales de gestión privada de dicha comunidad autónoma.

Esto nos conduce a una inevitable reflexión sobre el escenario político en que está inmersa la Región. Como en un teatrillo infantil, nos encontramos a unos títeres que se encuentran al frente del Gobierno regional, pero que son manejados por las oscuras manos de los intereses privados situados entre bambalinas.

Y yo lanzo una pregunta a la ciudadanía, y es hasta cuándo vamos a permitir estas burdas obras teatrales si tenemos en nuestras manos bajarles el telón en las urnas.
No podemos permitir la destrucción de los servicios públicos regionales para que pasen a manos privadas, mientras las arcas regionales se ven mermadas de ingresos para que reporten sustanciosos beneficios a las empresas de los amigos del partido.

Por ello, desde estas líneas, apuesto de forma contundente por la gestión pública de las estaciones de ITV de la Región, ya que aumentaría la calidad del servicio, se podrían reducir los precios públicos con el consiguiente beneficio para la ciudadanía y se sanearían las arcas públicas regionales.

Y destacar la encomiable labor del secretario general de Comisiones Obreras, Santiago Navarro, que promovió el acuerdo firmado de Mantenimiento del Empleo de Calidad en las Estaciones de ITV garantizando que las nuevas concesionarias se subroguen con todos los trabajadores actuales, garantizando con ello los derechos laborales y económicos de 200 empleados.

Y que sigue defendiendo que el plazo de vigencia de los nuevos contratos sean de 15 años en lugar de los 10 por los que apuesta el Gobierno regional.

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