No. Moralmente, no lo tiene en absoluto. Sí que puede y debe de opinar en los foros adecuados, en los momentos precisos, y con el conocimiento suficiente; pero hacerlo en un momento tan grave como el que estamos viviendo, en el que nos estamos jugando el futuro de esta Región, creo que es de una perversidad que está fuera de lugar. Mejor es estar callados y dejar que la negociación de los representantes políticos lleve a buen puerto el resultado final de la misma. Nuestros políticos sí que están bien informados de la situación de los recursos de agua.

El conocimiento de los acuíferos españoles se inició solo hace algo más de 40 años. Se hizo un esfuerzo enorme. Se consiguió distinguir y catalogar todos los acuíferos importantes, así como su relación con las aguas superficiales, tanto ríos como mares. Se valoraron los recursos renovables anuales y se hizo una estimación cuantitativa de las reservas acumuladas en los años pretéritos. En definitiva, se obtuvo una magnífica base de datos de aguas subterráneas para poder planificar una política hidráulica en España.

En el resto de años posteriores hasta hoy se han perfeccionado los datos. Hay un mayor conocimiento, pero no se ha hecho nunca una gestión de las aguas superficiales y subterráneas conjunta, que hubiese traído consigo una explotación racional de los recursos, con la consiguiente decisión, a escala nacional, de no permitir la sobreexplotación de las aguas subterráneas y la realización de trasvases entre unas cuencas y otras. Todo esto, a pesar de crear una nueva Ley de Aguas en 1985, que permitía gestionar mejor.

Con todos los datos existentes, a pesar de que algún profesional ligado a Greenpeace no esté de acuerdo, todos los profesionales que hemos vivido y trabajado en esta zona, negamos la existencia de un flujo de agua renovador y renovable que venga de las tierras manchegas. El agua, como la energía, ni se crea ni se destruye. Tenemos la que tenemos y no existen milagros. ¡Ojalá tuvieran razón Greenpeace, Turrión y Pedro Arrojo! Desgraciadamente no la tienen.

Pero, su aparición pública en estos momentos no es la más afortunada. Si lo mantienen, deben de presentar estudios científicos y pruebas que lo demuestren. Algunos de los autores de los estudios citados viven en Murcia. Tienen toda la autoridad para rectificar o denegar las afirmaciones de Greenpeace. A veces la soberbia de querer verse representando a los ciudadanos, sin haber sido elegidos por los mismos, añadido a la ingenuidad de no tener todos los datos, de no conocer a fondo los temas de los que hablan, nos lleva a ver a Greenpeace diciendo lo que ha dicho.

Daño sí que han hecho. ¿Quién lo paga?