Y esto, ¿cuánto me va a costar?

El pasado mes de julio un comité de expertos presentó a los ministros Montoro y Sáenz de Santamaría sus conclusiones sobre el estudio de un nuevo sistema de financiación autonómica. Sin duda alguna, el trabajo realizado por los expertos, de entre los que conozco personalmente a algunos de aquí de Murcia, ha sido encomiable, digno de destacar y no puedo sino expresar mi reconocimiento. Han estado a la altura.

Del trabajo presentado, que no tiene ni un párrafo de desperdicio, destacar: que las Comunidades Autónomas están mal financiadas y Murcia de las que peor lo está, existiendo hasta un 30% de diferencia entre comunidades; que es necesario poner en marcha un sistema más simple, claro y justo, cosa que es posible y que, teniendo en cuenta que nadie quiere renunciar a su trozo del pastel, nos vamos a tener que apretar el cinturón durante unos cuantos años más, porque no están a favor de que se condone ni un euro de la deuda que tenemos en la Región de Murcia.

Ahora bien, siendo el trabajo realizado por el comité de expertos de suma utilidad e interés por el diagnóstico, conclusiones y propuestas presentadas, me gustaría poner el foco de atención en un aspecto, exógeno al comité, pero que ha condicionado en demasía el trabajo del mismo: el mandato realizado por el Consejo de Ministros a partir de la resolución del Consejo de Política Fiscal y Financiera solicitando a los expertos que propusieran un sistema de financiación que no sufriera tensiones ante situaciones de crisis económica, es decir, que se busquen la vida pero que procuren que el Estado ingrese de manera más o menos estable independientemente de cómo vaya la economía y, por otro lado, que han de procurar un nuevo sistema de financiación sin que el Estado renuncie a su parte del pastel y si las comunidades autónomas necesitan más dinero, habrá que buscarlo ¿Y dónde lo van a buscar? Pues en tu bolsillo y en el mío.

Debido a que el trabajo encomendado a los expertos estaba condicionado de partida y también a que, tal y como dijo el ministro Méndez de Vigo, «el momento de los partidos políticos llegará en el futuro», entenderán que, ahora que ha llegado ese futuro, sea cuando más vigor adquieren mis temores en relación con lo que puede pasar:

Se ha demostrado que la financiación que reciben las comunidades autónomas, y la Región de Murcia es un claro ejemplo, es insuficiente para garantizar los servicios públicos fundamentales y, si bien es cierto que el comité ha llegado a un consenso sobre lo que son esos servicios públicos fundamentales, el hecho de establecer como prácticamente única posibilidad para disponer de más fondos, la subida de aquellos impuestos que dependen, siquiera parcialmente, de las comunidades autónomas, en vez de renunciar el Estado a una mayor parte de su recaudación, flaco favor nos hace a los contribuyentes, y el IVA es un claro ejemplo de lo que digo.

En relación con el IVA, hasta ahora, todo lo que se recauda por IVA se reparte al 50% entre el Estado y cada Comunidad Autónoma. Pese a la negativa por parte de la UE a que exista IVA diferenciado por territorios, la única alternativa que han dejado al comité de expertos ha sido la de tener que proponer que las Comunidades puedan subir el IVA en la parte que le corresponde. Si añadimos a esto que dentro de poco tiempo las empresas tendrán la obligación de diferenciar en sus facturas la parte de IVA que corresponde al Estado y la parte que corresponde a la recaudación de la Comunidad Autónoma, imagínense quién va a pagar la subida del IVA y los sobrecostes de las empresas por tener que modificar sus programas informáticos para que aparezca desglosado el IVA. Pues tu bolsillo y el mío. Y ¿por qué quieren que aparezca desglosado? pues para no asumir la responsabilidad de la subida y poder echarle la culpa a otro. Así de simple.

Por cuanto al Impuesto de Sucesiones, que a mi juicio tal y como está configurado se torna injusto y excesivo, como representa una importante fuente de ingresos, antes de quitarlo, la propuesta pasa por establecer un mínimo común para que ninguna comunidad autónoma pueda eliminarlo. Más o menos lo mismo con actos jurídicos documentados y que decir del impuesto extraordinario del patrimonio, que como hay debate acerca de si efectivamente supone un mecanismo redistributivo, o no, pues mejor dejarlo y ya de paso, se ingresa un dinerito.

En definitiva, el trabajo que han realizado los expertos es digno de mención. Teniendo en cuenta que la encomienda realizada estaba sumamente encorsetada, demasiado buen trabajo han hecho, si bien, ahora que llega el momento de que hablen los políticos, mucho me temo que, escudados y excusados en el trabajo de los expertos, lejos de establecer un sistema de financiación pensando en las personas, que permita que podamos disponer de más dinero para ahorrar, para invertir y también para consumir, en definitiva, un sistema de financiación que permita que nos bajen a todos los impuestos, lo que van a hacer va a ser justo lo contrario, no sólo no bajarnos los impuestos, sino impedir que otros nos los puedan bajar.

Quiero recordar una vez más que tanto la Economía como el Estado están para servir a las personas. Las personas no han nacido para servirlos a ellos sino todo lo contrario. Por esta razón, ante cualquier decisión gubernamental del calado e importancia como es la de establecer un, tan necesario, nuevo sistema de financiación autonómica, hay que pensar en las personas y en su bienestar y esto exige que tales decisiones incorporen un componente ético hoy por hoy olvidado. Ese componente ético pasa por el otorgamiento de más libertad al ciudadano, en vez de buscar el sostenimiento de un Estado que provea de todo a todos ´a lo comunista´ diciéndonos qué hacer, dónde hacerlo, y hasta de qué manera tenemos que educar a nuestros hijos. Y es que, como dijo Ronald Reagan sobre lo que piensan los gobiernos: «Si se mueve, póngale un impuesto». Así nos va.