La preocupación y las conversaciones tensas arrecian. Se acerca la fecha del referéndum, que solo la vicepresidenta Sáenz de Santamaria asegura que no se celebrará, mientras crecen los disparates y las dimisiones. Estamos ante un choque de trenes, según algunos, y el «tranquilos, que no pasará nada», proclamado por otros. Del aparato de poder de la Generalitat se han descolgado, o los han defenestrado, personas clave para controlar una crisis: el consejero de Interior, el jefe de la Policía autonómica y el de Emergencias; también la secretaria general de Enseñanza, responsable de los colegios que deberían convertirse en sedes electorales, mientras el letrado mayor del Parlament ha advertido por escrito que lo que se pretende hacer es una ilegalidad. Los han sustituido radicales que, en algún caso, han expresado en redes sociales su intolerancia. Para los independentistas, los que se van son casi traidores. Para otros, son los más razonables del escenario. « Puigdemont y Jonqueres llevan el barco contra las rocas y los más sensatos del pasaje advierten del peligro. La tensión ya no es, a estas alturas, entre independentistas y no independentistas, sino entre responsables e irresponsables», declara Fernando de Páramo, portavoz de Ciudadanos en el Parlament.

En Cataluña crece la tensión. Los sindicatos de la policía autonómica lanzan comunicados pidiendo que no se les utilice en la confrontación. El periodista Javier Sardá anuncia que no piensa votar en ese referéndum y recrimina a los que en privado le dicen que «todo esto es una barbaridad» porque no se atreven a decirlo en público. La cineasta Isabel Coixet es fustigada por su artículo en el que proclama que se siente catalana y española. En Lleida hay un grupo de independentistas que cuelgan carteles con las fotografías de personalidades que no se posicionan en favor de la independencia con una diana pintada, al más puro estilo nazi. «Son síntomas de fascismo de baja intensidad», escribió en su día el catedrático Anton Costas. Cuando Artur Mas y otros niegan la fractura social creada en Cataluña, se les podría presentar una larga lista de grupos de amigos rotos, de asociaciones divididas, de universidades partidas y de silencios laborales forzados frente a la bravuconearía, para no complicar más las cosas.

Según el CIS catalán el número de partidarios de la independencia retrocede, pero como dice la presidenta del Parlament, «cada vez que eso sucede, Madrid ayuda». Y como los resultados no son buenos de momento para Puigdemont-Jonqueres, el Consejo de Ministros ha corrido a anunciar que ahora se controlaran los gastos de la Generalitat semanalmente para que no se lo gasten en referéndums. La Generalitat respira. El PSOE y el PSC se han desmarcado, incómodos ante la decisión. ¿Y no va a pasar nada? Es deseable que así sea, pero hay quien, desde los dos polos del arco voltaico, trabaja para que salte la chispa. Las entidades que promueven una tercera vía negociadora, con políticos de prestigio asociados, no alcanzan de momento el eco deseado. Todo el mundo bienintencionado que no está en la confrontación promueve encuentros, cenas y diálogos para rebajar tensión. Hasta el Teatre del Liceu lleva excepcionalmente este verano por España la retransmisión de Il trovatore para tender puentes «porque es hora de calmar los ánimos», indica su director, Roger Guasch.

Solo el sentido común de la ciudadanía aporta la esperanza de que no suceda nada en contraposición a los que desean que sí pase algo (un incidente grave, por ejemplo) que reclame la atención internacional. Duran Lleida afirma que, a pesar de tanto viaje a Harvard donde Puidemont llegó a comparar España con Turquía, «el conflicto no se ha internacionalizado, solo se ha externalizado».

Los motores rugen en busca de una salida pero el barco por el momento va contra las rocas. Con sorpresa final: elecciones el 1 de Octubre con urna añadida para el referéndum. El 8 de agosto, último día para convocarlas. Apunten la fecha.