Hoy se debatirán en el pleno del ayuntamiento de Murcia los presupuestos municipales para 2017; bueno, para los últimos tres meses del año. Hasta hace una semana, el Partido Popular no había aprobado, en Junta de Gobierno, un proyecto de presupuesto. Su incapacidad para presentar un documento de debate se ha debido principalmente a que no estaba dispuesto a permitir que los grupos políticos presentáramos enmiendas y pudiéramos así cambiar el modelo que subyace a la propuesta.
Lejos de fomentar un debate público y transparente, el concejal de Hacienda nos avisó de que no habría debate de presupuestos mientras no contara con un acuerdo cerrado que le garantizara que ninguna enmienda saldría adelante. Durante meses, todos los grupos municipales nos negamos a apoyar estos presupuestos; algunos pedimos espacios abiertos para debatir sobre el mismo mientras otros negociaron en 'mesas de camilla'. Fruto de una negociación de espaldas a la sociedad y tras la reunión en un hotel de Murcia entre Ballesta y Tovar, el Grupo Municipal Socialista apoyó el presupuesto del PP tras la firma de un 'pacto'.
Parece que el PP ya no recuerda cómo la crisis económica hizo estallar el modelo del ladrillo, y no ha aprendido la lección para no volverlo a repetir. Este mes el ministerio de Hacienda obligaba a imputar la deuda de las obras del tranvía al Ayuntamiento, lo que supone multiplicarla y dejar de estar dentro de los ratios normales. A partir de este momento, Hacienda será quien decida en última instancia las políticas municipales. El ayuntamiento de Murcia está endeudado, pero no por haber ejecutado grandes inversiones necesarias para el municipio o ayudar a las familias afectadas por la crisis. Las tasas de ejecución de inversiones en 2014, 2015 y 2016 no sobrepasaron el 25%, es decir, cada uno de esos años se dejaron sin realizar el 75% de las obras o proyectos prometidos en el municipio.
Con estos antecedentes, aprobando el presupuesto en pleno mes de julio y tras su exposición pública, éste no estará activo hasta septiembre. ¿Quién se cree que las inversiones prometidas para 2017 van a ser realizadas realmente? Si en 2016 las juntas vivieron una auténtica odisea para poder ejecutar las inversiones, con unos proyectos que nunca llegaron y teniendo que desechar ideas interesantes por otras más sencillas de ejecutar, tenemos dudas razonables de que alguno de los quince millones pactados para la inversión se ejecute finalmente.
Además, este proyecto de presupuestos vinculado al acuerdo PP-PSOE reduce el presupuesto que gestionarán directamente las juntas municipales. Será una comisión formada por los grupos municipales la que decidirá sobre las inversiones en pedanías con plan de inversión extraordinaria, lo que significará menos poder para las juntas y más para las formaciones políticas. Así, las juntas no podrán conseguir ninguna inversión que no pase por el filtro de los grupos mayoritarios, fomentando una relación clientelar con epicentro en la Glorieta.
Pero, además, tenemos serias dudas de que lo que necesitan las pedanías sea otro Plan E, es decir, una ejecución puntual en 'ladrillo' sin presupuesto para mantenerlo los años siguientes. Quieren solucionar una situación de déficit estructural de presupuestos con una partida extraordinaria y extrapresupuestaria.
Durante estos dos años, una de las batallas más importantes desde la oposición, y en especial por parte de los vocales de Cambiemos Murcia, ha sido intentar llevar transparencia a las juntas municipales. De hecho, hemos denunciado que bajo la fórmula de ejecutar contratos por menos de 3.000 euros, los pedáneos elegían a dedo las empresas y se contrataba sin ninguna transparencia, y sin tener que pedir tres presupuestos. Hubo mociones aprobadas en el pleno para obligar a que se pidieran tres presupuestos para esas obras, y que solo con motivos de urgencia justificados se pudieran contratar directamente.
Por eso nos sorprende muchísimo que el PSOE-PP, lejos de condicionar esos mecanismos, aumente esa cantidad a 5.000 euros y se rebaje la necesidad de proyecto para estas obras, restando transparencia y sin la obligación de tener que pedir tres presupuestos. Este tipo de funcionamiento ha provocado, por ejemplo, que en la Junta de Beniaján el 95% de los contratos se firmen con la misma empresa.
Este acuerdo de presupuestos es claramente presidencialista dando más competencia a los pedáneos en detrimento del Pleno de la Junta donde participan los vecinos directamente, lo que resta transparencia y participación.
Esta no es la única sorpresa desagradable del pacto PP-PSOE. Se suma que, en lugar de aumentar los recursos destinados a la realización de proyectos para las pedanías, este pacto plantea subcontratarlos con Urbamusa, una suerte de externalización que costará al Ayuntamiento miles de euros para mantener artificialmente una empresa pública que sigue sin buscar vías alternativas de trabajo.
Teníamos una oportunidad de plantear unos presupuestos alternativos, que recuperaran la gestión pública de muchos servicios, que potenciaran los servicios sociales y las necesidades de la población. Que convirtieran las pedanías en auténticos espacios de participación y ejecución de políticas cercanas a la ciudadanía.
Pero, de nuevo, ante la tesitura de elegir entre izquierda y derecha, entre un bloque de cambio o ser la muleta del PP, el Grupo Municipal Socialista elige apuntalar al PP.
