Escuchaba, entusiasmado, estos días pasados los discursos de Irene Montero y Pablo Iglesias en el Congreso de los Diputados, iniciando el debate de la moción de censura; aunque me decepcionaba la intervención de Mariano Rajoy, que tampoco se decidía a cortarse las venas en un arrebato de dignidad cuando se le refregaron en todos sus morros los 65 casos de corrupción, 65, de su partido. Me sentía muy a gusto por haberme olvidado de aquella fase de chulería e infantilismo en la que los líderes de Podemos daban por descontado que el asalto al poder estaba hecho.

Y en esas me llega la moción de la Asamblea Regional de Murcia, según un texto transaccional propuesto por Podemos, que insta al Gobierno regional a que se tramite la aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Regional Cabo Cope-Calnegre, teniendo en cuenta a todos los afectados y a «la realidad actual de la zona en cuanto a su delimitación». Caían así en la trampa tendida por el PP (a parlamentarios incautos) en torno a este espacio protegido, a tenor de la presentación días antes por este partido de una moción del PP aguileño, asumida por el PSOE en el poder y Podemos, que persigue la revisión de esos límites, ya, es decir, incluso antes de que se apruebe ese PORN. La trampa en la que han caído viene condensada en ese «que se tenga en cuenta la realidad actual de la zona en cuanto a su delimitación». Y digo trampa y les llamo ingenuos por no ser más duro con ellos ya que hacer seguidismo del PP en la revisión de los límites del Parque en cuestión los hará, resumiendo, corresponsables de un nuevo enfrentamiento judicial si es que el Gobierno regional les hace caso y decide modificar los límites (a la baja, claro) con motivo de la tramitación del PORN y como consecuencia de que «sean tenidos en cuenta todos los afectados (propietarios, agricultores, empresarios, municipios y organizaciones sociales)», lo que nada bueno barrunta.

Dejarse llevar por esa revisión de los límites enfrenta a Podemos (y a los otros partidos firmantes, PSOE y Ciudadanos, que no aman a ese espacio singular) con los defensores del Parque, no solamente porque estos vienen (venimos) defendiendo la delimitación original, que es la coherente y la que confirmó el Tribunal Constitucional tras la artera maniobra del equipo Valcárcel a través de la Ley 1/2001 y su nefanda Disposición Adicional Octava, sino porque reparar ahora en «la realidad actual de la zona» supone ni más ni menos que santificar el proceso de minuciosa, a la vez que extensiva, destrucción del espacio formalmente protegido (aun sin PORN) a manos de la agricultura 'actual'; una destrucción que prosigue día a día en su avance invasor hacia la línea de playa arrasando cuanto encuentra a su paso y, por supuesto, destruyendo valores naturalísticos y ambientales previamente existentes; esto no lo puede consentir ningún grupo conservacionista o ecologista y Podemos debiera saberlo. El PP quiere ahora lograr, al revisar la Ley de 1992, lo que no ha podido conseguir con la Ley 2001, que es destruir el Parque, para lo que presionar para obtener límites mínimos se considera buen camino; la maniobra es burda, nada ladina, y fracasará una vez más, pero mientras tanto los grupos de oposición han sido pillados y coaccionados, sin haber mostrado capacidad de resolución ni inteligencia.

La fase en la que estamos, o está la cuestión del Parque Regional de Cabo Cope-Calnegre, no es la del revisionismo de límites sino muy otra, y es a lo que debieran aplicarse los de Podemos, en lugar de hacer seguidismo al PP y creerse, qué pardillos, que le han marcado un gol dejándolo en minoría... En primer lugar, y sin esperar a más, la lucha política y parlamentaria debe priorizar la exigencia a las consejerías de Agricultura y a la otra, ese engendro tricéfalo de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, información verídica sobre los daños, ecológicos y económicos, que la agricultura intensiva murciana viene produciendo en el medio ambiente de la región, especialmente en el Campo de Cartagena y, por supuesto, en la Marina de Cope.

En segundo lugar, y con la información ya existente, se trata de armar una ofensiva penal, Fiscalía mediante, ya que estamos en presencia de delitos flagrantes y continuados contra el territorio y el medio ambiente (aire, acuíferos, suelos, morfología, paisaje, playas y mar litoral) explícitos, vigentes y acumulados; si no lo hace Podemos lo harán los ecologistas, sustituyéndolos en su obligación. En tercer lugar, y si es que se pone en marcha la tramitación del PORN, Podemos y los grupos que se tomen esto en serio deberán trabajar para darle contenido, estableciendo las actividades compatibles con la conservación y, en especial la agricultura a permitir y consolidar, que ha de ser bien distinta a la actual, que es agresiva e insostenible, y lo más parecido a la de siempre (que ahora muchos llaman ecológica?).

Si ni con la crisis desencadenada por la agricultura intensiva del entorno del Mar Menor se considera que ha llegado el momento de exigir y no de transigir, aviados estamos. Las formaciones políticas, Podemos en especial, deberán eludir convertirse en víctimas voluntarias del potente aparato intimidatorio que el gremio intensivo-agricultor viene desplegando en la región mientras basa su éxito crematístico, en buena parte, en ser antiecológico; exigiendo derechos desproporcionados o inexistentes sin cesar en sus amenazas a todo quisqui: a la ministra y al Gobierno regional, a las comarcas del Alto Tajo y a los alcaldes/alcaldesas del litoral y, yo diría, que hasta a Dios omnipotente, que no les regala las nubes que necesitan con la lluvia que les conviene ni en el momento deseado. Qué fuerte.

Y finalmente (por ahora), que no se hagan ilusiones los de Podemos u otras izquierdas esperando réditos políticos de sus cesiones y cobardías ante esos intereses agrícolas que pretenden ser los generales sin más corrección ni reconocimiento de culpa: que ese es un granero fuertemente apropiado por el PP y del que ninguna izquierda obtendrá nada positivo en lo electoral.